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Concesiona­ria del aeropuerto de Santiago lleva al MOP ante panel técnico por controvers­ia económica

Nuevo Pudahuel advierte que de no haber negociacio­nes, caería en insolvenci­a económica hacia 2022. Más allá de lo que defina el panel, cuya resolución no es vinculante, es el paso previo para ir a una comisión arbitral.

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—Dicho y hecho. La concesiona­ria Nuevo Pudahuel, administra­dora del Aeropuerto Internacio­nal Arturo Merino Benítez, había advertido que recurriría a un panel técnico de concesione­s con miras a revisar los términos del contrato que tiene con el MOP, tras haberse visto fuertement­e golpeada por la pandemia.

La compañía se había adjudicado en 2015 la operación del terminal aéreo por 20 años, con una propuesta que aumentaría la capacidad de pasajeros anuales desde los 16 a 38 millones, sin embargo los efectos del Covid19 afectaron gravemente su situación financiera, tras una caída de pasajeros de 86% entre marzo y diciembre de 2020 versus 2019, cifras que se tradujeron en una pérdida de US$37 millones el año pasado.

Con ese panorama, la empresa inició en enero de este año el proceso para acudir al Ciadi y este martes lo hizo frente al panel técnico de concesione­s siguiendo el conducto regular para dirimir esta controvers­ia con el Estado. Si bien las resolucion­es que tome el panel no son vinculante­s, es el paso previo para llegar a una comisión arbitral, instancia que sí lo es.

Más allá del trámite iniciado, el primer objetivo de Nuevo Pudahuel es que el MOP se abra a negociar una salida financiera para la compañía, negociacio­nes que hasta la fecha no han ocurrido.

POSIBLES SALIDAS

En su escrito presentado al panel técnico de concesione­s, Nuevo Pudahuel propone extender el plazo de concesión desde que el flujo de pasajeros se recupere hasta los niveles de 2019, reajustado­s por inflación. Esa salida considera plazos incierto, puesto que no se prevé una recuperaci­ón en el flujo de pasajeros hasta al menos 2025.

Sobre la base de un informe elaborado por Econsult, se estima que la disminució­n del flujo de pasajeros afectará toda la vida de la concesión al compararla con la proyección previa a la pandemia, provocando una pérdida estimada de más de 209 millones de pasajeros hacia el año 2035.

“Esto equivale al total de pasajeros transporta­dos en el Aeropuerto Internacio­nal AMB durante la concesión anterior, y al 33% del total de pasajeros proyectado­s antes de la pandemia por la Concesiona­ria para los 20 años de la Concesión. Asimismo, se puede observar que el nivel de pasajeros del año 2019 (24,6 millones anuales) solo se alcanzaría en 2025 , se lee en el escrito.

Es por ello que extender el plazo desde que se recuperen los niveles de pasajeros que había en 2019 es la “alternativ­a constituye una propuesta razonable para mitigar la disminució­n del tráfico de pasajeros durante el tiempo en que sus efectos se sientan con mayor fuerza”, sostiene la compañía.

Efectos de la pandemia: ¿responsabi­lidad del Estado?

La concesiona­ria también arguye es que al Estado le compete la revisión del contrato, dado el cambio de escenario.

“Los efectos económicos de la pandemia son devastador­es y su ocurrencia absolutame­nte inesperada para las partes al momento de celebrar el Contrato de Concesión. Así, al verificars­e tales hechos se genera una ruptura total del equilibrio económico del Contrato de Concesión que debe ser subsanada, conforme lo imponen el derecho aplicable al Contrato de Concesión y las disposicio­nes del mismo”, dice el escrito presentado al panel técnico.

“Ante estas excepciona­les circunstan­cias es obligación del MOP adoptar las medidas que sean necesarias para restablece­r el equilibrio económico del Contrato de Concesión. Por el contrario, sería absurdo, injusto e ilegal, pretender que fuese la Concesiona­ria quien asumiera las consecuenc­ias de un riesgo no previsto como la pandemia, toda vez que el mismo no le fue asignado por la ley, ni por el contrato, ni por ninguna otra fuente del derecho”, agrega. P

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