El debate por los límites a los profesores opinantes en las Universidades
Están en todos los medios. Opinan de tanto en tanto sobre diferentes políticas públicas, como reforma tributaria, previsional, balance estructural, empleo y con distintas aproximaciones. Son parte de universidades conocidas ubicadas en primeros lugares en distintos rankings. Algunos de ellos son o fueron autoridades relevantes de la escena criolla. Son los profesores opinantes, varios economistas, que desde su sillón en un aula ofrecen su visión a la ciudadanía.
¿Qué opinan las universidades sobre esta doble faceta de académicos y referentes públicos? Están felices, no solo los apoyan, sino que también los estimulan, porque tal como admiten sus máximos directivos, las universidades no pueden convertirse en un conocimiento encerrado en cuatro paredes, sino todo lo contrario.
“La universidad siempre ha insistido en la necesidad de que el trabajo académico no se ensimisme, no se vuelque solo hacia sus cultores, sino que sea capaz de comunicar sus resultados y sus reflexiones a las grandes audiencias. Una universidad debe ser una torre de marfil, en la medida en que crea un ambiente de reflexión imparcial y distanciada, pero debe ser una torre de marfil situada en medio de la plaza”, indica el rector de la U. Diego Portales (UDP), Carlos Peña.
Esta casa de estudios está frecuentemente en los medios, no solo a través de su rector, que semanalmente levanta polémica con sus columnas, sino que también de académicos, como el abogado constitucionalista Javier Couso, el experto en transportes Louis de Grange y el economista Raphael Bergoeing, que hoy preside la Comisión de Productividad del gobierno.
Para la UDP es importante estar presente en la discusión, tanto que realizan un informe anual sobre la presencia en publicaciones de prensa, en el cual aparecen en tercer lugar, con 2.273 apariciones en el reporte 2017, después de la Universidad de Chile (2.662) y la Universidad Católica, UC (2.612), y distanciada del cuarto lugar que ocupa la Universidad Adolfo Ibáñez, UAI, (738).
“El aporte a lo público es esencial para nosotros. Un profesor debe idealmente cumplir tres funciones: formar estudiantes, investigar y que todo su quehacer impacte en la sociedad. Creemos que el aportar con opiniones fundamentadas a las políticas públicas es primordial”, acota, a su vez, el vicerrector académico UC Juan Larraín
Mientras que Harald Beyer, rector de la UAI, puntualiza: “La UAI tiene procesos de selección de sus académicos bastante competitivos y creemos, por tanto, que sus capacidades son destacables, y por ello no pueden dejar de poner esas capacidades al servicio de la sociedad. Es parte de su quehacer. La población no merece que las universidades estén alejadas de asuntos cruciales para su desarrollo individual y colectivo”. De la UAI son conocidos actores, como Andrea Repetto, una de las pocas mujeres economistas presentes en el debate público; Claudio Agostini, que ha liderado una cruzada personal contra el sistema de notarios en Chile y defensor acérrimo de la libre competencia (pro merca- do, no pro empresa, ha aclarado en innumerables ocasiones), e Ignacio Briones, que hace unos pocos días respaldó el proyecto tributario del gobierno ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.
¿Opinar o publicar?
Pero estar presente en los medios también tiene su costo para los profesores, porque les “roba” tiempo no solo de su trabajo como académico, sino que también de su rol de investigador en un instante en que muchas casas de estudio presionan por publicar en revistas especializadas (ISI), ya que estas son un referente a la hora de evaluar a las Ues. y ubicarlas en los múltiples rankings internacionales.
Cada día con más énfasis las universidades proveen de expertos a la discusión pública, los académicos ya no son anónimos, sino que actores relevantes en el quehacer político. Con cada opinión, cada uno no solo da cuenta de su trabajo, sino que también se visibiliza su tendencia política. ¿Este hecho satisface a sus casas de estudio? Fue una pregunta para las más opinantes.
Los rectores de la UDP y UAI aseguran que no hay directriz de ningún tipo para las opiniones, sino que independencia crítica. En la UC y la U. de Chile surgen más contornos.
