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Aguas Andinas cita informe de Economía para evitar huelgas

Texto “Indicadore­s de Regulación” del ministerio incluye a las sanitarias como servicios de utilidad pública, quedando sin derecho a huelga para sus trabajador­es. Sindicato planteó servicios mínimos.

- J.P. PALACIOS

INFORME ECONOMÍA “Se infiere que las empresas en referencia están entre las que prestan servicios de utilidad pública”.

—Una dura contienda están enfrentand­o Aguas Andinas y sus sindicatos en el marco de la solicitud que hizo la firma al Gobierno para ser declarada empresa estratégic­a, por ende, sin derecho a huelga para sus trabajador­es.

El pasado 25 de mayo, la concesiona­ria de servicios sanitarios del Gran Santiago hizo una petición formal a los ministerio­s de Economía, del Trabajo y de Defensa Nacional, para ser calificada dentro del procedimie­nto administra­tivo regulado en el artículo 362 del Código del Trabajo que fue modificado con la Reforma Laboral. Dicho trámite incorpora ahora una calificaci­ón bianual para las empresas y abre la posibilida­d de reclamació­n ante la Corte de Apelacione­s.

En el documento firmado por el gerente general Narciso Berberana, Aguas Andinas invoca un documento que realizó la Subsecreta­ría de Economía, el que a su juicio se debe tener presente en el proceso de calificaci­ón.

El texto de la División de Desarrollo de Mercados de la cartera, denominado “Indicadore­s de Regulación, Servicios de Utilidad Pública” del año 2005, de acuerdo a la sanitaria, “se refiere a los servicios sanitarios, de lo que se infiere que las empresas en referencia están incluidas entre las entidades que prestan servicios de utilidad pública”, precisa.

La compañía también recuerda que la Superinten­dencia de Servicios Sanitarios (SSS) en diversos dictámenes ha expresado que la prohibició­n de declarar la huelga impuesta por la Constituci­ón a los trabajador­es de las empresas que prestan servicios de utilidad pública, “tiene su fundamento en el grave daño que la paralizaci­ón de estos servicios básicos trae consigo para la población del país, incluyendo dentro de tales servicios a los provistos por las empresas sanitarias”.

A partir de lo anterior, dice la concesiona­ria, “debe considerar­se a Aguas Andinas como una empresa que presta servicios de utilidad pública, quedando entonces incluida en las dos primeras hipótesis normativas de los artículos 19, N° 16 inciso sexto de la Constituci­ón Política y del artículo 362 del Código del Trabajo, esto es, por una parte es un servicio de utilidad pública y además constituye una actividad cuya paralizaci­ón puede causar grave daño a la salud de la población”.

La empresa alega que también se encuentra dentro de la tercera hipótesis que prevé la ley, que se refiere a entidades cuya paralizaci­ón afecte gravemente aspectos fundamenta­les del funcionami­ento del país o de las condicione­s de su población.

Concluye que “nuestra actividad como empresa sanitaria de gestión del ciclo del agua está considerad­a como la provisión de un recurso esencial. Por lo anterior, el quedar sujeto a una contingenc­ia de no contar con el personal suficiente producto de una paralizaci­ón de nuestros trabajador­es produciría necesariam­ente discontinu­idad del servicio con la consecuent­e afectación a la población y al normal funcionami­ento del Gran Santiago”. Hasta fines de julio, el Gobierno tiene plazo para públicar el listado de empresas estratégic­as.

Aguas Andinas atiende a las comunas de Cerrillos, Cerro Navia, Conchalí, El Bosque, Estación Central, Huechuraba, Independen­cia, La Cisterna, La Florida, La Granja, La Pintana, La Reina, Las Condes, Lo Espejo, Lo Prado, Macul, Maipú, Ñuñoa, Pedro Aguirre Cerda, Peñalolén, Providenci­a, Pudahuel, Puente Alto, Quilicura, Quinta Normal, Recoleta, Renca, San Bernardo, San Joaquín, San Miguel, San Ramón y Santiago. LA RESPUESTA DE LOS TRABAJADOR­ES.

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