Reforma Laboral y reconstrucción de confianzas,
Se trata de una mala regulación que exacerba la confrontación y no considera intereses de los no sindicalizados ni de empresas.
MAÑANA 1 de abril entra en vigencia la Reforma Laboral, normativa que refuerza los derechos colectivos de los trabajadores sindicalizados en el sector privado y que ha sido objeto de numerosas críticas tanto de parte de los trabajadores, como de las empresas de todos los tamaños.
Antes de que ingresara el proyecto de ley al Congreso Nacional, desde la CPC advertimos al Ejecutivo que la iniciativa legal no se hacía cargo de las falencias más evidentes del mercado del trabajo, como lo son la baja participación de las mujeres, jóvenes y adultos mayores en el trabajo formal y protegido; corregir las deficiencias del sistema de capacitación laboral y la necesidad de que se regule el derecho a la negociación colectiva en el sector público. Y luego, fuimos testigos de que los escasos contenidos de adaptabilidad laboral pactada de la propuesta original, fueron vetados por el propio Ejecutivo al conocer los detalles del fallo del Tribunal Constitucional en materia de titularidad sindical.
El mundo privado viene observando con preocupación cómo en el último tiempo varias negociaciones colectivas en empresas que se precian de contar con muy buen clima laboral, terminan en huelgas violentas, que afectan derechos de las empresas, de los trabajadores, e incluso, de personas de la sociedad civil no involucradas en los conflictos colectivos, frente a la total pasividad de las autoridades responsables de resguardar el orden público.
Al respecto, lamentamos que la Reforma Laboral no haya mantenido la disposición original del Ejecutivo que exigía el ejercicio pacífico del derecho a huelga, tanto de parte de los trabajadores como de los empleadores.
En el futuro inmediato, nos inquietan los vacíos de la ley en materia de procedimiento para el ejercicio de los derechos colectivos por parte de los trabajadores que sin estar sindicalizados desean negociar colectivamente con la empresa.
El fallo del Tribunal Constitucional fue categórico al declarar inconstitucional la titularidad sindical, y tanto para las empresas como para los trabajadores no sindicalizados es importante tener certeza respecto de la forma en que estos pueden ejercer su derecho a la negociación colectiva. Por ello, insistimos en la necesidad de que el Ejecutivo formule una iniciativa legal que establezca un procedimiento de negociación colectiva para los trabajadores no sindicalizados. No hacerlo es incentivar que las partes judicialicen el ejercicio de su derecho y, eventualmente, se desconozca el derecho de estos grupos a negociar colectivamente.
COMO NOSOTROS lo vemos, la Reforma Laboral es una mala regulación porque exacerba la confrontación y no contempla los puntos de vista e intereses de los trabajadores no sindicalizados, ni de las empresas. En el caso de la CPC y sus ramas, en varias oportunidades previas al ingreso del proyecto al Congreso y posteriormente durante su tramitación, hicimos presente nuestras observaciones sin que ellas fuesen debidamente consideradas, ya sea por el Gobierno o por los parlamentarios.
La Ley 20.940 entrará en vigencia en un año electoral, en el que además está programado que tenga lugar un muy importante número de negociaciones colectivas en las empresas. Nos preocupa que estas puedan desarrollarse con pleno respeto a los derechos de todos los trabajadores y de las empresas, garantizando la autoridad que ellas tengan lugar sin violencia o amedrentamiento a los trabajadores no involucrados en la negociación.
A su vez, desde el empresariado hacemos votos porque al momento de plantear modificaciones legislativas en el ámbito laboral, el mundo político concentre sus esfuerzos en facilitar la reconstrucción de las confianzas entre los actores sociales, que resultaron dañadas con esta mala Reforma Laboral para el país.
Mucho se ha hablado de esta urgente necesidad que tenemos como sociedad de reconstruir la confianza perdida, y al efecto, el nuevo presidente de la CPC ha señalado como desafío para el sector empresarial trabajar junto al resto de la sociedad en esta importante labor. Esperamos que el Gobierno y el Ministerio del Trabajo en particular, consideren nuestros aportes en este reto que nos convoca a todos. ℗
El autor es gerente general de la CPC.