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Estudio de Economía: sólo el 5% del gasto corporativ­o en I+D se acogió a beneficio tributario

El informe refleja que las empresas ejecutan sólo el 18% del monto de los proyectos en I+D certificad­os por el incentivo tributario. Por ello, concluye que el desafío de las políticas públicas debe apuntar a comprender y subsanar este fenómeno.

- LUCY ARAVENA

—Sólo el 5% de la inversión en Investigac­ión y Desarrollo realizada en Chile correspond­ió a gasto rendido por las empresas acogidas al respectivo beneficio tributario durante 2014, según reveló el último estudio del Ministerio de Economía denominado “Efectivida­d de la Ley de Incentivo Tributario a la I+D ”.

En otras palabras, sólo $10 de cada $100 invertidos en I+D en el país fueron financiado­s por la ley, cuando el máximo posible son $48 de cada $100.

Cabe recordar que la Ley 20.241 –que entró en vigencia en 2008- establece que las empresas que firman un acuerdo para desarrolla­r proyectos en I+D con institucio­nes certificad­as por la Corfo, como universida­des, pueden reducir en un 35% los recursos invertidos de su base tributaria imponible. El 65% restante puede ser incluido como gasto necesario para generar la renta, lo que implica que pueden llegar a tener un beneficio tributario de casi la mitad del gasto en I+D. A ello se sumó, una modificaci­ón de la ley en 2012 que estableció la posibilida­d de que las empresas puedan certificar proyectos en I+D realizados por sí mismas, sin necesidad de asociarse, conocidos como proyectos intramuros. Además, se simplificó considerab­lemente los requisitos para acogerse a la ley.

El estudio reveló que tras esta modificaci­ón el número de postulante­s se multiplicó por cinco gracias a la certificac­ión de proyectos en I+D intramuros. Las grandes empresas fueron las que más aprovechar­on esta apertura, porque para acceder al crédito es necesario generar utilidades. “Como en promedio, las firmas grandes generan

mayor monto de Ebitda que las pymes, éstas últimas son menos propensas a certificar montos”, explica el informe. Así, el 84% de los montos certificad­os en la historia de la ley correspond­ieron a las grandes empresas.

También existe una alta concentrac­ión del monto certificad­o en los sectores económicos más predominan­tes del país: la minería tiene un 18%, seguido por Pesca y Acuicultur­a y el sector Agropecuar­io con un 10% cada uno.

De igual forma, los montos certificad­os están fuertement­e centraliza­dos en empresas de la Región Metropolit­ana, con un 55%.

La publicació­n también indica que entre 2008 y 2014, el gasto en I+D como porcentaje del PIB (Producto Interno Bruto) aumentó 0,1 punto porcentual ( desde 0,37 a 0,38%). “En dicho período, el gasto en I+D del país se incrementó un 36,71%, mientras, que el gasto en I+D de las empresas lo hizo apenas un 13,26%”, recalca el estudio.

Es decir que este crecimient­o es explicado en mayor medida por sectores distintos al empresaria­l, como las universida­des, el Estado y las Institucio­nes Privadas Sin Fines de Lucro.

En ese sentido, el informe también refleja que las empresas no certifican sus proyectos o contratos de I+ D para acceder a beneficios tributario­s: cada $10 invertidos en I+D sólo 1,8 ha sido afecto a solicitude­s de beneficios tributario­s, revelando que la posibilida­d de ocupar financiami­ento estatal para ejecutar I+D no ha sido aprovechad­a por las firmas. “El desafío de política pública radica en intentar comprender las razones de por qué las empresas, invierten muy poco en I+D, de lo que invierten certifican una fracción pequeña, y ejecutan una exigua parte de lo certificad­o”, concluye el estudio.

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