Proyecto de educación superior y gasto
La votación es un triunfo en la agenda reformista del Gobierno de Bachelet, pero sin duda se trata de una política pública que puede acarrear costos para futuras administraciones.
LA CÁMARA DE DIPUTADOS aprobó la reforma a la educación superior que fija en 60% de los alumnos más vulnerables el techo para la gratuidad y establece un mecanismo para la gratuidad universal que se relaciona con crecimiento económico, lo que haría que dicho objetivo se alcanzara recién en 2081 al considerar los actuales supuestos fiscales.
La votación lograda es un triunfo en la agenda reformista del Gobierno de Michelle Bachelet, pero sin duda se trata de una política pública que puede acarrear costos para futuras administraciones. No cabe duda que el gasto que irrogará la gratuidad en un nivel de 60% es una tremenda presión para el gasto público y además se trata de recursos que podrían tener un uso alternativo. Todo ello cobra especial relevancia en el actual contexto de estrechez económica por el cual atraviesa el país. Dado ello, es una buena señal que los parlamentarios de Chile Vamos se hayan alineado con su presidenciable en el porcentaje de 50% y este haya optado por correr el riesgo. No obstante, una posición económica liberal sin complejos hubiese debido apuntar a un sistema de financiamiento técnicamente bien sustentado, como el que el propio Sebastián Piñera propuso en su mandato.
A pesar de avanzar en gratuidad, el Gobierno enfrenta el rechazo del Frente Amplio -cuyos representantes votaron en contra de la iniciativa, argumentando que se trata de un modelo de financiamiento que mantiene el voucher y el endeudamiento- y del movimiento estudiantil. Esto anticipa que cualquiera futura administración hará frente a presiones maximalistas de gasto, pues el cerco ya se ha corrido, y cuando eso ocurre es difícil volver hacia atrás.