Gobierno y privados afinan nombres para ente tripartito que evaluará Reforma Laboral
Alberto Salas por la CPC, Carlos Boada de la Conapyme, Claudia Donaire del Ministerio del Trabajo, Roberto Godoy de Hacienda y Guillermo Miranda por Economía serían los representantes del empresariado y el Estado. En el mundo sindical se levantó un conflicto: la CUT designaría a los tres consejeros de ese sector, lo que molestó a la CAT y la UNT.
CON la puesta en marcha de la Reforma Laboral el pasado sábado, una nueva institucionalidad empezará a operar, que se perfila será de gran relevancia para el diálogo social entre empleadores, trabajadores y Gobierno. Se trata del Consejo Superior Laboral.
La instancia, de acuerdo a su reglamento, deberá estar integrada por nueve miembros: tres consejeros (as) designados por las organizaciones de empleadores de mayor representatividad del país, incluyendo al menos un representante de las organizaciones de empresas de menor tamaño; tres consejeros (as) designados por las centrales sindicales de mayor representatividad del país; y tres representantes del Ejecutivo, que deben ser designados por los ministerios del Trabajo, Hacienda y Economía. El nombramiento de cada estamento deberá incluir al menos a una mujer dentro de su respectiva terna.
La importancia del Consejo Superior Laboral, en medio del fantasma de la judicialización de la nueva ley, radica en que deberá emitir anualmente un informe de seguimiento y evaluación sobre la implementación de la norma que moderniza las relaciones laborales durante sus tres primeros años de vigencia, requiriendo antecedentes, opiniones técnicas y formulando recomendaciones. Dicho análisis deberá ser remitido al Presidente de la República y al Congreso Nacional.
“Una de las funciones del Consejo será ir evaluando la marcha de la ley de relaciones laborales. Tenemos que ver cómo funciona esta ley y cuando tengamos evidencia suficiente, proponer lo que hay que proponer, ajustar lo que haya que ajusría tar, perfeccionar lo que haya que perfeccionar y mantener lo que haya que mantener”, afirmó el subsecretario del Trabajo, Francisco Díaz, hace unas semanas, dejando entrever que cualquier ley corta adecuatoria deberá nacer o, al menos, pasar por el cedazo de esta instancia.
De ahí que la designación de los nombres que representarán a cada sector en este ente tripartito se ha vuelto estratégico.
La ambición del Gobierno es que los nombramientos para integrar el Consejo sean lanzados públicamente antes del “1 de Mayo, Día Internacional del Trabajo”, así como la agenda de trabajo de la entidad.
Nombres del empresariado.
Respecto a los tres consejeros que deben designar las organizaciones empresariales, la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) nominará a dos representantes y la Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conapyme) a uno.
El saliente presidente de la CPC, Alberto Salas, es uno de los nombres que estaría definido para aportar una visión más estratégica del sector empleador a la instancia tripartita. Por lo mismo, el otro representante, que aún no estaría zanjado en la Casona de Monseñor Sótero Sanz, apuntaría a ser de un perfil más técnico y, además, sería una mujer dada la exigencia de cuota de género establecida en el reglamento. “Es difícil encontrar una mujer con perfil técnico experta en estas materias que esté disponible para abordar esta responsabilidad, que demandará gran cantidad de tiempo. Un nombre que ha sonado es Andrea Tokman, pero la verdad es que aún no hay nadie definido”, revela una fuente conocedora del proceso de nominaciones en la CPC.
Las mismas fuentes precisan que el miércoles el Ejecutivo requirió formalmente a la multigremial los nombres de los futuros consejeros y esperan en las próximas semanas tener finiquitadas las designaciones.
En tanto, la Conapyme designa- a su director de estudios, el abogado Carlos Boada. El experto fue parte de la comisión tributaria de la CPC, que influyó en el debate de la reforma impositiva de 2014.
Expertos laboralistas.
Por el lado del Gobierno se fueron a la segura y dada la trascendencia del Consejo han optado por colocar a destacados especialistas en el área laboral. Uno de los primeros nombres que ya está casi definido es el de Guillermo Miranda, ex director de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) para el Cono Sur. Miranda hoy es asesor del Ministerio del Interior y entraría al Consejo por el cupo de Economía.
En el Ministerio del Trabajo nombraron a la abogada y asesora Claudia Donaire, quien tuvo una participación activa en el diseño de la Reforma Laboral. En el Ministerio de Hacienda nombrarían al jurista Roberto Godoy, quien ya tiene experiencia en este tipo de instancias, pues participó en los diálogos laborales de la CPC y la CUT.
Mientras, desde el mundo de los trabajadores se abrió un conflicto. Si bien el reglamento dice que los representantes de ese sector saldrán de las principales centrales sindicales, el jueves durante una de las actividades privadas de un seminario de la OIT, la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, confidenció que ya existiría un acuerdo con el Gobierno para que los consejeros salgan solo de esa multisindical.
El anuncio molestó a las otras dos importantes centrales del país: la CAT y la UNT. El secretario de la CAT, Alfonso Pastene, informó que pidieron una reunión al Ministerio del Trabajo para corregir dicha situación.P
El Consejo surgió como una propuesta de la CUT, que fue recogida por el senador Letelier y luego patrocinada por el Gobierno.
Una de sus principales funciones será supervigilar la aplicación de la Reforma Laboral.
Otra de sus responsabilidades es ver los criterios de asignación de platas del Fondo Sindical.