Código de Aguas: pérdida de foco,

UNA DE LAS reformas clave de la actual administración, pese a su baja cobertura mediática, es la modificación del Código de Aguas. Su tramitación legislativa ha sido lenta, pero muestra un continuo avance, lo que resulta preocupante. La iniciativa se funda en un debilitamiento del derecho de propiedad, por cuanto altera la concepción que hoy se tiene de los derechos de aprovechamiento de aguas, que pasarían a ser una mera concesión. Pero, sus alcances exceden con creces este primer objetivo. Una de las indicaciones aprobada por la comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, es la facultad que se le entregaría a la DGA de “revisar” los derechos de aprovechamiento, de manera tal que, si existiere riesgo de afectación del acuífero o fuente superficial de donde se extrae, estos derechos se verían limitados en su uso o suspendidos temporalmente. De una primera lectura, lo más relevante pareciera ser la discrecionalidad con que la DGA podrá ejecutar esta atribución. Pero, anterior a eso (e igualmente grave), es el universo de dere- chos a los que se les aplicará esta revisión. Al hablar de concesiones se interpretaría que solo se refiere a los derechos que se otorgarán una vez publicada esta reforma; pero no, pues la discusión en la comisión no ha ratificado dicha vigencia en el régimen transitorio de aplicación del Código. Funda como argumento, los excesos cometidos y que se vulnerarían garantías en pro de la productividad y desarrollo, que perjudicarían a agricultores. Sin embargo, al revisar en profundidad la discusión, no parece haber argumentos o evidencia que lo fundamente. Los vicios de inconstitucionalidad que tiene la disposición están a la luz, por entregar una nueva atribución a la autoridad administrativa y atentatoria contra el derecho de propiedad, lo que va en una dirección contraria con el anuncio del Gobierno de convertir este 2016 en el año de la productividad. Las modificaciones propuestas, contrario a lo deseable, perjudicarían varios rubros, como agricultura, generación de energía eléctrica, servicios sanitarios y minería.

La autora es abogada Libertad y Desarrollo (LyD).