En Estados Unidos estaría preso
PARA los más críticos de la economía de mercado, los abusos y atentados contra la libre competencia son inherentes a ella, con lo que estaría invariablemente condenada a la ilegitimidad. Para otros, estos actos nos parecen evitables, al ser producto de fallas en la institucionalidad que dan espacio a este tipo de criminalidad; ciertamente, la ocasión hace al ladrón. Por ello, es esencial contar con mecanismos que prevengan y castiguen estos actos, algo en lo que Chile se encuentra atrasado respecto al mundo desarrollado. Como dijo el ministro de Hacienda, personas como Julio Ponce estarían presas en Estados Unidos.
Y no solo en penas de cárcel nos quedamos atrás. Mientras la Corte Suprema rebajaba la multa aplicada a Ponce por el caso “Cascadas” de los US$62 millones solicitados originalmente por la ex SVS a solo US $3 millones, en Estados Unidos, SQM –presidida anteriormente por él- fue obligada a restituir como empresa US $62,5 millones a lo perdido por el fondo inglés TWPF. A grandes rasgos, la minera fue demandada en el extranjero por las mismas causas por las cuales se llevó a cabo el juicio en Chile. Sin embargo, los fallos fueron diametralmente opuestos y, lejos de tener sentido para la ciudadanía, la rebaja contribuyó a la sensación generalizada de impunidad, reforzada por la falta de castigos ejemplares para el resto de delitos económicos destapados en la década del 2010.
Muchos nos indignamos, pero eso no basta para evitar que volvamos a ser testigos de lo mismo. Al respecto, existen varias razones por las que se han perpetrado estos actos, pero sin duda la principal resulta el mal diseño de nuestras leyes, las cuales no ofrecían una real disuasión. Por ejemplo, hasta hace no mucho, las penas para crímenes tributarios o atentados contra la libre competencia eran tan bajas, y tan fácilmente sustituibles para aquellos que los cometían por primera vez, que la cárcel efectiva resultaba extremadamente improbable. Es decir, lo laxo del sistema legal permitió que casos emblemáticos tuviesen penas absurdas en comparación al daño causado.
Respuestas sí ha habido, como la modificación del 2016 a la Ley de Defensa de la Libre Competencia, la cual vuelve a la pena de cárcel una posibilidad real en casos de colusión. Sin embargo, muchos crímenes económicos siguen siendo juzgados como crímenes ordinarios, aplicándoseles atenuantes y multas que no corresponden a su naturaleza y que resultan en sanciones inadecuadas. Con esto, se necesita crear un sistema de penas y reglas diseñadas especialmente para ellos, así como también un sistema claro de multas. Prueba de ello, es que la rebaja a Ponce fue permitida por una falta de precisión en la ley que significó que la multa original fuese considerada arbitraria e inconstitucional.
Así, es esencial que Proyectos de Ley como aquel contra crímenes económicos o aquel relativo a agentes de mercado –impulsado por Hacienda y ya aprobado por la cámara baja- no queden olvidados en el congreso de un país que pide a gritos recuperar la legitimidad. Ellos abordan justamente los puntos anteriores y suponen un avance en la dirección correcta, sobre todo para un Estado que debe dar una fuerte señal de estar en favor del mercado por sobre la empresa.