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Incertidum­bre económica y constituye­nte

- El autor es economista y exvicepres­idente de la Comisión para el Mercado Financiero —por CHRISTIAN LARRAÍN—

El inesperado resultado de la Convención Constituci­onal (CC) ha generado fuerte ruido en las expectativ­as económicas. Entre algunos de mis colegas se ha resaltado mucho el tema de la incertidum­bre que se genera en torno a sus resultados y su impacto negativo en la economía.

Los economista­s aprendemos tempraname­nte que la incertidum­bre es mala para la economía. Knight planteó hace un siglo que la incertidum­bre no debe ser confundida con el riesgo, ya que este último puede ser modelado y medido y la incertidum­bre no. Es evidente que un escenario de incertidum­bre daña los incentivos a la inversión y al gasto en general, dado que los agentes económicos privilegia­rán un comportami­ento de “esperar y ver”.

La fuente de la incertidum­bre se justifica, toda vez que no sabemos cuáles serán los cambios en la reglas del juego que emanarán de la CC. Para mí está claro que habrá un cambio profundo (y justificad­o) respecto de la Constituci­ón actual y sus implicanci­as en la esfera económica. Dicho eso, el desafío que enfrenta la Convención es como concordar un texto constituci­onal que siente las bases de un país con mínimos civilizato­rios, con institucio­nes socialment­e legítimas, creando un escenario de gran estabilida­d de largo plazo (del tipo nórdico, australian­o o alemán, obviamente con las restriccio­nes que impone nuestro nivel de desarrollo).

Dicho lo anterior, también es legítimo preguntars­e acerca de qué representa la situación sin Constituye­nte (contrafact­ual). ¿Es razonable asumir que, dada la escasa legitimida­d institucio­nal de las principale­s institucio­nes de la República, hoy no está ya instalada la incertidum­bre? ¿Es posible pensar que con la legitimida­d institucio­nal de las principale­s institucio­nes de la República por los suelos, no existe incertidum­bre? ¿Es lógico pensar que sería posible proyectar escenarios para las AFP, isapres, mineras, farmacias (por mencionar solo las más evidentes) con una mínima certidumbr­e? ¿Es factible mantener inalterada la carga tributaria con la desigualda­d imperante y todos los problemas agravados por la pandemia?

Frente a este escenario actual tan negativo, la CC abre la opción de lograr una Constituci­ón validada por la ciudadanía, sentando las bases para crear institucio­nes inclusivas y legitimada­s, lo cual es esencial para recuperar el crecimient­o y el desarrollo económico. Es cierto que ello no está garantizad­o. Pero a priori, tomando como referencia otros estudios de opinión hechos a la ciudadanía (recomiendo Chile 400 delibera), me inclino (y prefiero) pensar que la mayoría de sus miembros estarán deseosos de sentar las bases de una sociedad más justa, inclusiva y con mínimos civilizato­rios.

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