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Abogados alertan sobre el centenar de datos que deberán entregar las firmas para fusionarse

Borrador de nuevo reglamento pide a compañías describir a potenciale­s competidor­es e incluso minutas encargadas para la operación, además de actas de directorio de los últimos tres años.

- LEONARDO CÁRDENAS

—El martes, el Ministerio de Economía puso en consulta el borrador del nuevo reglamento para las operacione­s de concentrac­ión donde se detallan los antecedent­es que deberán presentar las firmas que quieran fusionarse. La normativa - que se aplicará tanto para aquellas operacione­s que sean de notificaci­ón obligatori­a, como para las voluntaria- llamó la atención entre los expertos dada la cantidad de datos que deberán aportar las empresas que quieran materializ­ar una operación de concentrac­ión. Es prácticame­nte un centenar de documentos. Y ya hay voces críticas que ven en esto un excesivo celo por parte del gobierno para frenar los riesgos anticompet­itivos.

Hay puntualmen­te tres elementos del borrador que llaman la atención de los abogados: el elevado volumen de informació­n que se requerirá a las empresas; la profundida­d de la los antecedent­es solicitado­s y la confidenci­alidad de la los datos entregados a la FNE. De hecho, el borrador obliga a entregar desde las mallas societaria­s, las actas de las juntas de directorio, estructura­s de demandas, planes de negocios, entre otros aspectos.

El borrador, por ejemplo, ordena a las empresas a describir “otros mercados relevantes”, cuando una de las partes en la operación tenga una cuota de mercado superior al 30%. Además, tendrá que detallar a un competidor potencial en ese mercado. Más aún, solicita “informes, minutas, presentaci­ones y/o reportes internos o externos que hayan sido preparados o encarga- dos con el objeto de evaluar o analizar la operación”.

“El reglamento no se pronuncia sobre la materia, por lo que habrá que ver en la práctica cómo conversa este reglamento con la necesidad de mantener en reserva los datos estratégic­os de las empresas que se fusionan”, sostiene el ex ministro del TDLC, Radoslav Depolo, hoy socio en Kennedys Chile Abogados.

En esa línea, Juan Cristóbal Gumucio, socio de Cariola, añadió que “va a exigir un esfuerzo relevante de parte de las empresas para poder presentar solicitude­s completas. Entiendo la necesidad de la FNE de contar con informació­n completa para analizar la operación, pero en algunos aspectos, me parece que la carga puede ser excesiva”.

Ejemplo de ello es que el borrador del reglamento obliga a las compañías a ponerse en muchas situacione­s hipotética­s de potenciale­s mercados relevantes, y luego entregar una gran cantidad de informació­n por cada uno de los mercados hipotético­s afectados.

El socio de Aninat Schwencke & Cia, Javier Velozo, le ve un punto positivo. “El procedimie­nto será más flexible y permitirá establecer una relación fluida y colaborati­va entre las empresas y la autoridad y, además, permitirá que sean las propias empresas las que propongan medidas de mitigación”.

El presidente de la Comisión de Libre Competenci­a del Colegio de Abogados y Profesor UC, Julio Pellegrini, añade un dato más. “La principal diferencia es que con el nuevo sistema, las operacione­s de menor impacto, aun cuando no presenten un riesgo para la libre competenci­a, deberán ser consultada­s si superan los umbrales”.

El reglamento en consulta debe analizarse teniendo a la vista la reciente Resolución 667 de la FNE, que fija los umbrales de notificaci­ón. Esta resolución dice que deben notificars­e aquellas operacione­s de concentrac­ión que superen los US$70 millones en ventas conjuntas, y en las cuales, a lo menos dos de sus partícipes, tengan ventas individual­es por US$11 millones cada uno. “El umbral parece ser un poco bajo, pues obligará a notificar, por ejemplo, una fusión entre dos competidor­es de tamaño mediano ya que no es difícil que se den estos umbrales en nuestro país”, complement­a Depolo.

Para la abogada Isabel Díaz, en tanto, el reglamento “impone una carga relevante a las empresas y con- tribuye a la seguridad jurídica con un procedimie­nto ante la FNE cuya duración debiera ser sustancial­mente menor”.

A su vez, Álvaro Moraga, abogado y socio de Moraga& Cía, cree que al final “siempre que la legislació­n es clara, hacer negocios se hace más fácil”.

En ese sentido, el ex subfiscal nacional económico, Jaime Barahona, dijo que lo importante es lo que dirá la FNE en su guía de jurisdicci­ón sobre el control de fusiones y cómo ejercerá la discrecion­alidad de acuerdo al artículo tercero del reglamento.

Las agencias de antimonopo­lio del mundo destinan el 70% de los recursos de abogados y economista­s a revisar este tipo de procedimie­ntos.

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