Por una derecha reformista,
Un probable Gobierno de este sector tendría hoy la oportunidad de volver a instalar un debate público serio, técnico y moderado.
POCOS NEGARÍAN que el año 2011 significó un antes y un después en la política chilena. Si bien ya habíamos presenciado manifestaciones estudiantiles el año 2006, el movimiento de 2011 tuvo una trascendencia mucho más profunda, la que persiste hasta el día de hoy.
Hay muchas razones para explicar el fenómeno. Algunos consideran fundamental el fuerte liderazgo de los principales dirigentes estudiantiles de la época, Giorgio Jackson y Camila Vallejo. Otros han puesto el énfasis en el aprovechamiento político de la entonces oposición, que vio en los estudiantes la posibilidad de derrotar políticamente a Sebastián Piñera. Eso habría llevado a que marcharan de la mano dirigentes comunistas y democratacristianos, demandando educación pública, gratuita y de calidad.
Sin embargo, el principal motivo de éxito del movimiento fue el amplio apoyo que encontró en la población. Ese apoyo no provino de grupos de izquierda radicalizada, sino de familias de clase media. Guste o no, los dirigentes estudiantiles fueron capaces de identificar un verdadero problema social: el sobreendeudamiento de muchas familias para financiar la educación superior de sus hijos. La ciudadanía los apoyó no porque esperaba “cambiar el modelo”, sino para recibir sus frutos. Posteriormente la legitimidad que gracias a ello adquiriría el movimiento estudiantil, le permitiría instalar en la opinión pública como una solución plausible la gratuidad universal, pese a todos los problemas que conlleva y a que como medida específica jamás ha concitado una adhesión mayoritaria.
El Gobierno de ese entonces intentó explicar por qué la gratuidad era una mala política pública e incluso propuso un nuevo sistema de financiamiento a la educación superior (fundado técnicamente y que en otro contexto hubiese contado con un apoyo transversal), pero la propuesta fue considerada insuficiente. Ella carecía de legitimidad porque la respuesta se daba en el plano de la eficiencia, siendo que el cuestionamiento surgía en el plano de la justicia, y porque emanaba de aquellos que por años no denunciaron las dificultades ni propusieron soluciones.
Algo similar hemos visto el último tiempo con el movimiento social contra las AFP. Dicho movimiento, liderado por dirigentes de izquierda, tiene la virtud de haber identificado un problema real: las bajas pensiones de una parte importante de la población. Nuevamente, no son principalmente las masas de izquierda radicalizadas las que se movilizan, sino familias de clase media que tienen que complementar con sus recursos la pensión de sus padres e incluso abuelos.
ESTA VEZ los líderes del movimiento, aprovechando la legitimidad del mismo, han propuesto terminar con el sistema de AFP y volver a un sistema de reparto. No sabemos cómo terminará este debate, que probablemente continuará en el próximo Gobierno, pero sí podemos anticipar que será difícil mantener el sistema de pensiones tal como lo conocemos.
En cualquier caso, es relevante mostrar que en ambos escenarios, los sectores de centro y de derecha no fueron capaces de identificar a tiempo esos problemas, ni tampoco propusieron soluciones antes que sus adversarios. Por lo mismo, si dichos sectores no desean que primen en el país este tipo de propuestas radicales y populistas, necesitan estar atentos y comprender los desafíos que enfrenta Chile. Eso significa abandonar una actitud reactiva y defensora del statu quo. Gobernar no sólo exige priorizar, sino también anticiparse y tratar los desafíos y carencias sociales con la prontitud, compromiso y seriedad que requieren.
El próximo Gobierno, probablemente de centroderecha, tiene la oportunidad de volver a instalar un debate público serio, moderado y riguroso técnicamente, que no ofrezca soluciones facilistas ni desconozca los avances hasta ahora logrados. Pero para ello requerirá identificar aquellos problemas sociales urgentes y empujar agendas de reformas profundas en esas áreas. Una sólida propuesta de reformas le permitirá al próximo Gobierno liderar la agenda política y social, a diferencia de 2011. Además, si es capaz de anticiparse a los problemas, obtendrá la legitimidad necesaria para liderar las reformas y reducirá la posibilidad de influencia de la izquierda más radicalizada, cuyas propuestas refundacionales pueden ser dañinas para el país.
Todo esto exige conocer al Chile profundo, un diagnóstico adecuado y un proyecto en el plano de las ideas que dote de sentido y legitimidad las propuestas específicas que se pongan sobre la mesa. Sin estos ingredientes, será inviable el sano reformismo, y sin este, la derecha bien podría estar allanando la cancha para las candidaturas de Jackson o Boric el año 2021.