Francisco Díaz a tres meses de Ref. Laboral: “Si se pueden afectar las necesidades básicas de la población, procede que se limite el derecho a huelga y se cree algún servicio mínimo”

—Defiende la puesta en marcha de la Reforma Laboral y desestima los cuestionamientos de los expertos al proceso. —Sobre la opinión de los reguladores para servicios mínimos enfatiza: la DT “ponderará aquella información técnica con el adecuado resguardo d

FRANCISCO Díaz es considerado el brazo técnico del Ministerio del Trabajo en la implementación de la Reforma Laboral. Cumpliéndose tres meses de ese proceso, el subsecretario de la cartera enfrenta las críticas de los expertos, especialmente las relacionadas a servicios mínimos, y aborda la discusión por la calificación de empresas estratégicas y el debate electoral en materia laboral. ¿Cómo han ido enfrentando el proceso de implementación de la reforma? —Estamos muy conformes con lo que ha sido el proceso de implementación de la Ley 20.940, que ya lleva no sólo tres meses de vigencia plena, sino que seis meses adicionales donde con la Dirección del Trabajo pudimos realizar múltiples iniciativas para la correcta y adecuada implementación. Todos los pasos que fijamos en un cronograma en septiembre de 2016 se han ido cumpliendo y estamos conformes y agradecidos del esfuerzo que han realizado nuestros funcionarios. Distintos actores han cuestionado el proceso.

—Insisto, hemos desarrollado el proceso de implementación adicional que ha sido bastante bien llevado por el Ministerio y por la Dirección del Trabajo. Estamos teniendo en estos primeros tres meses de vigencia la aplicación concreta de la ley, procedimientos puntuales que se están llevando a cabo en todo Chile y hemos tenido muy buena respuesta de la DT y de las partes que coadyuvan en estos procesos, como sindicatos y empresas. El primer hito que surge en estos primeros tres meses es el de los servicios mínimos, de los que también estamos satisfechos respecto de cómo se han llevado adelante. ¿Es injusta la crítica de los expertos por el proceso de calificación de servicios mínimos? Alegan que ha retrasado el inicio de algunas negociaciones. —No hay que confundir una crítica hacia el fortalecimiento del derecho a huelga con una crítica al funcionamiento e implementación de la ley. Eso ha sido llevado de manera exitosa, los trámites han ocurrido en los tiempos que la ley y los dictámenes así lo establecen. Hubo un período de transición legal por razones obvias y había procedimientos para que aquellas primeras negociaciones pudieran tener definidos servicios mínimos. Acá no hubo retrasos de negociaciones. Si se desea criticar el fortalecimiento del derecho a la huelga, que se haga, pero que no se escon- da la crítica a través de la implementación. Ha habido grandes empresas que han fijado servicios mínimos en estos tres meses, eso se ha hecho de manera profesional, acuciosa, con criterios técnicos y jurídicos. De hecho, muchos de estos casos no han sido recurridos por sindicatos ni por las empresas. Eso demuestra que se ha entregado certezas a todas las partes. En el caso del sector bancario, sindicatos han criticado que se haya calificado como servicio mínimo la captación a través de los cajeros. —Allí se trata de procesos que están pendientes, hay recursos jerárquicos ante la Dirección del Trabajo, por tanto no es conveniente entrar al caso específico. Sin embargo, esta discusión ha ocurrido en otras partes del mundo, que los bancos prestan una labor comercial que es importante, pero también proveen una labor que puede llegar a afectar a toda la población, por tanto, la idea del servicio mínimo es concentrarse en cómo una interrupción de funciones pudiera afectar a toda la población y bajo ese prisma, es que se han definido los servicios mínimos

en algunos casos puntuales. ¿Se debe cautelar la cadena de pagos?

—No quiero referirme a casos concretos, pero puede haber casos en esa o en otra industria en que la interrupción total de una empresa pudiera generar algún efecto grave en las personas, algún tipo de daño que puede llegar a afectar necesidades básicas de la población. Bajo ese prisma evidentemente que la hipótesis del servicio mínimo se debe otorgar. ¿Fue pertinente la postura del Banco Central respecto de que debe primar la opinión de la SBIF en los servicios mínimos? —Insisto, más que entrar en el caso de alguna industria específica, lo que tenemos que resaltar es el espí-

y la letra de la ley y eso indica que en tanto se puedan afectar necesidades básicas de la población, procede que se limite el derecho a huelga y se cree algún tipo de servicio mínimo para evitar daño en las necesidades básicas de la población. ¿Qué peso deben tener los informes de los reguladores a la hora de calificar servicios mínimos? —Son informes importantes, la ley señala expresamente que se debe consultar a los entes reguladores al momento de definir los servicios mínimos. Es un insumo que tiene en consideración la dirección regional del Trabajo o el director nacional y ellos ponderarán aquella información técnica con el adecuado resguardo del derecho a huelga de los trabajadores, que también es reconocido como derecho fundamental en la Constitución. También se han criticado los estudios sobre servicios mínimos, al haber hecho sólo una descripción genérica de industrias, no fijando estándares. —La ley no contempla aquellos estudios como requisito obligatorio al momento de definir servicios mínimos. Aquellos estudios son un insumo que como Gobierno nos hemos comprometido a llevar adelante y lo que hacen es allegar información de una industria en particular, algunos de sus procesos y sus impactos en las hipótesis de daño que se pudieran producir, pero no están contemplados como requisito obligatorio, ni mucho menos vinculante a la hora de definir los servicios mínimos. ¿Hasta ahora no han visto el “fantasma” de la judicialización?

—La judicialización fue levantada como amenaza más que como un análisis jurídico serio. Hubo preanuncios de llevar a tribunales algunas de las controversias. Es cierto que aún es muy temprano para evaluar este tema, llevamos apenas tres meses, las negociaciones colectivas están recién desarrollándose al amparo de la nueva ley, pero al menos en el tema de los servicios mínimos no hemos recibido algún tipo de judicialización. ¿Qué le parece que el candidato Sebastián Piñera quiera revisar la reforma laboral y que a su juicio la mejor política laboral es el pleno empleo? —No vamos a comentar las declaraciones ni los programas de gobierno de ningún candidato, lo que nos corresponde es contextualizar el punto de que cuando alguien habló de ley corta se refería al tema de la titularidad sindical y los grupos negociadores. El resto de la ley no tiene ningún tipo de vacío que justifique alguna acción legislativa. Cosa distinta es que cualquier candidato discrepe del fortalecimiento sindical, de reforzar el derecho a huelga, de promover mayor diálogo al interior de la empresa y que prefiera culturas más autoritarias y premodernas sobre relaciones laborales. Esa es una opción de política pública que se debe plantear transparentemente y no esconderla en algún tipo de deficiencia técnica, porque eso está muy acotado. ¿Comparte la aseveración de que la mejor política laboral es el pleno empleo? —El pleno empleo es muy importante, fortalecer las condiciones de empleabilidad de quienes menos las tienen también. Incluso países que han logrado altos niveles de empleo tienen deficiencia en relaciones laborales y en igualdad en la sociedad producto de tener legislaciones laborales que no reconocen el rol de los trabajadores organizados. Nosotros preferimos un modelo que respetando y promoviendo la organización de los trabajadores, genere a la vez pleno empleo. ¿Ya se están preparando para la negociación del reajuste público?

—Son procesos donde participamos junto al Ministerio de Hacienda y, por tanto, daremos las noticias cuando existan.P