Gratuidad universitaria e impacto fiscal, por Carolina Grünwald
Si se extrae la gratuidad del gasto para los próximos tres años, se pasaría de una holgura negativa de US$1.783 millones a una holgura positiva de US$3.783 millones, lo que mejora posición fiscal.
POR ESTOS días se discute la Reforma Educacional en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Sin duda, se trata de un tema complejo, que abarca muchas aristas y que, de cumplirse ciertos requisitos, iría avanzando hacia una cobertura que incorpore cada vez un porcentaje más alto de estudiantes y de instituciones educacionales.
La idea de que todos podamos dar educación superior a nuestros hijos, y gratis, es -quién podría ponerlo en duda- una utopía maravillosa, que se traduciría en un gran alivio para los presupuestos familiares. Sin embargo, hay que ser realista y ver realmente cuánto cuesta, si Chile puede permitírselo y si es realmente lo que se quiere priorizar en la lista de los gastos, habiendo tantas necesidades importantes en nuestro país.
Actualmente, las finanzas públicas están pasando por un momento estrecho. Y es que en los años recientes se ha visto un sistemático aumento del gasto total por sobre los ingresos, traduciéndose esto en un creciente déficit del balance efectivo, el cual aumentó desde -0,6% en 2013, hasta -2,8% en 2016. Al mismo tiempo, preocupa el rápido avance que ha venido registrando la deuda bruta de gobierno: pasando desde 5% del PIB en 2006 hasta 21,3% en 2016 (21,5% marzo 2017). Esto, además, en un contexto donde se discute una baja en la clasificación de riesgo soberano para nuestro país.
Y bien, ¿cuánto cuesta la reforma? En régimen, las iniciativas actuales, que incluyen gratuidad, carrera docente, lucro, selección y copago, por mencionar las más importantes en términos de recursos, totalizan US$6.836 millones al año.
No es por nada que para los próximos tres años se estiman actualmente en el Informe de Finanzas Públicas de la Dirección de Presupuestos, holguras negativas por cerca de US$1.800 millones. Esto sucede porque los gastos comprometidos superan de manera creciente en el tiempo a los gastos compatibles con el objetivo de reducción del déficit estructural. Es más, comparado con años anteriores, es primera vez que una nueva administración heredaría una situación de este tipo, sumamente frágil y riesgosa.
¿Qué pasa si no se cumple en los próximos años con los supuestos establecidos para el PIB tendencial? ¿Qué pasa si el precio del cobre cae aún más o si el tipo de cambio evoluciona negativamente para las cuentas fiscales? A esta holgura negativa se le agregarían bajas en los ingresos estructurales, complicando aún más la posición fiscal.
Si a modo de ejercicio se extrae sólo la gratuidad del gasto comprometido para los próximos tres años, se pasaría de una holgura negativa total de US$1.783 millones a una positiva de US$3.783 millones, dando espacio de esta manera a una posición fiscal claramente más sólida. Y es que el costo de esta gratuidad es de US$1.454 millones en 2018, US$1.859 millones en 2019 y US$2.263 millones en 2020, totalizando US$5.576 millones. Esto sólo en los próximos tres años (debemos recordar que este es un gasto que debe hacerse cada año).
Pero, ¿por qué debe comprometerse esa enorme cantidad de recursos a educación superior? A modo de referencia, esos tres años de gratuidad alcanzarían para construir 25 hospitales, 223.000 viviendas sociales o financiar tres años del Pilar Solidario. Las necesidades son muchas y, como es más que evidente, los recursos acotados.