Tribunal ambiental falla a favor de Dominga y firma ya prevé el inicio de obras
La sentencia ordenó retrotraer el proceso de evaluación, rechazado hace cuatro años, a la votación en la instancia regional. Opositores al proyecto anunciaron que volverán a la Suprema, mientras la minera señaló que espera partir con la construcción en el segundo semestre.
Tribunal ordenó retrotraer el proceso de evaluación, rechazado hace cuatro años, a la votación en la instancia regional. Opositores ya advirtieron que volverán a la Corte Suprema, aunque según la firma, el fallo señala que Dominga “da cabal cumplimiento de las normas ambientales vigentes”.
Una nueva vida le dio el Primer Tribunal Ambiental, con sede en Antofagasta, al proyecto minero Dominga, que considera la construcción de una mina de hierro en la comuna de La Higuera, IV Región. Este viernes, y tras largos meses con la causa en acuerdo, la instancia acogió una reclamación hecha por Andes Iron, empresa controlada por la familia Délano y titular de la iniciativa, que implica que la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de Coquimbo deberá realizar una nueva votación, esta vez “ajustada a derecho”, dice la sentencia.
Esto, en relación a la decisión tomada en 2017, primero por la Coeva y luego, por el Comité de Ministros, que rechazaron el proyecto, situación que derivó en esta pugna judicial.
“Se ordena retrotraer el procedimiento de evaluación ambiental a la etapa posterior al Informe Consolidado de Evaluación Ambiental, de manera tal que se proceda a una nueva votación –esta vez ajustada a derechode parte de la Coeva, de la Región de Coquimbo”, señala la sentencia.
La historia del caso
La iniciativa minera, que considera una inversión de US$2.500 millones, uso de agua de mar y un 30% de energía proveniente de fuentes renovables, fue presentada a evaluación ambiental en 2013 y fue rechazada por la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de Coquimbo en marzo de 2017, en una ajustada decisión que solo se destrabó con el voto dirimente del entonces intendente de la región, Claudio Ibáñez, luego que la votación concluyera empatada seis a seis.
Ello motivó a Andes Iron a recurrir al Comité de Ministros, que lideraba el entonces titular del Medio Ambiente del gobierno de Michelle Bachelet, Marcelo Mena. La citación también fue con polémica, pues se convocó a los ministros un viernes a última hora y la reunión se realizó el lunes temprano, por lo que algunos integrantes señalaron que no había tiempo suficiente para leer todo el expediente. La situación provocó un quiebre en el gabinete, dando paso a la renuncia del ministro de Hacienda de la época, Rodrigo Valdés.
Tras ese hito, en diciembre de 2017 la empresa acudió al entonces recién conformado Primer Tribunal Ambiental, que en abril del año siguiente acogió la reclamación. En mayo, el caso escaló a la Corte Suprema, que después declararía nula la sentencia, ordenando al Tribunal Ambiental a pronunciarse sobre el fondo del caso, que fue lo que ocurrió precisamente este viernes.
Iniciar obras
Andes Iron, titular del proyecto, valoró la sentencia y aseguró que esperan comenzar las obras hacia el segundo semestre de este año, poniendo fin a la incertidumbre.
“Cada vez que el proyecto Dominga se ha sometido a instancias de evaluación técnica, ha recibido sendos pronunciamientos favorables, tal como se establece, primero, en el Informe Consolidado de Evaluación (ICE) -que recomendó a la Comisión Regional aprobar el proyecto Dominga–, y ahora en esta sentencia dictada unánimemente”, aseguró la compañía.
“Confiamos en que este nuevo fallo favorable de un tribunal de la República permita dar inicio prontamente a la fase de construcción de este proyecto. Esperamos que esto ocurra el segundo semestre de 2021, una vez que se hayan cumplido los requerimientos establecidos por el tribunal”, añadió la firma.
En tanto, las organizaciones ambientales agrupadas en la denominada Alianza Humboldt, adelantaron que recurrirán nuevamente a la Corte Suprema, buscando revertir el fallo. “Esta es una decisión lamentable, por cierto. Principalmente, porque pareciera que el tribunal, en lugar de resolver sobre la legalidad del rechazo, hace una apreciación sobre qué decisión habrían tomado puestos en la posición del Comité de Ministros”, sostuvo Ezio Costa, abogado de la ONG ambientalista Oceana.
En tanto, el abogado Jorge Canals, socio del área Medio Ambiente y Regulación de Moraga y Cía., señaló que el fallo debilita el proceso, al volver a la misma decisión que ya se había tomado hace tres años. “Se vuelve a la misma decisión que el tribunal tomó en un principio, pero en virtud de fundamentos asociados a los antecedentes técnicos e impactos ambientales del proyecto, lo que debió haber hecho en un principio, cuando conoció por primera vez esta reclamación”, indicó. P