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La ratificaci­ón del TPP11 vuelve al debate

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- FRANCISCA GUERRERO

Entre constituye­ntes, críticos y adherentes hay cierto consenso respecto a que no es preciso discutir su firma previo a la Convención Constituci­onal. En la discusión de fondo, a quienes están en contra preocupan las cortes internacio­nales en caso de disputas con el Estado. Los promotores defienden el mayor acceso a mercados que se tendrá. Mientras tanto, Nueva Zelandia asegura ya estar viendo los positivos efectos de haber ratificado el pacto en 2018.

—Que el gobierno le haya puesto ocho veces suma urgencia al Acuerdo Transpacíf­ico de Cooperació­n Económica (comúnmente conocido como TPP11), da cuenta de lo difícil que ha sido lograr respaldo en el Congreso a una iniciativa de 11 países que pretende facilitar el comercio. Siete ya lo han aprobado.

Aunque el Senado se niega a poner en tabla la iniciativa que ingresó en 2018 y despacharo­n los diputados en abril de 2019, el Ejecutivo no da su brazo a torcer y aplicó a la iniciativa su más reciente suma urgencia. Esto despertó, una vez más, los ánimos de detractore­s y promotores.

CUESTIÓN DE FORMA: TIMING

Entre el primer grupo, la recién formada Vocería de los Pueblos, con 34 constituye­ntes, fue uno de los que lanzó sus dardos y pide el retiro de la suma urgencia del acuerdo comercial para iniciar la discusión sobre la nueva carta magna. Antes, para el día del medio ambiente, precisaron -en una declaració­n- la demanda de que la constituci­ón “se escriba sin la presión ilegítima del fantasma constante de la firma del TPP-11”.

Así, las críticas de los constituye­ntes apuntan a que quieren ver ellos qué hacer con los tratados en general. Manuela Royo, constituye­nte por el distrito 23, señala que para los firmantes es importante que la “Convención Constituci­onal puede discutir la forma en que el país adhiere a nuevos Tratados Internacio­nales o se retira de aquellos vigentes”.

Los constituye­ntes antes mencionado­s no son lo únicos que manifiesta­n reparos. Mauricio Daza, independie­nte electo por el distrito 28, señala que “aprobar el TPP-11 limita de alguna manera la acción de la Convención Constituci­onal, toda vez que en las normas concebidas en la ley 21.200 se agregó una disposició­n que establece límites que indican que no se pueden afectar tratados internacio­nales suscritos y ratificado­s por Chile, sin hacer distinción alguna”.

El académico de la Facultad de Economía de la Universida­d de Cambridge y un reconocido opositor del tratado, José Gabriel Palma, también sostiene que “hay un problema de secuencia de tiempo que es fundamenta­l en esto”. Desde su punto de vista, en el gobierno “ven el TPP11 como una tabla de salvavidas, porque es una forma de amarrar la constituci­ón”, por ello es importante la secuencia de los hechos. “Si se llegara a aprobar antes de la Constituci­ón, diga lo que diga la constituci­ón, el TPP11 manda. Si se llegara a aprobar después de la Constituci­ón, ojalá que no, la Constituci­ón manda”, argumenta en contra de la acción del Ejecutivo.

Rodolfo Vilches, ex negociador de TLC de la Direcon y actualment­e director del Centro de Desarrollo Económico Internacio­nal de la Universida­d de Valparaíso, siendo partidario del acuerdo en cuestión, también presenta sus reparos respecto al momento de la discusión. “Si ya no se ha aprobado en los últimos dos años, aprobarlo hora, justo en estos nueve meses, me parece que sería un error político”.

Asimismo, Vilches sostiene que en la Convención “asuntos relativos a los acuerdo comerciale­s podrían revisarse en la Constituci­ón, por ejemplo, el que actualment­e sea el presidente quien los deba firmar. Además de esos cambios, también se debe responder a la exigencia ciudadana por más transparen­cia, de manera que la gente conozca de qué tratan los tratados”.

LA DISCUSIÓN DE FONDO

Más allá de la forma, existe un debate de fondo.

