Reforma Educacional: los avances del proyecto emblema de Bachelet

De todos los proyectos de la agenda educacional, Educación Superior aún no logra el consenso necesario para su implementación.

De todos los proyectos, la reforma a la educación superior es probablemente la más emblemática para el Gobierno de la Nueva Mayoría, pues busca interpretar las demandas educacionales de quienes se opusieron a Sebastián Piñera en 2011 y que de alguna forma posibilitaron la llegada de Michelle Bachelet a La Moneda. Sin embargo, esa misma relevancia hizo que el proyecto principal quedara estancado, pese a que otros sí han avanzado.

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LA GRATUIDAD. En 2014, el Mineduc inició un intenso trabajo prelegislativo para redactar el proyecto estrella de la agenda: la reforma a la educación superior. Pero la NM se dividió entre “progresistas” y “moderados”, por el rol que tendrían el Estado y las universidades, lo que se sumó a las posiciones contrarias que mostraron los estudiantes, los rectores y la derecha. Así, el proyecto, que fija la gratuidad en la educación superior y crea una subsecretaría y una superintendencia para el ramo, ingresó recién en julio del año pasado, sin acuerdo de los sectores.

La iniciativa no contaba ni siquiera con el apoyo de las universidades estatales, que eran fundamentales para

La Moneda, lo que hizo que en marzo el Ejecutivo dividiera, para ingresar otro proyecto, de fortalecimiento a los planteles fiscales.

Mientras, la reforma —que es uno de los proyectos más caros del Gobierno, pues cuando haya gratuidad universal demandará $2,1 billones— siguió su camino propio y hoy enfrenta un escenario incierto: recién está comenzando su segundo trámite en el Senado y, pese a que el objetivo de la Segpres es lograr su aprobación en este Gobierno, algunos parlamentarios lo ven difícil.

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UNIVERSIDADES ESTATALES. El proyecto de fortalecimiento a las universidades estatales debía ser la iniciativa de más consenso para el Ejecutivo, pero no lo fue. Los rectores de estos planteles tampoco quedaron conformes y acusaron un excesivo intervencionismo del Gobierno en sus instituciones: la propuesta planteaba que la mayoría de los miembros de los consejos universitarios serían nombrados por el Presidente de turno, lo que a juicio de ellos era “un golpe mortal a la autonomía”. Además, se criticó que los trabajadores de las instituciones no tenían aseguradas sus condiciones laborales y que los $150 mil millones que el fisco inyectará a las 18 universidades fiscales, divididos en 10 años, no son permanentes ni suficientes para fortalecer a esos proyectos. Finalmente, el Mineduc resolvió los dos primeros puntos y la semana pasada la comisión de Educación de la Cámara aprobó en general el proyecto, al que le resta el resto de la tramitación.

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LOS 17 NUEVOS PLANTELES. Sin embargo, otros proyectos del sector sí han logrado ser aprobados. Los principales son la creación de las dos nuevas universidades estatales de O’Higgins y Aysén y de los 15 centros de formación técnica fiscales, que se irán instalando de a poco, con lo que el Estado tendrá recintos formadores en todo el país.

Pese a eso, los proyectos no han carecido de problemas. El principal es la falta de recursos, que impidió, por ejemplo, que las dos universidades iniciaran este año su funcionamiento de forma normal, sino que lo hicieron en infraestructuras modulares y edificios adaptados.

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REEMPLAZO AL CAE. Un gran proyecto pendiente para el Gobierno es el que reemplaza al Crédito con Aval del Estado (CAE). Luego de varias protestas y marchas, el Gobierno comprometió el envío de un proyecto entre octubre y noviembre, para cambiar este sistema por otro crédito, sin bancos y administrado por una agencia fiscal.

Pero los estudiantes exigen que los créditos se acaben y que el Estado condone la deuda, que alcanza niveles gigantescos: en julio, el ex ministro Valdés informó que sólo el CAE suma $8.259 millones de deuda, equivalentes a 3,26 PIB, lo que hace inviable un “perdonazo”.

Ahora, corresponderá al ex ministro de Educación y nuevo titilar de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, redactar un proyecto que seguramente será resistido por los estudiantes.

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OTROS PROYECTOS. Una de las iniciativas que el Ejecutivo sí ha sacado adelante es la creación del Administrador Provisional y Administrador de Cierre, dos figuras que sirven para tomar el control de planteles que atraviesan crisis económicas o académicas. Su primer uso fue con la U. Arcis.

Y se está tramitando un proyecto para eliminar el Aporte Fiscal Indirecto (AFI), el que debe estar aprobado antes del ingreso de la Ley de Presupuestos para evitar que universidades privadas acudan a la justicia reclamando la ausencia de esos fondos, como ocurrió con la U. Católica.P