Contraloría oficia a servicios de salud por descuentos de paro por reajuste
Contralor precisó que oficio a punta a fiscalizar si ya se están realizando o no las imputaciones por los días no trabajados.
—“Pareciera ser que iba a quedar en el aire ese tema, pero no va a quedar en el aire”. Con esa advertencia el contralor general de la República, Jorge Bermúdez, revivió el debate por los descuentos a las remuneraciones de los funcionarios fiscales que se movilizaron por casi tres semanas en demanda por un mayor reajuste.
En ese plano, Bermúdez reveló que desde ayer iniciaron un proceso de fiscalización que apunta a verificar si ya se están realizando en algunos servicios públicos las imputaciones de los días no trabajados a los funcionarios movilizados.
“Nosotros hoy (ayer) en- viamos oficios a distintos servicios públicos. Hicimos una priorización primero, enviamos primero a aquellos que tienen que ver con el área de la salud. Estamos oficiando en todo Chile a todos los servicios de salud para que nos informen qué es lo que ha ocurrido, cuál es el nivel de ausentismo que se produjo, cuáles son las prestaciones que no se realizaron y si se están realizando o no los descuentos efectivamente en cada uno de estos servicios”, dijo el jefe del ente de control.
Hace dos semanas, en pleno desarrollo de la movilización por el reajuste, Bermúdez entró de lleno en este debate, mandando un duro mensaje los funcionarios estatales en paro: “Sería ilegal pagarles las horas que no se trabajan, eso hay que decirlo derechamente. Si no trabajan, no se les pagan; si trabajan, se pagan”.
La autoridad explicó en esa ocasión que en el sector público “sólo se puede pagar por prestaciones que se hayan realizado. Si no se ha realizado esa prestación, existe jurisprudencia abundante de la Contraloría que dice que se tienen que realizar los descuentos”. Añadió que en caso de no realizarse esto, y que se detecte en una audi- toría que efectúe la Contraloría, “puede generar algún tipo de responsabilidad”.
CRÍTICAS. Esteban Maturana, presidente de la Confusam, cuestionó los nuevos dichos de Bermúdez.
“El contralor ya incurrió en un grave error cuando en medio del conflicto se pronunció sobre este tema... eso fue una presión indebida. Entendemos que eso está en contra de la propia normativa de la Contraloría. Hemos hecho un llamado a normalizar las funciones de los servicios, pero el contralor pa-
reciera ser que pretende ponerle un poco más de bencina a la hoguera y con eso lo único que va a lograr es incendiar la pradera”, reaccionó Maturana.
Añadió que van a solicitar a la brevedad “una reunión con todas las organizaciones que componen la mesa del sector público para darle una respuesta contundente al contralor. Esto está agarrando un tinte muy oscuro”.
Durante el paro del registro civil del 2015, que duró 39 días, 1.400 funcionarios recibieron descuentos de hasta $300 mil según dirigentes.