Ejecutivo opta por crear una unidad gubernamental para resguardar datos personales
Servicio público estará supervisado por el Ministerio de Hacienda o de Economía.
—Una figura administrativa similar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) es la elegida por el Gobierno para la supervisión y resguardo de los datos personales, proyecto que será presentado en el corto plazo por La Moneda.
— Ad portas de ingresar al Congreso está el proyecto de ley que perfecciona la legislación sobre la protección de datos personales, ya que las autoridades a cargo del tema concordaron en un diseño de institucionalidad que cumpla el principal requisito puesto desde Hacienda: que no sea mayormente costoso.
Desde Economía afirman que la iniciativa está prácticamente en el horno: “Estamos listos, todas las diferencias que teníamos entre nosotros fueron superadas, y esperamos que el proyecto ingrese de aquí a fin de mes”.
De hecho, el proyecto estaría redactado y se encuentra en la fase de pimponeo entre Hacienda, Economía y la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), que revisa los alcances constitucionales y la concordancia con la legislación vigente.
Todo este proceso debe ser rápido, porque Presidencia ha fijado como plazo máximo de ingreso al Congreso la próxima semana, ya que se espera que el texto esté presentado antes que la Presidenta Michelle Bachelet asista a la Reunión del Consejo de Ministros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que se realizará entre el 30 de mayo y el 2 de junioen París, donde Chile presidirá el encuentro.
Cabe recordar que la OCDE ha insistido al Gobierno para que cumpla con los niveles mínimos de protección de los datos de las personas, e incluso han llegado misiones a revisar el avance del tema. Ante ello, el Gobierno se autoimpuso como plazo fatal contar con el proyecto en el Congreso antes de esta reunión del selecto grupo de países.
INSTITUCIONALIDAD LIVIANA. Tras dos años de debate interno, el Gobierno se habría inclinado porque el guardián de los datos personales sea una estructura “liviana”, similar a la que tienen la Unidad de Análisis Financiero (UAF) o de los Tribunales Tri-
¿Dependencia? Lo que aún no está zanjado es quién estará a cargo de esta nueva entidad. La duda está entre los ministerios de Economía y Hacienda.
butarios y Aduaneros (TTA).
Esta unidad estará a cargo de la coordinación de los organismos involucrados; será
la responsable de cumplir con los estándares fijados en la futura legislación; dictará las instrucciones generales para que se adopten las medidas necesarias ; y supervisará el cumplimiento de las obligaciones y por ende de los procesos revocatorios.
Este nuevo servicio gubernamental sería un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, con un director responsable definido por el Sistema de Alta Dirección Pública (ADP).
La forma en que el director se relacione con el Presidente de la República aún no está definido. Este sería el único punto que faltaría por determinar, ya que hay dos candidatos para estar encima de esta nueva entidad: los ministerios de Economía y de Hacienda.
Ambos tienen argumentos suficientes para ser el paraguas de esta nueva estructura. Hacienda por un lado tiene a su cargo la supervisión de las entidades financieras, que son las depositarias de los mayores registros de datos personales. Y por otro lado, Economía tiene la misión de velar por los consumidores,
que serían los sujetos beneficiados con esta ley.
LOW COST. El proyecto le permitirá al Gobierno cumplir con los estándares OCDE y que a la vez no le signifique un gasto fiscal muy elevado en tiempos de ajuste.
De acuerdo a fuentes que trabajaron en su definición, la nueva figura contaría con una oficina central en Santiago, que se relacionará con las regiones a través de las Secretarias Regionales Ministeriales (Seremi), quienes tendrán la labor de recibir los re-
clamos que luego serán derivados a la matriz en la capital. Todo ello debe estar asociado a un sistema informático que permita a la ciudadanía ejercer sus derechos sobre la protección de datos personales.
El costo inicial de este proyecto rondaría los $800 millones en el primer año, para luego, al quinto año, cuando la nueva estructura esté en régimen, llegar a unos $ 2 mil millones aproximadamente. “Esta es la estructura que Hacienda estaría dispuesta a financiar”, señalan
cercanos a la discusión interna del Gobierno.
De esta manera, la alternativa de que fuera el Consejo para la Transparencia el organismo que resguardara la protección de datos no prosperó. Mientras algunas voces del Ejecutivo reconocen que fue una de las opciones que se barajaron, otras señalan que nunca estuvo esa posibilidad en la mesa, porque se considera que la protección de datos es una función pública que debe ser cumplida por un organismo dependiente y no autónomo.