Regulación de criptomonedas y fallo de la Corte Suprema

La resolución de la Justicia, que le dio la razón a los bancos, debiera ser considerada por el TDLC. En pos de la libre competencia no se puede correr el riesgo de realizar una ilegalidad al incumplir la regulación específica.

LA Corte Suprema revocó la sentencia de la Corte de Apelaciones y rechazó el recurso de protección que Orionx, plataforma chilena que transa criptomonedas, había presentado en marzo con el objetivo de que BancoEstado no le cerrara su cuenta.

Actualmente, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) se encuentra definiendo cuáles serán los medios de prueba, después de que las partes le enviaran sus respectivas propuestas y observaciones, por lo que se espera que el período probatorio comience dentro de las próximas semanas.

Con todo, la decisión del máximo tribunal es una buena noticia y cumple con las leyes exigidas por el propio Estado a la industria bancaria. No se debe perder de vista que el cierre de las cuentas corrientes por parte de las entidades bancarias privadas y también BancoEstado, ha sido justificado por las entidades como una decisión para evitar eventuales riesgos, entre ellos, un posible lavado de activos, considerando que dicha actividad no está regulada.

De hecho, hasta antes de este fallo había un contrasentido, pues por un lado el regulador exige a los bancos conocer el origen

y destino de los fondos, algo que no era factible manejar en la industria de las criptomonedas debido a su desregulación.

El fallo de la Corte Suprema es un antecedente potente que debe ser tomado en cuenta por el TDLC a la hora de resolver el caso. No puede ser que en pos de la libre competencia se obligue a un actor a hacer algo que su propio regulador le prohíbe, en un claro riesgo de caer en una ilegalidad.

Es de esperar que la regulación de los criptoactivos, así como también en las empresas tecnológicas que prestan recursos en que trabaja el gobierno, apunte en la dirección correcta.P