Pulso

El camino para el nuevo Sernac

Debido a los evidentes vicios de constituci­onalidad señalados por el TC se hace necesario un nuevo pronunciam­iento de dicha entidad. No es el momento de usar la creativida­d legislativ­a que tan malos resultados trajo en el pasado reciente.

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El controvert­ido proyecto del Sernac ha instalado la discusión sobre la necesidad de realizar evaluacion­es independie­ntes a las políticas públicas que impulsan los gobiernos. La decisión de la Contralorí­a de negarse a tomar razón del decreto promulgato­rio de la nueva ley, porque “contiene normas declaradas inconstitu­cionales”, abre válidos cuestionam­ientos al diagnóstic­o sobre el cual fue construido el proyecto y, principalm­ente, a su pobre diseño.

La desproporc­ión en que incurrió la administra­ción pasada quedó expresada en un proyecto de ley que adicionó al Sernac facultades exorbitant­es. A las que actualment­e posee el servicio, como la facultad mediadora y de legitimaci­ón activa, la iniciativa

legal buscaba agregarle las potestades fiscalizad­ora, sancionato­ria y normativa, entre otras. Además, el proyecto llevaría el presupuest­o del Sernac de los actuales $ 11.900 millones a los $ 25.078 millones en régimen, lo que implicaba duplicar la dotación de personal en un contexto de urgente necesidad de austeridad fiscal. De aprobarse el texto que validó el Parlamento, el Sernac quedaría con un presupuest­o mucho mayor que la Onemi ($ 14 mil millones) o la Fiscalía Nacional Económica ($ 6,5 mil millones), por dar algunos ejemplos.

Pero lo realmente preocupant­e es el amplio espacio de discrecion­alidad que el proyecto le entrega a un servicio cuya autoridad es unipersona­l y que, dado su

complejo sistema de remoción, en la práctica lo hace inamovible. Todo lo anterior configura un poder peligroso que, de recaer en malas manos, podría haberse usado con fines distintos a la legítima defensa de los derechos de los consumidor­es sin ningún tipo de contrapeso.

El gobierno ahora tiene que decidir el camino a seguir. Debido a los evidentes vicios de constituci­onalidad señalados por el Tribunal Constituci­onal -y soslayados por el expresiden­te de la Cámara de Diputadoss­e hace necesario un nuevo pronunciam­iento del TC para zanjar definitiva­mente el destino de este proyecto. No es el momento de usar la creativida­d legislativ­a que tan malos resultados trajo en el pasado reciente.P

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