Estar presente en los medios también tiene su costo, porque les “roba” tiempo no solo de su trabajo como educador, sino que también de su rol de investigador.
“Las cargas horarias adquieren otra connotación al considerar que la docencia y la investigación tributan a la vinculación con el medio. Se ha ido intencionando una política de extensión y vinculación con el medio que reconozca y evalúe la dedicación a este ámbito en la calificación académica, lo que se traduce en un incentivo para dedicarse a esta misión fundamental del quehacer universitario”, señala la directora de extensión de la U. de Chile, Ximena Póo. En esta Casa de Bello se albergan dos destacadas exautoridades: el exsubsecretario de Hacienda Alejandro Micco y el expresidente del Banco Central, José de Gregorio –hoy deca-
no de la Facultad de Economía-, que en el último tiempo han apuntado sus dardos contra la reforma tributaria del gobierno.
En la UAI, Beyer admite que hay tensión entre la exposición pública y los resultados académicos: “Además de docencia e investigación tiene que haber tiempo para actividades de vinculación con el medio y ello, de hecho, se reconoce en los procesos de jerarquización académica”.
En tanto, para la UDP es vital la presencia en el debate público, como asegura su rector: “No son tiempos rivales o competitivos. Como es obvio, quien es capaz de hablar el lenguaje de sus pares debe también ser capaz de hablar a las audiencias. Comunicar los resultados del propio quehacer no es un trabajo adicional a la ocupación académica, es parte de ella”.
Para el vicerrector de la UC, ambos temas, investigación y opinión, van estrechamente vinculados, “lo que nos hace distintos como universidad es que nosotros opinamos basados en datos científicos, y en ese sentido las publicaciones ISI tienen la característica de que la investigación ha sido revisada en forma crítica por otros pares y ha sido validada. Eso implica que la contribución de ese profesor será con datos duros producto de su investigación, no una simple opinión”.
¿A quién representan?
En este contexto es razonable preguntarse cuánto de la opinión pública de los académicos es avalada por las mismas casas universitarias, si responden o no al perfil que desean transmitir. Los rectores de la UDP y la UAI aseguran que no hay ningún marco preestablecido, mientras que en la U. de Chile y en la UC sí admiten que hay ciertos enfoques o mínimos que se esperan. Póo define que los temas a incidir deben apuntar a un desarrollo sustentable y democrático para el país: “La creación de bienes públicos y simbólicos es un elemento que para la U. es una bisagra para articular un relato país que potencie una ciudadanía crítica que ve el presente y futuro con enfoque de derechos. Medioambiente, migraciones, pueblos originarios, desarrollo científico, derechos sociales, género, entre otras, aluden no solo a objetos de estudios, sino a problemas que requieren de preguntas y soluciones urgentes y con miradas a largo plazo”.
Mientras que el vicerrector de la UC remarca el contorno con la opinión fundamentada: “Entendemos que un profesor universitario debe contribuir basado en su conocimiento; que no opine sobre temas que no sabe. Hay plena libertad para opinar en las posturas que ellos quieran, pero esperamos siempre que sean de un punto de vista académico”.
Sintomático o no, en la UC confluyen dos corrientes bien definidas. Uno en la Escuela de Gobierno que integran dos profesores exministros del gobierno de Bachelet, Rodrigo Valdés y Máximo Pacheco, y por otro lado, Clapes UC, centro creado por el actual ministro de Hacienda, Felipe Larraín, donde anidan Sergio Urzúa y Salvador Valdés, entre otros.
“Creo que aportamos a la riqueza de la discusión con ambos ejemplos. Para nosotros es claro que ambos centros están formados por académicos de prestigio que realizan sus estudios y llegan a conclusiones. Hay que ver la universidad como un todo, hace poco creamos la Escuela de Gobierno, y uno esperaría que sus profesores tengan una mayor contribución, con opiniones fundamentadas a las políticas públicas que un profesor de una facultad científica”, sintetiza Larraín.P