Crónica de una nueva crisis ambiental que tiene en alerta a Enap y a Medio Ambiente

NNuevamente la Enap está en el ojo del huracán por problemas ambientales en Quintero. La petrolera estatal fue la única de las 17 empresas que operan en la zona Quintero-Puchuncaví que sufrió la paralización de algunas de sus instalaciones por la presunta responsabilidad en los episodios de contaminación que afectaron la zona el martes y jueves pasado.

Ante las acusaciones de culpabilidad, la empresa el viernes salió a defenderse, poniendo al gobierno en una incómoda situación, porque son dos organismos (Ministerio de Medio Ambiente) y una empresa estatal las que están en disputa y donde cada una utilizará todas sus municiones para hacer valer su posición.

La bitácora Las versiones de culpabilidad de Enap se conocían desde el jueves, tanto en la comunidad de Quintero como al interior de Medio Ambiente, pero la inspección de la superintendencia realizada el jueves no da cuenta de ello. La petrolera reitera que no cumplió un rol en los eventos y anuncia medidas legales si finalmente las investigaciones le dan la razón.

Enap señala que los tres componentes que habrían afectado a la comunidad (isobutano, nitrobenceno y metilcloroformo) no se almacenan, producen o se utilizan en las instalaciones de Enap Quintero. nes de olores en los puntos planta de tratamiento de riles y separador API, “se perciben olores en las proximidades (contorno) de piscinas, asimilables a hidrocarburos”.

El viernes, a las 17 horas, la SMA dio su versión de los hechos e indicó que inició una investigación para constituir el origen de las emanaciones, labor que indica el organismo “es altamente compleja desde el punto de vista técnico, dadas las circunstancias que rodean este caso”.

Pese a eso, indica que se decidió, entre otras medidas, clausurar los estanques ubicados al interior del terreno de Enap en Quintero, los que se encuentran en mantención. Sin embargo, la investigación no ha concluido, pues la SMA también ha ordenado citar a declarar a los representantes de las empresas de la zona que poseen procesos y/o desarrollan acciones que puedan ser generadoras de los episodios de contaminación y añadió que las acciones de fiscalización continuarán.

Al ser consultado, Cristián Franz indica que la medida se toma porque “hasta ahora solo en Enap hemos detectado faenas que pudieron causar el problema, por eso decretamos la medida precautoria. La investigación sigue en curso. Si aparecen antecedentes de otras empresas que puedan producir el mismo problema, también dictaremos medidas a ellas”.

Mientras eso se resuelve, Enap, que descarta ser la responsable de los olores que perjudicaron a la comunidad de Quintero, contrató a una empresa para certificar su responsabilidad en los hechos, pese a -recalcan al interior de la firma- estar seguros de no ser los responsables. “Todas las investigaciones que hemos realizado muestran que Enap no es responsable de estos lamentables sucesos”, indica la estatal en una nueva declaración pública.

Por eso, la petrolera no descarta que si las nuevas investigaciones confirman que Enap no tiene responsabilidad en los hechos, “tomaremos todas las acciones que nos permitan reparar el grave daño reputacional que ha significado para nuestros colaboradores y nuestra empresa”.

Los otros vecinos

Las próximas horas serán cruciales en Quintero, porque el resto de las empresas que operan en el cordón Quintero-Puchuncaví seguirán en la mira de la SMA. Una de ellas será Oxiquim, compañía de capitales nacionales presidida por el abogado Fernando Barros, cercano al Presidente Piñera. La firma, vecina de Enap, también estuvo entre las sindicadas como potenciales causantes de los episodios de intoxicación, las horas previas a que el gobierno suspendiera las operaciones de la planta de Enap.

En la firma, el gerente general, Edmundo Puentes, rechaza las acusaciones. “El terminal que operamos en la Bahía de Quintero no tiene relación alguna con los eventos medioambientales que han afectado a la comuna”. Añade que lo anterior fue constatado en las visitas inspectivas realizadas por inspectores de la Seremi de Salud y especialistas de la Brigada de Delitos Ambientales de la PDI, que realizaron evaluaciones a todas las empresas que operan en la zona. “Operamos nuestro terminal normalmente, con estricto apego a la normativa legal y medioambiental vigente y mantenemos, como siempre, una política de transparencia respecto de nuestras operaciones”, indica Puentes.

Sin embargo, en la jornada del viernes incluso hubo versiones que indican que la Seremi de Salud tenía intenciones de paralizar las operaciones de la firma controlada por la familia Navarrete Rolando y sus descendientes, lo cual finalmente no sucedió.P