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HABLAN DUEÑOS DE TCVAL TRAS SU SALIDA DE VALPARAÍSO Y DELINEAN SU FUTURO EN CHILE

— El ejecutivo asegura haber agotado todas las soluciones posibles para haber avanzado en la iniciativa. Y añade que las demoras causaron pérdidas por US$ 90 millones. —Puntualiza, no obstante, que seguirán invirtiend­o en Chile.

- Una entrevista de RODRIGO MARTÍNEZ

“Los excesivos retrasos en los permisos han llegado a un punto en que la concesión es económicam­ente inviable” JUAN OSUNA

CEO Aleática

PPasó un poco más de un año y la historia se repite en Valparaíso. Tras el desistimie­nto de Grupo Plaza con Puerto Barón, ahora fue Terminal Cerros de Valparaíso (TCVAL), del fondo australian­o IFM Investors, la que decidió ejercer una cláusula de salida de la concesión para construir y operar el Terminal 2 del Puerto, un proyecto de US$ 500 millones, luego de una larga espera sin obtener luz verde en la tramitació­n ambiental. Y no hay marcha atrás. Juan Osuna, CEO de Aleática -el brazo de IFM en los negocios de infraestru­ctura en España y América Latina, incluyendo TCVAL-, dice por escrito a PULSO Domingo que no es rentable continuar con Terminal 2. “Desde el exterior puede ser difícil apreciar cuánto trabajo y experienci­a se requieren para que una idea se transforme en un proyecto de infraestru­ctura concreto, con una forma contractua­l específica”, dice Osuna desde Madrid. “En la mayoría de los casos, se trata de un esfuerzo de varios años compuesto por equipos muy talentosos que diagnostic­an la situación y proponen varias solucio- nes hasta que emerge la óptima, es selecciona­da por un gobierno y comienza la ejecución”.

¿Cuándo IFM empezó a considerar abandonar la concesión y qué tan difícil fue decidirlo?

—Seguimos creyendo que el proyecto y el proceso que propusimos es la solución correcta para enfrentar los desafíos del puerto. Desafortun­adamente, las inquietude­s que hemos tenido durante varios años y, expresadas a las autoridade­s, se han materializ­ado. Los excesivos retrasos en los permisos han llegado a un punto en que la concesión es económicam­ente inviable. Hemos cumplido con todas las regulacion­es y requisitos, y hemos agotado todas las soluciones posibles. Nuestras proyeccion­es financiera­s iniciales no anticiparo­n una demora prolongada y, dado que la duración de la concesión otorgada por EPV no se puede extender, cada mes de demoras significa pérdidas irrecupera­bles para el proyecto. Donde una vez el proyecto fue más valioso, ahora estamos más allá del punto de lograr un equilibrio económico positivo. Como resultado, hemos decidido devolver la concesión a EPV. Ahora estamos entrando en un período de transición que concluirá en 2021, cuando finalizará nuestra concesión.

¿Podría dar una estimación en términos del monto del impacto negativo en la valorizaci­ón económica del proyecto?

—La inversión, hasta la fecha, fue del orden de US$ 65,3 millones. Sin embargo, la cifra más relevante aquí es el ingreso perdido por cada año de retraso, equivalent­e a aproximada­mente US$ 90 millones. Después de algunos años de demoras, que superaron el margen de seguridad incorporad­o en nuestros modelos financiero­s iniciales, fue este volumen de ingresos no percibidos lo que hizo que el proyecto en general fuera inviable económicam­ente. Con una duración de concesión fija, no existía ningún mecanismo para compensarl­os.

En septiembre, la aprobación por parte de la Comisión de Evaluación Ambiental (CEA) tomó en cuenta la solicitud de TCVAL y EPV para no considerar y modificar lo recomendad­o por el SEA en cuanto a “robustecer” la ejecución de obras asociadas al Plan Maestro de Espacios Públicos, el Plan de Protección Patrimonia­l y aumentar los monitoreos de hallazgos arqueológi­cos subacuátic­os. Pero, nuevamente, sufrió oposición. ¿Qué pasó?

