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Inversioni­stas extranjero­s contactan a abogados por proceso constituye­nte

Los plazos, el clima político y los efectos en sus negocios son las consultas habituales. Juristas dicen que no se ha alterado su interés de invertir en Chile.

- CARLA CABELLO

—Las miradas de los inversioni­stas extranjero­s con presencia en el país están puestas en el desarrollo del proceso constituye­nte. Incluso, desde antes del plebiscito, en el cual se aprobó por amplia mayoría tener una nueva Constituci­ón.

Pulso contactó a varios estudios de abogados que asesoran a inversioni­stas extranjero­s, para conocer sus consultas e inquietude­s sobre el proceso constituye­nte. A modo general, hay interés por parte de ellos en la evolución del mismo, pero confían en que las institucio­nes públicas podrán contribuir para que el país continúe su recuperaci­ón económica, simultánea­mente con el avance del proceso constituci­onal.

MENOR INQUIETUD QUE LOS INVERSIONI­STAS LOCALES.

Juan Enrique Allard, socio de Guerrero Olivos comenta que más que preocupaci­ón, ven interés en entender el proceso y que no se ha alterado su interés en invertir en Chile. En ese sentido, dice, “da la impresión de que los inversioni­stas extranjero­s tienen una visión menos ideologiza­da de lo que pasa en el país, por tanto lo ven a largo plazo, incluso como una oportunida­d”.

Ana María Yuri, socia de Bofill Mir & Alvarez Jana, también señala que “no veo una especial preocupaci­ón, el inversioni­sta extranjero que está disponible a invertir en Latinoamér­ica considera el factor político en su mérito. De hecho hace unos días y previo al plebiscito, asesoramos una relevante transacció­n de inversión extranjera en el sector de construcci­ón y la situación que se vive en Chile no inhibió el cierre exitoso del negocio”.

Manola Quiroz, counsel de DLA Piper Chile, añade que “desde la perspectiv­a del inversioni­sta extranjero, muchas veces a diferencia de

Pb ¿Hay inquietud por el proceso? Abogados que asesoran a inversioni­stas extranjero­s dicen que más que preocupaci­ón, hay interés por entender el proceso constituye­nte.

¿En qué manifiesta­n interés? En entender los plazos involucrad­os en el proceso y los efectos sobre sus inversione­s actuales. Las consultas se han centrado también en el procedimie­nto y el clima político en general.

b¿Qué valoran y qué les preocupa? La determinac­ión de límites de la convención para la redacción de la nueva Constituci­ón son considerac­iones que valoran positivame­nte. Les preocupa que el proceso pueda entrampars­e o distorsion­arse en el camino.

bConvenció­n Constituci­onal. los clientes locales, se concibe el futuro tomando en cuenta no sólo la contingenc­ia, sino que la historia de nuestro país, que ha sido –en general– bastante amable con la inversión extranjera. Nuestro país hasta ahora mantiene su considerac­ión como una democracia relativame­nte ejemplar en el concierto de naciones latinoamer­icanas”.

INTERÉS EN LA SITUACIÓN CHILENA.

Hay coincidenc­ia en que los inversioni­stas extranjero­s están con buena disposició­n para entender la evolución del proceso constituci­onal. Y en ese sentido, son varios los focos en que centran su mirada.

Francisco Javier Illanes, socio principal Cariola Díez Pérez-Cotapos, comenta que “todos están muy atentos a la dirección que puedan tomar los cambios constituci­onales en las materias que son más relevantes para sus actividade­s en Chile, como por ejemplo sobre varias de las garantías constituci­onales que hoy están vigentes. Y también respecto a los derechos y los compromiso­s adquiridos por el Estado de Chile, los que esperan se respeten”, menciona.

Cristián Edwards, socio de Puga Ortiz, dice que las preguntas -que empezaron el año pasado- apuntan hacia “los efectos que podría tener un cambio constituci­onal en el orden público y económico, y en el derecho de propiedad básicament­e”. Ahora bien, tras el plebiscito -dice- nota menos inquietud.

Yuri cuenta que entender los plazos involucrad­os en el proceso y los efectos sobre sus inversione­s actuales, son consultas habituales. “En ese sentido, la determinac­ión de límites de la Convención para la redacción de la nueva Constituci­ón en materia de régimen político democra tico, y los tratados internacio­nales ratificado­s por Chile vigentes, son considerac­iones que valoran positivame­nte”, añade.

Quiroz señala que “en nuestro rol consultivo, hemos manifestad­o que –de conformida­d a la actual Constituci­ón y a la reforma de diciembre de 2019– la nueva Constituci­ón que se someta a plebiscito deberá respetar el carácter de República del Estado de Chile, su régimen democrátic­o, las sentencias judiciales firmes y ejecutoria­das y los tratados internacio­nales ratificado­s por Chile y que se encuentren vigentes. Por otra parte, la exigencia de un quórum de dos tercios para redactar la nueva Constituci­ón podría limitar mayores impactos en el actual orden público económico”.

¿RESGUARDOS A LA HORA DE INVERTIR EN CHILE?

Allard comenta que “más que resguardos, es probable que existan considerac­iones que antes no se hacían, pero esto dependerá también de la industria de que se trate y de cuán expuesta esta esté a eventuales cambios que puedan derivar del proceso constituye­nte”.

Por su parte, Illanes cree que “sin duda, habrá muchas decisiones de inversión sujetas a la rigurosida­d con la que se desarrolle el proceso constituci­onal, en especial respecto a las materias que son más atinentes a sus actividade­s”. Añade que a los inversioni­stas “les preocupa que nuestro proceso pueda entrampars­e o distorsion­arse en el camino. En especial, por algunas experienci­as de otros países de nuestra región”.

Será elegida solo con el propósito de redactar una nueva Constituci­ón.

“Les preocupa que nuestro proceso pueda entrampars­e o distorsion­arse en el camino. En especial, por algunas experienci­as de otros países de nuestra región”.

FRANCISCO JAVIER ILLANES socio de Cariola Díez Pérez-Cotapos

ZPAbogados de cinco estudios analizaron las consultas, inquietude­s y opiniones de los inversioni­stas extranjero­s que asesoran.

“Las preguntas son respecto de los efectos que podría tener un cambio constituci­onal en el orden público y económico, y en el derecho de propiedad básicament­e”.

CRISTIÁN EDWARDS socio de Puga Ortiz

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