Plan de mínimos comunes de oposición supera en más de US$10 mil millones propuesta del gobierno
La diferencia entre ambas propuestas es de 3,5 puntos del PIB. La idea de la oposición suma más de US$17.600 millones, lo que equivale a un cuarto de toda la Ley de Presupuestos 2021 y sobrepasa al monto de la partida más grande, la del Ministerio de Educación (US$16.080 millones).
—Lejos, muy lejos. Así están las propuestas del gobierno y de la oposición para el llamado acuerdo de “mínimo comunes” que pretende una batería reforzada de ayudas a las personas y a las pymes.
Los partidos de la oposición entregaron ayer el detalle de lo que solicitan debería ser el apoyo del Estado a las personas en medio de la pandemia, y los números están muy por encima de la propuesta informada por el Ejecutivo.
El documento detalla que la Renta Básica Universal de Emergencia (RBUE) que proponen tiene un costo adicional de US$1.600 millones por sobre la propuesta del gobierno, de US$2.050 millones. Esto, porque estiman que el monto a otorgar debe ser de 30% por sobre la línea de pobreza, con lo que los hogares con una persona recibirían $229 mil, mientras el gobierno ofrece $100 mil. Para un hogar con cuatro integrantes, la propuesta de los partidos opositores es entregar $604 mil versus $400 mil del gobierno.
Asimismo, el documento opositor indica que estas ayudas deben entregarse por cuatro meses, hasta septiembre -con la posibilidad de extenderlas si la situación sanitaria lo amerita-, un mes más que la fórmula del Ejecutivo. Con todo esto, la RBUE que ponen sobre la mesa de negociación los partidos de la oposición tendría un costo de US$14.600 millones versus los US$6.150 millones de la propuesta del gobierno.
Pero a esto hay que sumar también las medidas para las pymes, las cuales contemplan varios puntos, como suspensión de pagos de patentes; eliminación de multas; condonar o suspender pagos de contribuciones, y otros; además ofrecer líneas de financiamiento con condiciones preferentes y con garantía estatal y más. El documento no incluyó el costo total de esas propuestas.
Donde sí incluyó una valorización fue en subsidios directos a las pymes, por un total de US$3.000 millones, US$2.000 millones más que la idea del gobierno.
Sumando todo lo que tiene valorización en el documento -RBUE y subsidios directos a las pymes-, se llega a US$17.600 millones, equivalente a 5,9 puntos del PIB y US$10.450 millones más que la propuesta del Ejecutivo, que alcanza a US$7.150 millones o 2,4 puntos del PIB. Así, entre ambas propuestas hay 3,5 puntos del PIB de diferencia. Y esto sin considerar las medidas que no tienen un valor registrado en el documento, pero que sí tendrán un costo fiscal.
Para entender la magnitud del monto de la idea opositora, los US$17.600 millones es US$1.500 millones más que todo el presupuesto del Ministerio de Educación en 2021 (US$16.080 millones), que es la partida más relevante del erario nacional. El monto también equivale a 24% de todo el Presupuesto 2021, casi 9 veces todo lo que entregó Codelco al Fisco en 2021 (o casi 11 veces lo que entregó en el primer trimestre del presente año, el mejor trimestre para la cuprera en una década).
FINANCIAMIENTO
El documento con la propuesta de la oposición incorpora fuentes de financiamiento, aunque sin proyecciones de cuánto se podrá recaudar de cada una.
Entre estas fuentes ven dentro de la actual Ley de Presupuestos: mayor recaudación fiscal gracias al alto precio del cobre; mayor endeudamiento en base al espacio existente de proyecciones del Ministerio de Hacienda; consumir activos del Tesoro Público, como el FEES y reasignaciones. Además, para financiar a un horizonte más largo, proponen medidas para reducir la evasión y la elusión -incluyen acceso del SII a información bancaria-; fortalecimiento del SII y otras.
También proponen eliminar exenciones tributarias, como la de la construcción, a instrumentos de inversión, reducción de beneficios del DFL2, revisión de la eliminación de la renta presunta y eliminación de la exención a la ganancia de capital.
Asimismo, se pretende avanzar en gravar a los contribuyentes de mayores recursos y aumentar el royalty minero.
El gobierno, por su parte, sí se ha mostrado abierto a revisar la exención a la ganancia de capital y a la construcción, y también ha propuesto aumentar la duración del impuesto sustitutivo del FUT y aumentar la deuda pública.