Desde la creación de la ley de lavado de activos se han dictado 91 condenas
Las sentencias, aplicadas entre 2007 y 2017, involucraron a 176 personas y un beneficio fiscal de $11.687 millones.
—Desde la entrada en vigencia de la ley que tipificó el lavado de activos, en 2003, se han registrado 91 condenas por este delito. Las sentencias, que fueron dictadas entre 2007 y 2017, involucraron a 176 personas y un beneficio fiscal de $11.687 millones; $7.280 millones por decomisos y el resto del dinero por multas aplicadas a los condenados.
Así lo consigna el IV Informe de tipologías y señales de lavado de activos en Chile, elaborado por la Unidad de Análisis Financiero (UAF), el cual fue publicado recientemente.
La recuperación de dinero a través de decomisos se desarrolló en cuatro ámbitos: 102 bienes inmuebles por cerca de $3.015 millones; dinero ($2.574 millones); 225 vehículos ($1.657 millones); y dos maquinarias ($18,8 millones).
En tanto, las sanciones totalizaron $4.407 millones. Este valor está fuertemente influido por las multas asociadas a un caso de devolución de impuestos que tuvo condenas en 2015 y 2017. Cabe precisar que parte de las multas aún no han sido percibidas.
Del total de los casos, los delitos base que lideraron la lista fueron el tráfico de drogas, con 68 condenas por dicho ilícito, el cohecho (9), el fraude al Fisco (6), la obtención fraudulenta de créditos (5) y la malversación de caudales públicos (4), entre otros.
De todos modos, desde el 2014 se ha observado un cambio en la composición de los delitos base, donde la participación de las sentencias ligadas al tráfico de drogas pasaron de representar sobre el 80% ese año a 33% en 2017.
A su vez, las condenas asociadas a delitos base relacionados con corrupción y obtención fraudulenta de créditos han aumentado su participación.
En todos estos casos ha ha- bido una coordinación entre la UAF con el Ministerio Público, donde ambas entidades han intercambiado información.
El informe también indica que los sectores económicos más vulnerados en los respectivos casos fueron las notarías, las automotoras, los bancos, los conservadores de bienes raíces, las corredoras de propiedades y gestoras inmobiliarias, y las casas de cambio.
El análisis, además, arrojó que los mecanismos más utilizados para el ocultamiento y disimulación de los recursos obtenidos de forma ilícita fueron el uso de testaferros y la creación de personas y estructuras jurídicas.
Respecto a estas últimas, las figuras utilizadas más frecuentes fueron las sociedades de fachada, las sociedades de pantalla y las sociedades de papel.
También se identificó el uso de siete productos financieros para estos fines: el efectivo, las cuentas bancarias, los créditos, la compraventa de moneda extranjera, los cheques, los fondos mutuos, y la transferencia internacional de dinero.P