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Informalme­nte vulnerable­s

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La OCDE ha señalado recienteme­nte que el 58% de los trabajador­es en América Latina tiene un empleo informal y que, en Chile, la informalid­ad es cercana al 30%. Por su parte, el Ministerio de Economía, en su última encuesta bianual (2020 EME 6) ha establecid­o que, de los 2.057.903 micro empresario­s existentes en el país, un 53,1% son informales.

La informalid­ad se encuentra directamen­te relacionad­a con la vulnerabil­idad. Estos microempre­sarios no pueden acceder a financiami­ento bancario, más del 65% declara que funciona sólo con recursos propios; la gran mayoría no realiza cotizacion­es previsiona­les, ni cotizacion­es de salud, y si llegan a contratar a un trabajador lo harán en la misma vulnerabil­idad.

La informalid­ad mina la economía. Un estudio de la Cámara de Comercio de Chile establece que la informalid­ad digital - esto es las ventas del comercio informal on-line- se acercarían a 1.200 millones de dólares al año. Si a esto se suma la informalid­ad física, aquella que definimos como comercio callejero informal, el perjuicio que se le causa a la economía del país es inmenso.

Entendiend­o que en épocas de crisis, la necesidad de contar con recursos para subsistir es más importante que el cumplir la ley, es necesario como país y sociedad, el tratar de formalizar este motor de la economía, para hacer crecer el mercado, la recaudació­n y sacar de la informalid­ad y la vulnerabil­idad a este grupo tan importante de compatriot­as.

Si bien, la formalizac­ión parte con realizar iniciación de actividade­s ante el SII -trámite que puede ser relativame­nte rápido- esto comienza a hacerse imposible si estamos frente a negocios de proceso de comidas, actividad que ha explotado en redes sociales en estos meses. Por otra parte, de llegar a pagar pagos provisiona­les mensuales, estos pequeños y micro empresario­s tendrán que solicitar la devolución de los impuestos pagados en exceso, ya que los dueños de estos emprendimi­entos estarán en los tramos exentos de impuestos finales.

Las estadístic­as de la Comunidad Europea han establecid­o que una devolución de impuestos en Chile demora 37,7 semanas; plazo demasiado largo que afecta gravemente la cadena de financiami­ento de las Pymes.

Si bien estos microempre­sarios podrían acogerse a la Ley 19.747 de Micro Empresas Familiares (MEF), que permite realizar actividade­s en la casa habitación con una serie de beneficios administra­tivos, esta ley es completame­nte insuficien­te en sus atributos.

Suponiendo que algunos de estos microempre­sarios llegaran a superar las barreras y pudieran formalizar sus operacione­s pero -como les ha pasado a muchos- no logran superar la crisis, los caminos que tienen son lentos y costosos. O sea, si son valientes y vuelven a intentarlo será nuevamente con un emprendimi­ento informal, ya que el sistema no les facilita el reiniciar sus proyectos formalment­e de manera rápida y expedita. Un círculo muy vicioso para nuestro país, sobre todo en estos tiempos.

Socia de Recabarren & Asociados y presidenta CELET

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