Concesión de estacionamientos en Recoleta: el otro conflicto judicial que arrastra Jadue
El otro problema judicial que sigue complicando al alcalde de Recoleta
En un conflicto que se arrastra desde el inicio de su mandato, la operadora de estacionamientos y parquímetros Concesiones Recoleta S.A. presentó hace unas semanas una querella criminal por desacato reiterado contra el edil, el que, en caso de ser condenado, hasta podría quedar inhabilitado para cargos de elección popular. La concesionaria, además, exige a Recoleta una indemnización millonaria por incumplimiento de contrato. Jadue se ha defendido anteriormente indicando que la empresa opera de manera ilegal, porque el contrato estaría terminado.
Cara le podría salir al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), la disputa legal que mantiene abierta con la empresa Concesiones Recoleta S.A., firma que se adjudicó en 2010 una licitación pública por 35 años para la construcción y diseño de estacionamientos subterráneos en el subsuelo de la plaza Los Historiadores, junto con un paseo peatonal en la calle Patronato y la explotación del servicio de parquímetros en algunas calles, en la comuna que lidera el edil.
El 28 de diciembre la Corte Suprema falló en forma definitiva en contra de una casación hecha por Recoleta, obligándola a pagar $ 87 millones a la concesionaria por devolución de una boleta de garantía considerada ilegalmente cobrada por un fallo anterior de la Corte de Apelaciones. La empresa no se quedó ahí. Además, está pidiendo una indemnización de $ 5.377 millones por incumplimiento de contrato por parte de la municipalidad.
En paralelo, con el reciente fallo del máximo tribunal, la empresa interpuso en el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago una querella criminal contra Jadue, acusándolo de violar la ley, de desacato reiterado por, entre otras cosas, no cumplir una orden de no innovar (ONI) dictada por tribunales el 2017, que mantuvo la vigencia del contrato y obligó a las partes a respetarlo. Si los tribunales lo condenan por estos cargos, Daniel Jadue arriesgaría una pena de entre 541 días y hasta cinco años de reclusión, así como la inhabilidad de postular a cargos de elección popular.
Las acciones legales de Concesiones Recoleta las encabeza el estudio de abogados Parraguez & Marín, quienes explican que “el alcalde Jadue se opuso a esta concesión desde el primer día de su gestión y ha impedido, en la práctica, avanzar con las obras de desarrollo. No ha respetado el contrato, tampoco la ONI, ha retirado los letreros en forma ilegal, sigue hostigando a los trabajadores y liderando campañas de desinformación para que los usuarios no paguen. Incluso, llegó al extremo de dictar un decreto municipal que pretendió anular la concesión y saltarse así los tribunales, que son los únicos que pueden resolver las diferencias entre las partes según lo establece el mismo contrato de concesión. La empresa ha cumplido con el contrato, pagando ante los tribunales la participación mensual que la municipalidad se niega a recibir y que a esta fecha son cerca de $ 400 millones en su beneficio”.
Concesiones Recoleta S.A. es controlada por los ingenieros Fernando Allendes, Jaime Arancibia y Cristián Coronel. Este último ha sido llamado el “zar” de los estacionamientos, dado que junto a sus socios desde 1994 posee o ha tenido operaciones de este tipo en comunas como Coquimbo, Iquique, Los Andes, Ñuñoa, Providencia, Recoleta, Santiago, Talca, Valdivia,
Valparaíso.
El historial de una mala relación
En febrero de 2010 la empresa y el municipio firmaron el contrato, cuando a la cabeza de la comuna estaba la alcaldesa Sol Letelier (UDI). Los dos primeros años no hubo sobresaltos. Sin embargo, la defensa de la concesionaria indica en su reciente querella que a partir de 2012 “la elección de don Óscar Daniel Jadue Jadue como alcalde de la comuna, y la asunción en su rol de administrador comunal, volvió mortificante y dañina la ejecución del contrato para mi representada. Los incumplimientos de la Municipalidad de Recoleta comenzaron a ser reiterativos y los obstáculos a la ejecución del Contrato, permanentes”.
La tensión entre ambas partes explotó el 19 de diciembre de 2016, cuando la empresa fue notificada del, a su parecer, “ilegal, arbitrario e inválido término unilateral del contrato de concesión, dispuesto por el Alcalde de la I. Municipalidad de Recoleta, mediante decreto N° 3662”.