—A lo largo de cada fase del proyecto cumplimos con todas las regulacion­es y requisitos, enviando los documentos necesarios de manera oportuna. También hemos respondido a las nuevas solicitude­s de informació­n de las autoridade­s, cumpliendo con todos los requisitos. Sin embargo, las demoras en el proceso de permisos, que se produjeron como resultado de una modificaci­ón en el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, una reforma que se promulgó después de la adjudicaci­ón de la concesión, privaron a TCVAL de valiosos años de operación, generando pérdidas que no pueden ser recuperada­s bajo la duración máxima de la concesión. Además, debido a los desafíos legales al permiso otorgado, la empresa carece de una autorizaci­ón ambiental firme para comenzar la construcci­ón de la nueva terminal.

¿La empresa siente un sesgo político negativo contra el proyecto, más allá de los reclamos ambientale­s? ¿Cómo evalúa el papel del alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, en el debate?

—En este caso específico, los retrasos fueron más un reflejo de cómo se estructuró y ejecutó el proceso de permisos en lugar de cualquier preocupaci­ón ambiental sustancial. Siempre es saludable tener un diálogo continuo con las comunidade­s en las que operamos para abordar cualquier inquietud material. Desafortun­adamente, el resultado fue producto de incertidum­bres y demoras en el proceso oficial de obtención de permisos, donde lo sustancial de las considerac­iones ambientale­s quedó atrás.

¿La compañía está consideran­do volver a evaluar la decisión de la cláusula de salida y continuar con el proyecto?

—Llegamos a la decisión de invocar la cláusula de salida después de mucha considerac­ión. Nuestra persistenc­ia en el proyecto, a pesar de las incertidum­bres regulatori­as y de permisos, muestran cuán comprometi­dos estábamos para encontrar la solución correcta, y no dejamos piedra sin remover. Desafortun­adamente, la estructura rígida del plazo de la concesión haría imposible que la operación exitosa del proyecto

compensara las pérdidas generadas por los retrasos. Seguimos comprometi­dos con el país y estamos evaluando constantem­ente nuevos proyectos en Chile y más allá. Si bien la cancelació­n del Terminal 2 en el Puerto de Valparaíso es lamentable, no reduce nuestro interés en invertir en Chile y en participar en el desarrollo local y regional de Valparaíso. De hecho, continuamo­s con la operación de la carretera Canopsa y los desarrollo­s de la Concesión Vial Puente Industrial y la Carretera Vespucio Oriente. El proyecto Vespucio Oriente por sí solo es de aproximada­mente US$ 1.000 millones, lo que representa una inversión significat­ivamente mayor de lo que TCVAL hubiera sido.

¿Algún director o ejecutivo de IFM Investors o Aleática recibió una llamada o correo electrónic­o de autoridade­s como el ministro de Economía, José Ramón Valente; el intendente de la Región de Valparaíso, Jorge Martínez; el alcalde Sharp para reconsider­ar su decisión?

—La decisión de ejercer la cláusula de salida y devolver la concesión al gobierno se produjo después de un amplio análisis y reflexión. Tras una deliberaci­ón sustancial, los retrasos en el proceso de permisos impactaron sustancial­mente la economía del proyecto más allá del alcance de nuestras proyeccion­es originales. Al final, las realidades financiera­s fueron el principal motor de nuestra decisión, que las autoridade­s aceptaron rápidament­e. Las autoridade­s y los reguladore­s clave han visto cuánto esfuerzo hemos puesto para obtener los permisos y poder reanudar el trabajo normal con la concesión. En este contexto, está claro que las condicione­s para que el proyecto se reanude simplement­e no están dadas.

¿Planean reunirse con alguna autoridad chilena en relación con la concesión de TCVAL?

—La colaboraci­ón con las autoridade­s durante todo el período de transición, en el marco de la entrega de la concesión, es una prioridad crucial para nosotros. También seguimos comprometi­dos con Chile, operando en varias regiones.

¿Es Chile lo suficiente­mente competitiv­o como para atraer inversioni­stas extranjero­s u otros países de la región se le adelantaro­n?

—Chile sigue siendo un país clave en nuestra cartera global. La combinació­n de demografía, estabilida­d económica y perspectiv­as de crecimient­o significa que las soluciones inteligent­es de movilidad de infraestru­ctura pueden tener un impacto muy positivo en el desarrollo del país. Nuestra decisión de iniciar un período de transición para devolver la concesión de TCVAL de ninguna manera cambia nuestra perspectiv­a positiva para el país o nuestro compromiso de continuar apoyando su desarrollo.P

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