Avances y desafíos en la inclusión laboral
EN CHILE, uno de cada cinco adultos tiene algún grado de discapacidad, lo que equivale a 2,6 millones de personas. De éstas, un 39% están ocupadas y perciben un ingreso promedio que oscila entre un 62 y un 70% del que recibe la población sin discapacidad. Para hacerse cargo de esta realidad, el Gobierno de la Presidenta Bachelet recogió un conjunto de mociones parlamentarias e impulsó un cambio legislativo y cultural, destinado a establecer una cuota mínima de contratación laboral de personas con discapacidad en empresas e instituciones del sector público y privado, lo que culminó en la aprobación de la ley N°21.015 que entra en vigencia el 1 de abril. Esta ley define una reserva legal de contratación del 1% del total de trabajadores de una empresa o de un organismo público, para personas con discapacidad, en el caso que cuenten con 100 o más trabajadores. Estas personas deberán estar inscritas en el Registro Nacional de la Discapacidad. Reconociendo la dificultad que podrían enfrentar algunas empresas para cumplir esta obligación, la ley contempla medidas alternativas en casos fundados, como son, la naturaleza de las funciones que desarrolla la empresa o por falta de personas interesadas en las ofertas de trabajo. Las empresas que justifiquen esta imposibilidad podrán cumplir su obligación en forma subsidiaria, a través de contratos de servicios con empresas inclusivas o mediante donaciones a proyectos o programas de organizaciones sin fines de lucro dedicadas a la rehabilitación o inserción laboral de personas con discapacidad. Para el sector público se consagra también un mecanismo de selección preferente en los procesos de selección de personal. En igualdad de condiciones de mérito, los servicios públicos deberán preferir a personas con discapacidad. Para atenuar los potenciales costos de esta política pública, se diseñó una implementación gradual partiendo por las grandes empresas, para luego incorporar a las de 100 a 199 trabajadores, y la opción de cumplir de forma subsidiaria sin expresión de causa durante los dos primeros años. La correcta implementación de la ley constituye un enorme desafío para las empresas, que exige adecuaciones en los espacios de trabajo, mejoras en la accesibilidad y sobre todo, cambios en la cultura organizacional. Además, existen importantes desafíos para el sector público, no sólo en su condición de empleador, sino para la gestión y capacidad de respuesta de las instituciones públicas responsables de facilitar la implementación de la ley (Compin, Registro Civil, Dirección del Trabajo y Senadis, entre otros). Las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación tampoco pueden restarse del rol de enlace y control social. La inclusión laboral de personas con discapacidad es un desafío pendiente en nuestro país y a través de esta ley estamos reconociendo y valorando el aporte de las personas que poseen capacidades diferentes. Este es el camino que debemos seguir recorriendo para alcanzar un auténtico desarrollo.