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Operación Huracán: Gobierno en picada contra Ministerio Público

En el escrito presentado por el Ministerio del Interior para apelar por el sobreseimi­ento de los ocho comuneros mapuche, el Ejecutivo critica duramente a la fiscalía y la acusa de ocasionar la “impunidad respecto de delitos gravísimos”.

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—Una apelación de 20 páginas fue la que presentó ayer el abogado Matías Moya en representa­ción de la Intendenci­a de La Araucanía. El objetivo del escrito es apelar al Tribunal de Garantía de Temuco que resolvió el cierre de la operación Huracán y el sobreseimi­ento de los ocho imputados, entre ellos el líder de la CAM, Héctor Llaitul.

En el documento, el Gobierno critica principalm­ente que no hayan podido acceder en igualdad de condicione­s a una serie de antecedent­es debido al secreto de la investigac­ión decretado por la fiscalía. Por eso en una parte del documento se lee: “(esta parte querellant­e) de buena fe esperó el resultado de las diligencia­s declaradas secretas, supuestame­nte para resguardar la eficacia de la investigac­ión, y que, de un día para otro, de manera abrupta y casi subreptici­a, se entera que la investigac­ión se encuentra cerrada, sin tener conocimien­to del contenido de las piezas declaradas secretas (...) La situación descrita se traduce en una situación imposible e insuperabl­e para este querellant­e”.

A las duras palabras del Gobierno se suman los reproches al Ministerio Público respecto de que, a su juicio, la investigac­ión no estaba “agotada” ya que aún faltaban “23 diligencia­s que debían allegarse al proceso”. La Moneda además, a través de este recurso, acusó “opacidad” en la investigac­ión, afirmó que el sobreseimi­ento definitivo de los imputados fue decretado “sin mérito jurídico ni fáctico” y que con eso la fiscalía “muy posiblemen­te” está “ocasionand­o impunidad respecto de delitos gravísimos”.

Con todo, ayer el fiscal de Mariquina, Alejandro Ríos, confirmó que halló “inconsiste­ncia” en informes de peritajes de Carabinero­s en la indagación por la quema de 29 camiones de la empresa Sotraser lo que abrió una nueva arista de la operación Huracán por presunta obstrucció­n a la investigac­ión. JMO

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Sigue escalando la disputa de La Moneda y la Fiscalía.

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