Desmunicipalización: el proyecto donde el Ejecutivo tuvo que pactar con Chile Vamos
Esta semana, la sala del Senado terminará de votar el proyecto de Nueva Educación Pública (NEP), que desmunicipalizará 5.234 colegios y los traspasará a 70 Servicios Locales de Educación, entidades estatales autónomas que los administrarán.
La idea de quitarle los colegios a los municipios no es nueva: ya en 2006, los “pingüinos” levantaron a esta como una de sus principales demandas y desde ahí, año tras año y toma tras toma, los estudiantes y los alcaldes han pedido el traspaso de los establecimientos al Estado.
El proyecto de la NM, que se hace cargo de la demanda, fue ingresado al Congreso en noviembre de 2015 y ahora está en su segundo trámite. Pero en las últimas semanas, un factor sorpresa desató un conflicto político: el Ejecutivo pactó con Chile Vamos, a través de Andrés Allamand (RN), algunos cambios que extienden la transición al nuevo modelo, que durará cerca de ocho años.
Las modificaciones permiten que el próximo Presidente pueda aplazar, vía decreto, el ingreso operacional de nuevos servicios. Además, permite que algunos municipios que tengan buenos indicadores educacionales —y que por lo general son aquellos que tienen más recursos— mantener sus colegios.
La derecha buscó pactar los cambios pensando en que el próximo gobierno sería de Sebastián Piñera y este proyecto supone un gigantesco gasto fiscal: $215 mil millones anuales cuando el sistema esté en régimen en 2025. Por su parte, el Ejecutivo se allanó al acuerdo con la idea de evitar que la derecha acuda al Tribunal Constitucional, por el traspaso de colegios. Pero el pacto no fue informado a la NM, lo que desató el conflicto que hoy se mantiene. Por parte del oficialismo, el senador Carlos Montes (PS) lideró la ofensiva para desarmar el acuerdo, en tensas sesiones de negociación con los ministros Adriana Delpiano (Educación) y Nicolás Eyza- guirre (en ese entonces Segpres), donde los parlamentarios le exigieron al Gobierno responsabilizarse políticamente por una maniobra impresentable a ojos de la opinión pública.
Finalmente, el Gobierno cedió en algunos puntos, con lo que el próximo año deberían estar en instalación los primeros cuatro servicios. Pero la batalla se trasladará ahora a la Cámara, donde los diputados oficialistas anunciaron una ofensiva para votar en contra las condiciones de transición y así modificarlas en una Comisión Mixta.
Además, sigue vigente la amenaza de que algunos actores acudan al TC, en especial los municipios, los que podrían acusar una inconstitucionalidad si es que les quitan colegios que ellos construyeron luego de la municipalización del sistema, en los años 80.
Detrás del proyecto, está la idea de recuperar a la educación pública, que hoy suma 1,3 millones de estudiantes, 38% menos que hace una década, caída que recién este año se detuvo.