Grupos transversales piden avanzar en una reactivación sustentable
Organizaciones gremiales, académicos, centros de estudios y hasta ONG buscan poner en el debate un nuevo tipo de desarrollo para el país.
—El foco en la reactivación ya se instaló en el debate público. Si bien el país está en fase de contención, las palabras y los énfasis que ha dado el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, tuvo recepción en 81 instituciones que se proponen una reactivación sustentable. Es un grupo transversal que va desde gremios de empresas eléctricas, generadoras, hasta Cámaras de Comercio y centros de Estudios. Además, se hicieron parte más de 150 personas, entre ellos rectores de universidades, economistas, CEO y activistas, entre otros.
El grupo estima que el modo en que se diseñen e implementen las medidas de reactivación determinará el desarrollo de la economía y de la sociedad. “Hacerlo bien constituye una inversión concreta en la creación de ese mejor futuro al que aspiramos. Nuestro país tiene incomparables ventajas para la transición hacia una economía baja en emisiones de carbono, las que se reflejan en el compromiso de carbono-neutralidad para el año 2050, adoptado por Chile en el marco del Acuerdo de París”, señala su comunicado.
El grupo propone “un camino de triple ganancia impulsando, entre otros ámbitos, la eficiencia energética y las energías limpias, incluyendo el hidrógeno verde y el reemplazo del consumo de combustibles fósiles, el desarrollo de infraestructura más resiliente e inclusiva, la construcción y calefacción sostenibles y la agricultura resiliente. Todas estas son acciones que, además de robustecer la recuperación, pueden poner a nuestro país a la vanguardia de la economía global”.
De manera paralela, las ONG Fima, Oceana, el Observatorio de Políticas Económicas, Chile Sustentable y Greenpeace entregaron su propuesta con nueve ejes para una reactivación sustentable a la Presidencia de la República y a los ministerios de Economía
y Hacienda. Las medidas van desde el establecimiento de condiciones a las líneas de créditos de grandes empresas, donde se entregue beneficio público a aquellas empresas que superen las 25 mil UF y que cumplan con requisitos medioambientales específicos de reducción de emisiones, hasta medidas para la pobreza energética.