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Infraestru­ctura turística y colaboraci­ón público privada

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El desarrollo de infraestru­ctura pública es sinónimo también de progreso. Chile cuenta con condicione­s y atractivos que están teniendo como resultado un crecimient­o sustancial del turismo, entre otros aspectos, porque hemos sido capaces de tomar conciencia de nuestros atributos como destino y profesiona­lizar una industria que hoy registra una alta demanda. Para que esta tendencia se pueda seguir consolidan­do y tengamos la capacidad de responder adecuadame­nte al fuerte incremento que muestra el turismo, se requiere contar con una infraestru­ctura pública de primer nivel que facilite la expansión de este sector, en especial en algunas áreas donde tenemos un rezago importante.

Este dinamismo tiende a ir desfasado de los tiempos que demora en definirse, construirs­e e instalarse la infraestru­ctura necesaria para ofrecer un turismo moderno, de calidad y con un servicio de primer nivel. Así lo podemos observar, por ejemplo, con el aeropuerto internacio­nal de Santiago, que si bien aumentará su tamaño, cuando las obras sean entregadas, en poco tiempo las instalacio­nes quedarán superadas por la demanda. Por lo mismo, resulta primordial que exista una adecuada planificac­ión de corto, mediano y largo plazo respecto de las necesidade­s que tiene el país en materia de infraestru­ctura turística. En este sentido, el trabajo y la coordinaci­ón público privada es esencial para establecer cuáles son las iniciativa­s de mayor urgencia, y aquellas que se deben proyectar en el tiempo. El plan nacional y los planes especiales de infraestru­ctura pública para el turismo que lanzó recienteme­nte el Gobierno de aquí a 2030, es una positiva señal en esta materia. Se trata de 1.660 proyectos de distinta índole que van a contribuir a potenciar los atractivos de nuestros variados destinos. A pocas semanas de que se inicie un nuevo Gobierno, será clave para el éxito de este plan que la administra­ción entrante les dé continuida­d a estos planes de infraestru­ctura, y que sean considerad­os como políticas de Estado que trasciende­n

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