Las autoridades a las que citaron las aseguradoras en sus recursos legales
En los documentos que ingresaron Confuturo y Consorcio a la Corte de Apelaciones, mencionan a ministros y otras autoridades que han señalado que lo que se hizo en esta materia es una “expropiación”, es “inconstitucional”, o que afecta el derecho de propiedad. Allí recuerdan desde la polémica cita del ministro de Economía, hasta los dichos de un senador y del presidente de la CMF.
—Son varias las declaraciones de autoridades y representantes del Estado que citan los recursos de protección que presentaron Consorcio, CN Life y Confuturo ante la Corte de Apelaciones por el “retiro” en rentas vitalicias. Ello, con el objetivo de confirmar que hubo una afectación de derechos fundamentales de las compañías al elaborar y publicar la ley que permitió este giro fondos, según argumentan los textos de las aseguradoras.
En ese sentido, los documentos parten citando al entonces ministro de Hacienda, Ignacio
Briones, que en enero de este año señaló que este “retiro” no solo vulneraba la iniciativa exclusiva del Presidente de la República, sino que “también afecta otros derechos como el de propiedad”. Además, sostuvo en la ocasión que “los mismos diputados reconocen que la plata no es de las personas, que fue traspasada a las compañías de seguros a través de un contrato”.
También citan al ministro de Economía, Lucas Palacios, quien expresamente reconoció el 11 de mayo que “es evidente de que esto se trata de una expropiación”. Cabe recordar que esta declaración causó molestia en La Moneda y Cancillería, por lo que luego el ministro salió a matizar su mensaje.
Asimismo, el ministro Secretario General de Gobierno, Jaime Bellolio, tiene una cita en los recursos de las aseguradoras, donde compara el retiro de AFP con el de las aseguradoras: “Efectivamente ese es el mismo mecanismo y tiene otra inconstitucionalidad (ya) que las cuentas vitalicias no es un ahorro de las mismas personas. Eso lo saben muchos de los parlamentarios que quieren hacer ese mismo proyecto”.
Por su parte, el ministro Secretario General de la Presidencia, Juan José Ossa, aparece en el documento afirmando que “el Estado conoce el drama de los pensionados de rentas vitalicias, pero que este mecanismo de solución atenta con lo establecido en la Constitución”, y reiterando más recientemente que “todos están de acuerdo en que se trata de una materia inconstitucional”.
En el ámbito del Congreso, el senador Rodrigo Galilea es mencionado advirtiendo que “las rentas vitalicias son contratos de seguros que están garantizados con activos de largo plazo y una serie de otras condiciones exigidas por la autoridad. A mí me parece que lo aprobado por el Congreso transgrede muchas e importantes normas, además de acarrear eventuales problemas internacionales al país. En mi opinión, el Congreso jamás debió haber aprobado algo así”.
Los organismos públicos especializados no se quedaron fuera. En el recurso se manifiesta que “el presidente del Banco Central, Mario Marcel, advirtió varias veces que el mal llamado ‘retiro’ de rentas vitalicias atentaba contra la intangibilidad de los contratos y el derecho de propiedad de las aseguradoras, lo que, además de aumentar la incertidumbre jurídica, ‘generaría riesgos de acciones cautelares, demandas en contra del Estado y, eventualmente, demanda de compensaciones con motivo de expropiaciones’ además de ‘probable [sic.] acciones ante tribunales internacionales’”.
El recurso de protección plantea que la misma advertencia fue formulada por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), donde su presidente, Joaquín Cortez, alertó que las mociones que buscaban incorporar un “retiro” de rentas vitalicias “afectan el principio de intangibilidad de los contratos y la garantía constitucional del derecho de propiedad”. Se cita, además, que el vicepresidente de la CMF, Kevin Cowan, explicó que “la iniciativa no genera un ‘retiro de fondos’, sino que un cambio de los contratos de renta vitalicia”.
CAMBIO DE TONO
Pero como la polémica por el retiro de rentas vitalicias ya escaló a la justicia, las autoridades también han cambiado el tono sobre esta iniciativa.
Así por ejemplo, este miércoles el ministro Ossa señaló a los diputados de la Comisión de Constitución que “el Ejecutivo está realizando esfuerzos para evitar que esta disputa desencadene en un arbitraje internacional. Si bien no podemos dar detalles justamente por eso, debemos hacer presente que la interpretación que ha realizado la CMF de esta ley, es parte de las herramientas con las que hoy cuenta el Estado para argumentar sólidamente que la medida no es expropiatoria, los fundamentos así han sido dados por la propia Comisión”.
Con la interpretación de la CMF, se refiere a la baja permanente en la pensión que tendrían las personas que decidan efectuar el retiro.
Y la comisionada de la CMF, Bernardita Piedrabuena, fue enfática en manifestar en la instancia que, producto de este retiro, no hubo una disminución del patrimonio de las compañías. “La Ley 21.330 lo que hizo fue disminuir la reserva técnica en igual medida que disminuyen los activos de las compañías de seguros, es decir, se le adelanta esta renta a los jubilados, y para ello las compañías de seguros deshacen activos. Y es lo que se presenta en estos balances, donde el patrimonio no sufre reducción alguna. Entonces, los activos disminuyen y los pasivos disminuyen, no habiendo una disminución del patrimonio”.
Pero minutos antes de eso, el mismo presidente de la Asociación de Aseguradores, Mario Gazitúa, había indicado que la industria sí ha visto una afectación patrimonial: “Creo que efectivamente este nuevo cálculo de las rentas vitalicias es inviable, tendría que ser aceptado por el patrimonio de las compañías, que ya se ha visto afectado por la ley vigente, y solamente vemos que esto agrava la situación”.
Incluso eso mismo mencionan los recursos que presentaron las aseguradoras en contra de la CMF. Bice por ejemplo, señala que “por una falta de adecuado análisis del problema, al dictar el Oficio Reclamado, la CMF incurrió en grave perjuicio del patrimonio de las compañías de seguros, efecto dañoso que motiva este reclamo y que la autoridad pudo y debió prever”. Esto, porque argumentan que la reserva técnica también está compuesta con una parte de capital aportado por la empresa.
En tanto, el presidente de la CMF, Joaquín Cortez, comentó a los diputados hacia el final de la sesión de la Comisión de Constitución de este miércoles, que “aquí yo quiero ser muy cuidadoso, porque nosotros ya tenemos recursos de reposición, recursos aclaratorios, recursos de protección, y sabemos, seguro, que vamos a recibir más recursos. Por lo cual, mis abogados me han recomendado que evite pronunciarme sobre el tema. En todo caso, hemos hecho presentaciones donde ya nos hemos referido a este tema”.