Frente a esto, la concesionaria presentó una medida prejudicial precautoria en el mismo mes, por la cual solicitó la suspensión del decreto alcaldicio y del acuerdo del Concejo Municipal que les bajaba la cortina, mientras se revisaba la legalidad de dichos actos administrativos en virtud de la demanda de nulidad de derecho público, la cual se encuentra en actual tramitación en el 17° Juzgado
Civil de Santiago.
Dicha medida prejudicial solicitada por la empresa fue concedida en marzo de 2017, suspendiéndose así los efectos del decreto alcaldicio, por lo que la firma entiende vigente el contrato de concesión. Pero además, ambas partes desplegaron distinta artillería judicial y la empresa terminó presentando en un recurso de apelación una orden de no innovar, que fue concedida por la Corte de Apelaciones en junio de 2017, lo cual confirmaría la vigencia del contrato —dado que el fallo indica que se “suspenden los efectos de los actos administrativos objeto de la demanda de nulidad”— mientras se revisa la problemática de fondo.
Luego de esto, la municipalidad llevó a cabo el cobro de una boleta de garantía de 3.000 UF, lo que fue reclamado por la firma y acogido por un tribunal civil, por la Corte de Apelaciones y recientemente por la Suprema, que desestimó una casación hecha por el municipio.
Adicionalmente, el alcalde recoletano también ordenó retirar toda la señalética de cobros de parquímetros, lo que también fue peleado por la empresa en tribunales, los que le dieron la razón a la compañía tanto en la Corte de Apelaciones como en la Suprema, determinando que era una acción ilegal -de hecho, Recoleta fue multada por esto-. Entonces, el municipio reinstaló los carteles a fines de 2018, pero en 2019 los volvió a sacar.
De ahí en más, el alcalde Jadue ha hecho uso de sus redes sociales y de sus apariciones en medios haciendo llamados a no pagar, dado que, a su juicio, la empresa actúa ilegalmente porque el municipio le terminó el contrato anticipadamente y de forma unilateral.
“(sic) Este funcionario de la Empresa de Parquímetros que funciona ilegalmente en la comuna, acaba de amenazar con darle un par de balazos a un funcionario municipal, por evitar el cobro ilegal a una mujer. Reitero el llamado a no pagar #recoletasinparquimetros”, tuiteó Jadue en agosto de 2019, pese a que existe la ONI que avala el funcionamiento de la empresa.
A partir de diciembre reciente, el municipio instaló carteles en toda la comuna que llaman a no pagar por estacionarse, aduciendo que la empresa actúa de manera ilegal. Lo anterior es visto por la concesionaria como un llamado a una “insurrección” que contraviene su derecho a operar de acuerdo a los fallos judiciales y destaca que sus trabajadores han sido los que han sufrido las consecuencias. Puntualiza que éstos han recibido “acosos y amenazas por los usuarios que lo reconocen en estos carteles, debiendo la concesionaria adoptar medidas para proteger su integridad física y psíquica”.
Concesiones Recoleta da cuenta en su querella contra el alcalde que éste “ha instigado y azuzado a funcionarios de Carabineros de Chile, junto a Inspectores Municipales, dándoles, en la práctica, órdenes de ‘detener’ a los operadores en terreno de la concesionaria”. De hecho, detalla que en los últimos años, 34 operadores han sido trasladados a los calabozos de la Sexta Comisaría de Recoleta, en razón de que estarían realizando, según el alcalde, acciones ilegales. Todos han sido absueltos de cualquier cargo.
Con todo, Jadue ha seguido tuiteando sobre el caso en el último tiempo. El 4 de diciembre de 2020 escribió en la red social que “(sic) esta empresa lleva años engañando a la gente, haciendo cobros indebidos, ni siquiera tiene patente para operar, así de simple. Llamamos a no pagar por estacionar en Recoleta, cualquier cobro es ilegal y no habrá multas!”. Ese mismo día, radio ADN publicó una conversación con el alcalde donde relató que “aquí hay una empresa que lleva años engañando a la gente y abusando de ellos. Ni siquiera es una empresa que tenga patente para operar y estos gallos no pagan patente en la comuna desde el año 2016, que es el año en que nosotros pusimos término legalmente al contrato”.
Pese a insistentes peticiones al municipio y al alcalde para conocer su versión y posición frente a este conflicto judicial, señalaron que no responderían. P