“El riesgo es que se piense que la Constitución es todo y que se cambiará por decreto situación del país”

“Si se llega a modificar la iniciativa de gasto del Ejecutivo, tiene que ser con rendición de cuentas claras”

El exsubsecretario de Hacienda afirma que en la Constitución no debe quedar estipulado el modelo económico de un país, pero sí marcar los énfasis del rol que tendrá el Estado en los bienes públicos. También advierte que “si pensamos que por cambiar la Carta Magna vamos a ser desarrollados al año siguiente o una sociedad igualitaria, no es así”.

La irrupción de iniciativas parlamentarias que implican gasto público ha cobrado fuerza este año de pandemia. Materias como el retiro de los fondos previsionales o impositivas han copado la agenda legislativa. Si bien el exsubsecretario de Hacienda y actual académico de la U. de Chile, Alejandro Micco, no se opone a que se discuta y eventualmente cambie la prerrogativa que tiene hoy el Ejecutivo en este sentido, sostiene que de modificarse debe haber un sistema claro de rendición de cuentas, ya que debe mantenerse la responsabilidad fiscal.

También señala que si bien los derechos sociales deben quedar enunciados en la Constitución, el financiamiento dependerá de otros factores, como el ciclo económico, por lo que no deben dejarse amarrados en la Carta Magna.

¿Qué espera del proceso de nueva Constitución, que tiene hoy el hito de elegir a quienes deberán redactarla?

-Es muy importante cómo se establezcan las correlaciones de fuerzas políticas en la Convención. Y en base a ello, cómo se irán redactando los principales ejes. En ese sentido, es importante que se avance en una Constitución que marque los grandes lineamientos para que dé cabida a las distintas posturas y entregue los caminos para las definiciones políticas que se deben realizar después a través de los proyectos de ley.

En esos grandes lineamientos, ¿debe quedar por escrito el modelo o estrategia de desarrollo que quiera seguir el país?

-El detalle sobre el modelo a seguir, de manera concreta, no me parece, pero sí se puede poner énfasis, por ejemplo, en que el Estado tenga un peso más importante en los bienes públicos. Me refiero a lo relacionado con la búsqueda del bien común frente a los derechos privados de cada persona. Se debe poner énfasis sobre el bien público. Hoy día hay un sesgo muy fuerte hacia el derecho de propiedad privada en desmedro del bien social de la propiedad. No se trata de fijar que el agua la tiene que proveer el Estado, pero sí poner los acentos, lo que luego se materializa en los proyectos de ley.

¿Tiene algún ejemplo?

-Un caso concreto es cuando alguna empresa tiene el derecho de hacer un negocio, pero ese negocio adquiere un poder de mercado que termina siendo un monopolio. El Estado puede intervenir y evitar que se produzca o se siga produciendo en resguardo del bien público que significan esos bienes.

En esa línea un tema a debatir será el rol del Estado y su subsidiariedad, que se desprende de la actual Constitución. ¿Se debe modificar?

-No está escrito que sea subsidiario, pero sí dentro del espíritu está atado el rol del Estado y la mayor libertad para los privados, y eso no me parece que sea lógico. Hay un cierto sesgo de la Constitución hacia eso. Reducirlo no haría ningún daño al país y el Estado podría cumplir una mejor labor.

¿Y cómo se debieran abordar los derechos sociales y el financiamiento de ellos en la nueva Constitución?

- Los derechos sociales deben quedar enunciados en la Constitución, pero el financiamiento dependerá de otros factores como el ciclo económico. Uno no sabe la capacidad de ahorro y financiamiento que tenga en el futuro el país; no sabemos si se acabará el cobre, por lo tanto, dejarlo establecido en la Constitución no es bueno. La experiencia que hay en la región es desastrosa.

Entonces, ¿no es partidario de discutir temas de impuestos o de pensiones en esta instancia?

-Respecto a qué tipo de impuestos o nivel de la carga tributaria, la Constitución tiene que ser abierta a distintas opciones y caminos a seguir. En las constituciones modernas, como la de Inglaterra, se plantean principios generales y no entregan la bajada completa, ya que eso es materia de ley. No tiene sentido poner cosas concretas ni específicas.

¿Se pueden crear expectativas que luego no se cumplirán?

-La Constitución puede ayudar a organizarnos mejor como país, pero para que cambie el bienestar de la población tenemos que hacer las cosas bien. Podemos escribir una Constitución muy bonita, pero, a la vez, si tenemos un desastre político y una mala gestión del Ejecutivo, de poco servirá la Constitución.

¿Es eso un riesgo para el proceso?

-El riesgo que veo es que se piense que la Constitución es todo y que se cambiará por decreto la situación del país, eso no es así. Si pensamos que por el hecho de cambiar la Carta Magna vamos a ser desarrollados al año siguiente o una sociedad igualitaria, no es así. La Constitución entrega marcos generales.

¿Es partidario de innovar en lo que se refiere a la actual independencia del Banco Central y los objetivos que sirve?

-Hay un amplio consenso de que el Banco Central ha funcionado bien. Ha permitido que el país pueda estar estable en materia de precios. Los cambios a instituciones no deberían estar puestos en el ente rector. Sobre entregarle nuevos objetivos, se puede discutir, pero no creo que debería cambiar. Todos entienden que su rol principal es la estabilidad de precios. Lo importante es que se mantenga y, además, que queden claras la independencia y autonomía en la Constitución.

¿Se puede dar el debate sobre la nominación de los consejeros del Banco Central con el propósito de ampliar la representatividad a otras fuerzas políticas dentro de su consejo, ya que hoy están presentes solo las dos coaliciones tradicionales?

- Se puede dar ese debate, pero no en la Constitución. No creo que la forma en que se elijan o remuevan a los consejeros deba ser materia de esta discusión. Eso es algo que se debe zanjar después, en las leyes que rigen al Banco Central.

Dado el escenario actual, donde los parlamentarios han propuesto varios proyectos de ley que implican gasto público y que han avanzado en el Congreso, ¿se debería abrir esa discusión sobre la iniciativa de gasto y si mantenerla o no exclusivamente en manos del Ejecutivo?

-Si uno quiere abrir ese debate tiene que definir claramente los grados de responsabilidad para los parlamentarios. Si ellos quieren tener potestad en materias de gasto, tiene que haber un tema de rendición de cuentas del impacto que tendrá en el país, debido a las restricciones de recursos que hay. No estoy de acuerdo en que se modifique de manera libre. Si se llega a modificar la iniciativa de gasto del Ejecutivo, tiene que ser con rendición de cuentas claras y una mayor responsabilidad de quién realice ese aumento de gasto.

¿Cuál es su expectativa sobre lograr los acuerdos que permitan darle estabilidad al país?

-Creo que tenemos la capacidad de buscar acuerdos para seguir caminando en una sola dirección. Habrá discusiones complejas, como la descentralización, la relación de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo, pero veo que se puede llegar a acuerdos. Lo principal es cómo se vaya instalando la Convención Constituyente y decantando su trabajo.