Los otros casos que han puesto en duda el uso de las asignaciones parlamentarias
Arriendo de sedes, uso de pasajes de avión y exceso de líneas telefónicas evidenciaron lo frágil que es el sistema de control interno de los recursos destinados al cumplimiento de las funciones de los legisladores en el Congreso.
—No es primera vez que el dinero de las asignaciones parlamentarias que reciben los diputados y senadores es puesto en tela de juicio. Los principales reproches apuntan a cómo se usan estos recursos y si realmente funcionan los controles internos que resguardan su buena utilización.
SEDES IRREGULARES. En 2011, el Ministerio Público consiguió una condena a un parlamentario por haber usado de forma maliciosa su asignación parlamentaria.
El caso se trata del ex diputado ex RN, Maximiano Errázuriz, quien en 2009 fue acusado de haber arrendado de forma irregular distintas sedes para ejercer su labor como legislador. Algunas de esas oficinas, pagadas con platas de su asignación, fueron usadas como su oficina de abogados particular, otras estaban desocupadas y algunas se arrendaron a un valor inferior de lo que Errázuriz rendía en la Cámara, lo que le permitía quedarse con la diferencia.
A pesar de que la fiscalía investigó a otros tres parlamentarios más por esto mismo (Julio Dittborn, Claudia Nogueira y Jorge Sabag), el único condenado fue Errázuriz a quien se le culpó por defraudar al fisco por uso ilícito de sus asignaciones parlamentarias. Su culpabilidad en el caso lo llevó a tener que cumplir una condena de cuatro años de libertad vigilada, una multa y la imposibilidad de por vida a optar a cargos públicos.
PASAJES ÁEREOS. Cinco años después del caso de Errázuriz, se volvieron a encender las alarmas en el Congreso. Esta vez no se trataba de las sedes de los legisladores sino que de sus pasajes aéreos nacionales. El Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias estipula explícitamente que la asignación “aéreos nacionales” tiene como objetivo “facilitar los desplazamientos del senador o diputado, dentro del territorio nacional, para el cumplimiento de su función parlamentaria”.
Ese año el tema fue revelado por el programa Contacto, y mostró cómo algunos diputados y senadores aprovecharon sus viajes nacionales financiados por el Congreso para acciones que no necesariamente tenían relación con el ejercicio de sus funciones parlamentarias.
Algunos de ellos fueron, por ejemplo, el diputado (UDI), Gustavo Hasbún, quien entre 2014 y 2015 acumuló 43 pasajes de avión para viajes a La Araucanía. En ese tiempo se le acusó de usar los recursos públicos para hacer la precampaña de la candidatura a senador que confirmó este año por esa misma región. Otro caso fue el del diputado (RD), Giorgio Jackson, quien habría usado ciertos viajes para realizar labores correspondientes a su partido político. Otros parlamentarios también implicados en la polémica fueron los senadores Felipe Harboe (PPD), Isabel Allende (PS) e Iván Moreira (UDI). Todos ellos defendieron sus viajes, explicando que la función parlamentaria es muy amplia e implica diversas actividades tanto dentro de sus distritos como fuera de ellos.
EXCESO DE TELÉFONOS. Un tercer caso ocurrió a inicios de este año. Esta vez un reportaje de la radio Bío Bío denunció que los diputados pagaron cerca de 800 líneas teléfonicas. Las asignaciones parlamentarias también contemplan Esto causó que la Cámara desembolsara cerca de $389 millones. un ítem de telefonía. Esa vez se criticó a los diputados que no se justificaba la gran cantidad de líneas telefónicas considerando que la Cámara baja está compuesta sólo por 120 legisladores.
Todos estos casos, según confirmaron en su minuto los respectivos presidentes de las Cámaras del Congreso, se han solucionado mejorando los estándares de fiscalización internos.
De esta forma, se han realizado modificaciones a los reglamentos para que, por ejemplo, en el caso de los pasajes aéreos estos sólo puedan ser usados por personas que estén en la “planilla de contrataciones” de cada parlamentario y para el “el cumplimiento irrestricto de la función parlamentaria”. Este mismo criterio se habría usado para controlar de mejor forma el uso de las cuentas telefónicas de los legisladores.P