OPINIÓN: Mala densificación urbana y derecho a la ciudad,
El Gobierno ha adoptado medidas para evitar en el futuro fenómenos como el ocurrido con las altas torres en Estación Central.
DESDE QUE se pusieron en el tapete los problemas urbanos que genera la construcción de altas torres de departamentos en Estación Central -muchas de más de 40 pisoshemos asistido a un desfile de opiniones, denuncias, lamentos y advertencias sobre la ética profesional de arquitectos y constructores; el desgobierno de las áreas metropolitanas; la ausencia de planificación urbana; la imposibilidad de conjugar viviendas bien localizadas y precios accesibles; las malas prácticas de algunas empresas que sólo miran la rentabilidad de su negocio; y la estigmatización que se hace sentir sobre quienes habitan en estos conjuntos.
Este oscuro escenario pareciera indicar que todo se ha hecho mal o, más bien dicho, que nada se ha hecho para evitar estos males. Eso hace necesario poner de relieve el conjunto de medidas adoptadas por nuestro Gobierno para evitar este tipo de fenómenos, mejorar la participación de los ciudadanos en las decisiones urbanas y hacer de nuestras ciudades espacios de crecimiento, integración y participación. Medidas que si bien no pueden cambiar el pasado sí permitirán que el futuro sea diferente.
Con el propósito de incentivar un crecimiento urbano equilibrado, integrado y sustentable, apenas asumimos el Gobierno derogamos el D.S. N° 1/2013 (V. y U.) que, entre otras cosas, alteraba el equilibrio entre los grandes equipamientos y las vías que les dan acceso e ingresamos un proyecto de ley que repuso las afectaciones de utilidad pública, porque su caducidad provocaba un grave daño a los espacios públicos, proyecto que con un respaldo parlamentario transversal fue publicado en 2014 como Ley 20.791. Con el mismo apoyo aprobamos el año pasado la Ley 20.958 sobre Aportes al Espacio Público, que exige a todo proyecto inmobiliario mitigar los impactos que genere sobre la movilidad local, ejecutando obras y medidas que mantengan sus estándares, e impone a quienes densifiquen un aporte proporcional a la densidad y destino de su proyecto, con el propósito de financiar obras que mantengan la calidad de los espacios públicos y promuevan la cohesión social y sustentabilidad urbana. Este es un cambio de envergadura en lo que refiere a desarrollo urbano en Chile pues hace que quien construye asuma los efectos que produce en el espacio público de la ciudad.
Complementariamente, incluimos en el proyecto de ley que fortalece la regionalización una nueva regulación de las áreas metropolitanas, destinada a atender su complejidad y resguardar el equilibrio territorial, incluyendo un Plan de Ordenamiento Territorial que normará la interfaz campo/ciudad.
RESPECTO DE la participación de la ciudadanía, comprometimos procesos de consulta pública previos a introducir modificaciones en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, cuestión que ya hemos realizado en casos como el reglamento de la propia Ley de Aportes, y las normas sobre accesibilidad universal, ascensores o ciclovías, junto con instruir administrativamente en 2015 la realización de procesos de consulta previos a la elaboración de nuevos planes reguladores.
Además, en 2015 iniciamos la tramitación de otra modificación a la Ley General de Urbanismo y Construcciones cuyo propósito es facilitar, generalizar y anticipar los procesos de participación ciudadana en la generación de instrumentos de planificación territorial. Incluiremos en este proyecto normas de planificación generales que resguarden siempre una adecuada calidad de vida urbana e impidan, junto con la Ley de Aportes, que vuelvan a repetirse casos como el de Estación Central.
En materia de desarrollo futuro de nuestras ciudades, estamos trabajando, en conjunto con el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, en la definición de un conjunto de estándares e indicadores de cantidad, calidad y acceso a bienes públicos urbanos obligatorios para los nuevos planes reguladores y proyectos urbanos, de manera que reviertan la inequidad de nuestas ciudades y mejoren las condiciones de vida de quienes en ellas habitan.
Así, no sólo compartimos las preocupaciones y advertencias respecto de las torres de Estación Central y el impacto que tendrán en la vida de los residentes y del barrio. Nos hemos ocupado de introducir cambios en las reglas del juego de nuestro desarrollo urbano para impedir que se repitan situaciones como estas, mientras en paralelo invertimos en bienes públicos urbanos que reviertan los agudos déficit que hoy vemos en la mayor parte de las comunas y barrios.
Todo esto llevó a que, con total convicción, Chile suscribiera en octubre pasado la Declaración de Quito sobre Ciudades y Asentamientos Humanos Sostenibles para Todos, en el marco de la III Conferencia de ONU Habitat, que propone “…promover la integración y […] crear ciudades y asentamientos humanos justos, seguros, sanos, accesibles, asequibles, resilientes y sostenibles”.
Convocamos a sumarse a este desafío a todos los que quieren contribuir a cambiar nuestros estándares de desarrollo urbano y promover el derecho a la ciudad. ℗
La autora es ministra de Vivienda y Urbanismo.