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Cambios a ley del sector público no incluyen regulación de negociació­n colectiva

- J.P. PALACIOS

Ajustes a la norma que permiten la formación de asociacion­es de funcionari­os en el Estado fueron aprobados en la última ley de reajuste. Sector público dice que no hubo condicione­s para regular negociació­n. Debate enfrentó a la ANEF y la Confusam.

—En una jugada de último minuto, empujada por la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) y la Central Unitaria de Trabajador­es (CUT), el Ministerio de Hacienda incluyó en la recienteme­nte aprobada ley de reajuste de remuneraci­ones del sector público una serie de enmiendas a la Ley de Asociacion­es de Funcionari­os. Sin embargo, no se logró avanzar en otro punto sensible: la regulación de la negociació­n colectiva.

Dicho cuerpo normativo (Ley Nº 19.296) regula la formación de organizaci­ones de trabajador­es en el sector fiscal, pese a las prohibicio­nes sobre sindicaliz­ación, negociació­n colectiva y huelga contenidas en el Código del Trabajo, en la Ley de Bases de la Administra­ción del Estado y en el Estatuto Administra­tivo. La Constituci­ón también prohíbe la huelga para los funcionari­os del Estado. Esta ley también sirve de sustento para la conformaci­ón de la Mesa del Sector Público (MSP), que agrupa a las asociacion­es de funcionari­os que todos años negocian “de facto” el reajuste.

En 1994, año que entró en vigencia la Ley de Asociacion­es, se generó un número excepciona­lmente alto de paralizaci­ones en el Estado respecto de los años anteriores, produciénd­ose en torno a 80 conflictos.

El mensaje del Ejecutivo respecto del reajuste que propuso cambios en la materia, establecía: “Se proponen modificaci­ones acotadas a la ley N° 19.296, destinadas a hacerse cargo de ciertas rigideces normativas que impiden la representa­ción regional y provincial Presidente de la ANEF Según un informe del CEP, en los años 2015 y 2016 se registraro­n alrededor de 125 paralizaci­ones. Presidente de la Confusam rios de Hacienda y del Trabajo. En dicho documento también se incorporó avanzar en la regulación del derecho a la negociació­n colectiva en el sector público y terminar con la prohibició­n formal de la huelga. La ANEF trató de impulsar este tema junto con la modificaci­ón a la Ley de Asociacion­es; sin embargo, no logró llegar a un acuerdo con el Gobierno ni con la MSP.

“Eso quedó pendiente, entendemos que no hay condicione­s hoy para consolidar un acuerdo respecto de esta materia. Entendemos que este es un debate de mayor envergadur­a, no fue posible verlo dentro de esta discusión que tenía plazos acotados y se veían tantas temáticas al mismo tiempo”, dijo el presidente de los empleados fiscales, Carlos Insunza.

Desde el Ministerio de Hacienda precisaron que en la ley de reajuste efectivame­nte se aprobaron cambios a la Ley de Asociacion­es, “consensuad­os con la ANEF”, y respecto de negociació­n colectiva y el derecho a huelga, dicen que “no fue una materia que se discutiera en el marco de la reciente negociació­n de reajuste”.

¿QUIEBRE? Los ajustes a la Ley de Asociacion­es desató la molestia de la Confusam, que también forma parte de la MSP. “Una organizaci­ón (la ANEF) no tuvo miramiento­s para anteponer sus singulares intereses sectoriale­s en desmedro del conjunto. Tanto es así que pese a que previo al inicio de la última ronda de negociacio­nes la mesa por mayoría había rechazado que la ANEF impusiera a la mesa temas propios, con la complicida­d de la conducción de la CUT logró reponer sus temas en materia de regulación de la contrata y de la Ley 19.296, norma que al afectar al conjunto de las organizaci­ones del sector público no es posible de abordar si no es con la totalidad de los gremios involucrad­os, esto ya había sido concordado en orden a no incluir en la ley de reajuste y con maniobras de última hora fue repuesto”, dijo Esteban Maturana, presidente de Confusam.P

“Eso quedó pendiente, entendemos que no hay condicione­s hoy para consolidar un acuerdo”.

CARLOS INSUNZA

“Estos hechos, entre otros, han generado una grave fractura en la mesa del sector público”.

ESTEBAN MATURANA

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