El fantasma de las “deudas pendientes” tras el recorte legislativo de La Moneda
El ajuste en la agenda legislativa fue algo conversado por la NM con la Segpres. No obstante, no existe claridad sobre qué proyectos, que no estén ligados a reformas estructurales, se verían afectados con este giro en Palacio. La discusión aún continúa y
LA exposición del ministro Segpres, Nicolás Eyzaguirre, la semana pasada ante los empresarios en el foro de Icare, no hizo más que confirmar algo que la propia Presidenta Michelle Bachelet había deslizado un par de semanas atrás: “La obra gruesa está lista”, aludiendo a las iniciativas legislativas.
De ahí que durante los últimos días quedara clara la decisión del Ejecutivo de marcar un quiebre, pero no los reales alcances de la determinación de La Moneda. De hecho, esas dudas no se despejaron en las más de siete horas que duró la jornada de trabajon entre el Gobierno y la Nueva Mayoría el lunes pasado, que fue encabezada por la propia Presidenta Bachelet.
El oficialismo sí tuvo acuerdo en un punto: acotar los más de 200 proyectos en carpeta —entre los que se encuentran en el Congreso y por ingresar— a sólo 80 ó 90 para lo que resta de la actual administración.
A esto se suma que paralelamente los partidos y sus parlamentarios apostarán, de cara a las municipales, a dar visibilidad a las principales medidas aprobadas en los primeros dos años de administración.
De hecho, fue la propia mandataria quien señaló que las reformas fundamentales y lo más sustantivo del Gobierno ya estaba en marcha, recalcando la necesidad de destacar lo ya logrado.
En este contexto, se espera que hoy el tema del recorte de las prioridades legislativas abarque gran parte de la tradicional reunión del comité político en La Moneda, teniendo como antecedente la reunión del titular de la Segpres con los presidentes de la Cámara Baja y el Senado, Osvaldo Andrade (PS) y Ricardo Lagos Weber (PPD), el viernes pasado.
En la oportunidad, Eyzaguirre insistió públicamente en que las prioridades inmediatas del Gobierno son despachar la Reforma Laboral —que está en Comisión Mixta—, las regulaciones en materia de colusión que están en el Senado y la agenda corta antidelincuencia, que tras verse esta semana en la Cámara Alta pasará a la Cámara Baja. pecto a la iniciativa: acreditación, Superintendencia y regulación de la institucionalidad.
Respecto a esta última, Sánchez expuso varios reparos, anticipando una áspera discusión. “Esa minuta es estatista, lo que busca es potenciar un sistema de educación superior regulado por el Estado, que se desarrolle a expensas del resto”, sentenció, afirmando que a su jui- cio existe “sobrerregulación” respecto a las universidades estatales.
También existe incertidumbre respecto al futuro de proyectos que no sean inmediatamente anexados a reformas institucionales, como, por ejemplo, el proyecto de incentivo al retiro de los profesores, que regularía la salida de 20 mil funcionarios durante los próximos ocho años. En enero La Moneda se comprometió a ingresarlo antes del próximo 21 de mayo.
Según la organización interna que lleva adelante la Segpres, iniciativas como la antes descrita deberían seguir su rumbo, al ser proyectos ligados a reformas estructurales como la educacional. Y es ese el tipo de clarificaciones que buscan en la Nueva Mayoría, ya que la respuesta del ministro Eyzaguirre a este recorte ha sido “vamos a ir viendo cuánto es lo que somos capaces”.
Sumado a esto, desde la DC diputados como Víctor Torres piden clari- Presidenta de la República, 12 de marzo
La reforma a la Educación Superior está en espera desde fines de 2014. En diciembre fue nuevamente postergada para apostar al trabajo prelegislativo.
La reforma a las isapres era un compromiso del Gobierno para marzo, pero aún no ha sido ingresada. Desde la DC piden clarificar si será finalmente enviada, ya que fue una promesa del discurso del 21 de mayo pasado.
Existen proyectos, como el de retiro docente, que deberían ser tramitados por estar ligados a los cambios del Gobierno en materia educacional. No obstante, casos como éste abren la puerta a pedir clarificar qué otras iniciativas caen en esta categoría.
En el oficialismo dan por descontado que la reforma previsional quedará para un próximo Gobierno.
Paralelo a la tramitación de proyectos, la NM debe exaltar los logros de los años de Gobierno.
ficar qué pasará, por ejemplo, con el proyecto de ley que reforma el sistema privado de salud (isapres). Más aún cuando hace sólo algunos días se dieran a conocer nuevas alzas en los planes de algunas de estas instituciones. El envío de la iniciativa fue compromiso del pasado 21 de mayo en el discurso presidencial, pero en diciembre el Gobierno anunció una nueva postergación para marzo de este año. Y marzo ya terminó.
Lo mismo ocurre con la reforma previsional, la que ya en todo caso se asume como aplazada por buena parte del oficialismo para un eventual nuevo Gobierno de la Nueva Mayoría, pese a que en algunos sectores la siguen considerando de gran relevancia y les preocupa que después se cierna como un fantasma no haber avanzado en ella. Por lo mismo, desde el PC en su Consejo Nacional reposicionaron la discusión, y presionan nuevamente a La Moneda (ver pág. 35).
No más de 90 proyectos se contemplarían en la agenda legislativa de Palacio para lo que resta de Gobierno.