Las capas geológicas del Estado
La intensa actividad parlamentaria que ha requerido la preparación del plebiscito ha redundado en que importantes novedades legislativas pasen desapercibidas. Una de ellas es el reciente veto presidencial a un proyecto que hacía aplicable la tutela laboral del Código del Trabajo a los empleados estatales. De haber sido promulgada, esta ley habría permitido a los empleados estatales interponer esta acción para defender sus derechos ante tribunales laborales.
Es difícil dimensionar el efecto que este cambio causaría en el funcionamiento estatal. Por de pronto, evidencia una tendencia inequívoca hacia un cambio de paradigma en nuestro sistema de empleo público. Como muchas iniciativas recientes, el propósito de este proyecto era contrario a una de las premisas sobre las que descansa el diseño original de este sistema: sólo merecen protección legal quienes han ingresado al Estado a través de procedimientos competitivos y meritocráticos.
La arquitectura legal que estructura el empleo público proporciona a los empleados públicos una serie de garantías que favorecen su estabilidad laboral y dificultan seriamente su remoción. Estas reglas exigen a cambio que toda contratación sea hecha bajo criterios técnicos y prescindiendo de consideraciones políticas.
El problema es que la mayoría de los empleados que habrían sido beneficiados con esta iniciativa nunca cumplieron con tales exigencias. En un porcentaje significativo, ellos han sido contratados por autoridades de turno a través de incorporaciones discrecionales. Por eso sus vínculos laborales son precarios. Pero con este cambio ellos se verían protegidos con resguardos que fortalecerían su posición laboral, al encarecer y limitar su posibilidad de desvinculación.
Es cierto que este sistema nunca operó como fue concebido originalmente y que se han cometido abusos contra innumerables empleados públicos. Pero ello tampoco supone desconocer que, en democracias con prácticas clientelares tan extendidas como la nuestra, una de las principales recomendaciones para modernizar el Estado es la profesionalización del empleo público y la consecuencial limitación de contrataciones discrecionales.
Con independencia si el Congreso logra insistir en este u otros proyectos, es importante comprender los costos asociados a estas iniciativas.
Y es que todas las innovaciones judiciales y legislativas recientes sugieren el abandono del llamado sueño weberiano, un viejo anhelo de dotar al Estado de un servicio civil de carrera, profesional e independiente de la clase política. En su reemplazo, parece que nos acercamos a un Estado cuya composición se asemeja a capas geológicas. En cada una de ellas, las autoridades de turno nombran discrecionalmente a quienes permanecerán en sus posiciones por largo tiempo después que los primeros han abandonado el Estado. Y así, al sucederse las autoridades unas a otras, sus nombramientos se superpondrán como una acumulación de capas geológicas que documentan el paso de la política partidista por el Estado.
Investigador CEP