¿Aporta el debate constitucional a definir el estándar ético del país?

Muchos se preguntan si el proceso constituyente tiene algo que ver con el

compliance o con la búsqueda y logro de una cultura de integridad en el quehacer del mundo público y privado. ¿Hay alguna relación entre la Constitución de un país y la calidad normativa y ética con que sus organizaciones se enfrentan al crimen organizado? Al menos desde mi experiencia en el Estado, me parece que hay una profunda e indisoluble vinculación entre ambos asuntos.

Cuando el marco político de una nación pierde de vista las bases del actuar ético, la vocación por el

fair play, la defensa del principio de igualdad ante la ley o el equilibrio entre libertades y responsabilidades, se abren espacios indeseados a quienes ven oportunidades donde la mayoría ve reglas y normas de conducta.

El eventual proceso constituyente que se avecina en Chile es una tremenda oportunidad para debatir y por sobre todo “ver”, tener a la vista, el valor y relevancia de la integridad como eje conductual de las organizaciones, sea cual sea su naturaleza o propósito. Hacer lo correcto de manera correcta es un asunto que parece muy obvio o plausible pedir, pero que en la práctica es muy difícil lograr. De hecho, es una de las complejidades más serias por las que atravesamos en momentos en que la abundancia de información muchas veces lleva a las organizaciones más a parecer que a ser.

Es cierto que aún resta que el plebiscito se lleve a cabo, que la ciudadanía se pronuncie sobre si habrá o no una nueva Carta Fundamental; no obstante, ya el solo hecho de abrir este debate es propicio para poner este tema sobre la mesa, para preguntarnos si alguna vez se nos pasó por la cabeza que estos asuntos estaban vinculados y para evaluar dónde están los mayores desafíos para incentivar la adopción de sistemas de integridad corporativa u organizacional desde lo más alto.

¿Requiere Chile, sus empresas, sus instituciones y organizaciones pensar en la integridad corporativa de manera más decidida? ¿Es el debate constitucional un buen espacio para hablar de ello? A ambas preguntas respondo que sí. Nunca la integridad sobra; siempre es bienvenido cualquier esfuerzo transversal en el combate al crimen organizado, la corrupción y las actividades económicas fraudulentas que ponen en riesgo la estabilidad económica y la libre competencia. Un proceso constituyente, me parece que es una oportunidad inmejorable para plantear estos temas, no con el ánimo de poner en la Constitución el rótulo del compliance -obvio- sino de sembrar en ella los elementos éticos de una cultura de integridad que permee el resto del entramado normativo.

Experta en compliance, prevención de delitos y anticorrupción.