Ciudades mineras
La minería se diferencia de otras actividades por su carácter esencialmente localizado. La mayor parte del valor agregado se obtiene en la proximidad de los yacimientos y las ciudades mineras padecen sus principales externalidades negativas, medioambientales o de otro tipo. Asimismo, debido a la creciente subcontratación y la extensión de los sistemas de conmutación a larga distancia, es discutible que estas ciudades se estén beneficiando de las externalidades positivas de la minería, ya que la mayoría de los servicios a la minería se prestan desde Santiago. Esta duda afecta especialmente a las externalidades que garantizan su sustentabilidad económica a largo plazo, aquellas relacionadas con la creación de conocimiento. Dado que las ciudades son los motores de crecimiento de un país y las fuentes de donde surge la innovación, es relevante preguntarse qué nos plantea el programa Alta Ley que acaba de presentar la Presidenta de la República, como principal guía de la política nacional de minería, sobre el papel de las ciudades mineras. Es muy positivo que el Gobierno haya reconocido la necesidad de considerar la minería como una palanca para el desarrollo nacional. Sin embargo, en el programa Alta Ley las ciudades mineras ocupan un lugar marginal. Nos encontramos, de hecho, ante una propuesta política de alcance nacional que carece de un diseño territorial que articule la red de producción de la minería dentro del país y, de esta manera, promueva la capacidad de innovación de las ciudades mineras, su competitividad y, en definitiva, su desarrollo futuro. No tratar el desarrollo minero con una perspectiva territorial y no hacer un real énfasis en la conveniencia de políticas basadas en el desarrollo de los lugares mineros, es una de las principales carencias de esta propuesta. Una estrategia de desarrollo basada en la minería que deja en el margen a las ciudades mineras tenderá a debilitarlas más, convirtiéndolas solo en lugares de extracción. En un contexto de caída persistente de precios de los minerales se manifiesta la urgencia de un nuevo trato entre el Gobierno, las compañías mineras y las proveedoras de servicios, que garantice una forma de desarrollo sustentable para ciudades mineras.
Miguel Atienza Úbeda Director Departamento de Economía Universidad Católica del Norte