Consumidores: ¿y ahora qué?

Opinión

LUEGO del fallo del Tribunal Constitucional que rechazó diversos artículos del proyecto de ley del Sernac se derivan diversas conclusiones. La primera es el saldo a favor de los consumidores que subsiste en el proyecto: 1. Se aumentan las cuantías de las multas en contra de las empresas infractoras; 2. Ciertos plazos de prescripción se ven aumentados en favor de los consumidores; 3. Se perfeccionan ciertos aspectos procedimentales; y 4. Se permite la indemnización del daño moral colectivo. La segunda conclusión es que el Gobierno ha desperdiciado cuatro largos años de tramitación en un proyecto fallido, pues bastaba un análisis de la jurisprudencia previa del mismo tribunal para saber su opinión negativa de otorgar labores jurisdiccionales a organismos públicos que no son tribunales. ¿O acaso el Gobierno creyó que su retroexcavadora era de una dimensión tal, que le permitía pasar por sobre el TC? Luego de tantos años perdidos, ¿qué se debe esperar del próximo Gobierno en materia de protección de consumidores? ¿Fortalecer el Sernac o fortalecer a los consumidores? Si observamos como se avanza en esta materia en Europa, se podrá concluir que el camino es fortalecer al consumidor, facilitando el acceso a mecanismos alternativos de resolución de conflictos que le permitan obtener una solución eficaz al problema que lo aqueja. Por ejemplo, es de toda lógica que si el consumidor puede celebrar contratos electrónicos pueda, a su vez, acceder a un mecanismo telemático de conciliación o mediación. Cabe considerar que recientemente la Ley 7/2017 debió incorporar al ordenamiento español la Directiva 2013/11/UE, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo. La tarea del nuevo Gobierno debería centrarse, por una parte, en desarrollar una legislación que entregue alternativas y facilite la resolución de conflictos y, por otra, proponer incentivos adecuados para que las empresas participen en ellos y acepten soluciones justas y prontas. Al final del día, lo que la gran mayoría de los consumidores y empresas buscan es resguardar de buena fe sus derechos y evitar prolongados y costosos juicios.