Nueva norma de provisiones le costaría a bancos casi el doble de lo previsto por el regulador
Mientras el regulador anunció que la normativa que puso en consulta hasta el viernes pasado tendría un costo de US$275 millones, desde la industria proyectan que serían US$500 millones.
La SBIF estimó que la norma de provisiones para los créditos de consumo costaría unos US$ 275 millones. La industria, en cambio, cifra el impacto en hasta US$ 500 millones.
—Casi el doble de lo que proyectó la Superintendencia de Bancos (SBIF) podría costarle a la industria la nueva norma de provisiones. Esto, considerando que mientras el regulador anticipó que el costo sería de unos US$275 millones a nivel de sistema, ejecutivos del sector señalan que tal como está hoy la norma, el monto podría ser mucho mayor y alcanzar los US$500 millones. Entre otros aspectos, el texto establece cuatro métodos estándar para computar las provisiones de las colocaciones comerciales de las carteras grupales de los bancos: leasing comercial, factoring, crédito estudiantil y colocaciones comerciales genéricas. En ésta última se encuentran básicamente empresas medianas y pequeñas. Y son dos de esos métodos en particular los que harían que el cálculo de la banca sea mayor que el de la SBIF. En primer lugar, la nueva norma establece que las provisiones que debe tener la banca para los Crédito con Aval del Estado (CAE) deben ser de 50%, lo que sería no reconocer la garantía del Estado -dicen en la industria-, pues la Tesorería avala el 90% del crédito en caso de impago de estos préstamos. Así, en la práctica la banca pierde como máximo un 10% del monto prestado, y no la mitad del CAE como asume la nueva norma de provisiones. Pero el mayor costo para la industria también vendría por los nuevos estándares en las colocaciones comerciales genéricas, modelo que además perjudicaría el acceso a préstamos que tienen las pymes, encareciendo el crédito y, en consecuencia, se vería afectado el stock de préstamos vigentes en la cartera comercial, advierten ejecutivos. CRÉDITOS MÁS CAROS. Estas nuevas exigencias implicarían una reducción o encarecimiento de la oferta de créditos a pymes, hecho que se suma a lo ocurrido con la baja de la Tasa Máxima Convencional (TMC), mecanismo que ha sido tildado por la banca como el culpable de la desbancarización que se ha producido desde entonces, y donde los más afectados serían las personas más riesgosas, es decir, aquellos que pertenecen a los estratos socioeconómicos más bajos. Con todo, la industria está de acuerdo en que se implemente una nueva normativa de provisiones, pero quieren que se haga mirando los estándares internacionales, es decir, teniendo en cuenta la simplicidad y racionalidad dentro del documento, apuntan ejecutivos. Más allá del costo que tendrá para la banca, la industria critica el acotado período que dio el regulador para hacer comentarios a una normativa de esta envergadura, considerando que la puso en consulta el 11 de enero con plazo hasta el 16 de marzo. Es más, en un principio la SBIF había anunciado que el documento estaría disponible para comentarios sólo hasta el 12 de febrero de este año, pero tras las críticas de los regulados el organismo decidió alargar en un mes el plazo. Pese a esta extensión, ejecutivos de la banca señalan que era necesario más tiempo para poder calcular todos los alcances de la propuesta, situación similar a lo que ocurrió en 2013, cuando la Superintendencia puso en consulta la norma de provisiones de créditos hipotecarios por poco tiempo, y donde finalmente el documento no costaba US$150 millones, como decía la Superintendencia, sino que US$500 millones, cifra que tras los comentarios lograron se redujera. Con todo, actualmente la industria está funcionando con modelos internos de provisiones, pero en general éstos no han sido aprobados por el regulador. Por ello, los bancos privados abogan por un fortalecimiento de los procesos de aprobación de éstos modelos, pues para el caso de las entidades de nicho, los parámetros estándares de provisiones no necesariamente reflejan los niveles de riesgo de sus carteras, afectando sus políticas comerciales. “Esta Superintendencia ha decidido avanzar en la implementación de métodos estandarizados para esta cartera, los que constituirán un piso prudencial para los métodos internos que no hayan sido expresamente aprobados por este organismo”, dijo la SBIF cuando puso en consulta la normativa.