Mirada La urgencia de definir estándares de infraestructura urbana

de goce de altos niveles de legitimidad.

Esto, sumado al estricto cumplimiento de la ley por parte de los desarrolladores inmobiliarios, así como un proceso sostenido de mejoramiento de sus prácticas y estándares, evitaría la creciente conflictividad y falta de certeza jurídica que afecta a anteproyectos y permisos de edificación, que constituyen la base de la actividad de la construcción. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano están llamados a jugar un rol central en la conducción y resolución de este debate.

Ahora bien, no hay que olvidar que todavía es necesario construir poco más de 500.000 viviendas para resolver el déficit habitacional que afecta a los segmentos más vulnerable de la población, lo cual permitiría reemplazar inmuebles que no ofrecen condiciones mínimas de habitabilidad y abordar el problema del allegamiento extremo.

Mantener los programas habitacionales vigentes –evitando interferencias a proyectos ya estudiados y aprobados por la autoridad– es central para avanzar en esta tarea.

En definitiva, en materia de vivienda y urbanismo existen tantos desafíos como oportunidades, los que, con voluntad política y trabajo conjunto, podrían ser afrontados exitosamente, para beneficio de todos los habitantes del territorio nacional.