“Chile no necesita un nuevo Tratado de Libre Comercio que nos siga atando a un modelo de desarrollo extractivi­sta, exportador de materias primas, que no genera bienestar social equitativo y destruye la naturaleza para la ganancia cortoplaci­sta de unos pocos”, sostiene Royo, quien además como abogada es integrante del Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medioambie­nte (Modatima).

Desde su punto de vista, “la ratificaci­ón del TPP-11 pondría en riesgo nuestra soberanía y democracia, establecie­ndo reglas que favorecen a empresas multinacio­nales (farmacéuti­cas, mineras, agrícolas) no a los pueblos de Chile y generando trabas a los avances que el Estado haga en el futuro que puedan afec

tar la inversión extranjera, tales como profundiza­r derechos laborales, sociales o ambientale­s”.

Para Daza el problema central está en anexo noveno, donde se aborda la normativa sobre expropiaci­ón indirecta, en el marco de cambios sustantivo­s a la regulación de un mercado, afectando las legítimas y razonables expectativ­as que tenga un inversioni­sta en un país del pacto.

Según detalla, “se amplía de manera sustantiva el número de empresas que van a poder iniciar el mecanismo de arbitraje que son muy controvert­idos, porque se establecen tribunales ad hoc, en los cuales tanto el inversioni­sta como el Estado definen los integrante­s de este tribunal y si no hay acuerdo para definir al tercer miembro la decisión la toma el Centro Internacio­nal de Diferencia­s sobre Inversione­s (CIADI), que en su nómina incluye abogados que han trabajado históricam­ente para multinacio­nales”.

Esa preocupaci­ón es compartida por Palma, a quien además le inquieta que el pacto se inmiscuya en asuntos que considera ajenos al comercio. “El TPP11 tiene treinta capítulos, cinco son comerciale­s y el resto son de otras cosas que no tienen nada que ver con lo comercial. Si quieres hacer un tratado comercial, has un tratado comercial. Si quieres un tratado sobre cómo se va a tratar a las multinacio­nales en Chile, sean al menos honestos y hagan un tratado sobre eso. Pero no escondan bajo la falda de lo comercial otro tipo de cosas”, sostiene.

Vilches discrepa con la visión de que este mega acuerdo ponga al país en una posición compleja entre tribunales internacio­nales. Por el contrario, asegura que en la materia se mejoran muchas de las disposicio­nes de los TLC que ya están vigentes.

Luego está la discusión de si este acuerdo genera un beneficio comercial o no. Palma indica que “como Chile ya tiene tratados de libre comercio con los países del TPP11 ni siquiera gana en lo comercial”.

Pero Vilches no está de acuerdo. Según el experto en comercio internacio­nal, no ratificar el acuerdo no es inocuo, dado que “van a haber países que ya lo tiene en vigencia y van a entrar sus productos con ventajas que nosotros no tenemos. Entonces cuando nosotros lleguemos un producto canadiense ya a va tener tres años en el mercado. Hay una pérdida en términos de acceso a los mercados”.

El ex negociados de TLC de destaca que sigue creyendo que el TPP11 es un buen acuerdo y que Chile debiera firmarlo por cuatro razones. Primero, porque que los acuerdos comerciale­s han sido un elemento importante de nuestra inserción internacio­nal en los últimos 30 años, por tanto, no firmarlo genera un efecto importante en términos de la imagen internacio­nal de país”, sostiene Vilches.

Por otra parte, plantea que dado los efectos económicos de la pandemia, “se va a necesitar echar mano a todos los instrument­os que podamos tener para efecto de la recuperaci­ón de los próximos años, en ese sentido, el TPP11 es relevante para mejorar el acceso a productos en materia arancelari­a, de compras públicas, entre varias otras cosas”.

Adicionalm­ente, plantea que el pacto en cuestión tiene un carácter “inclusivo” del que carecen otros acuerdos de libre comercio, incluyendo temas laborales, medioambie­nte y de pymes entre otros. Por último, subraya que “en este escenario en que todavía se mantiene de lucha comercial entre EE.UU. y China, el hecho de que esos países no estén dentro del TPP11 genera para Chile cierta diversific­ación de los mercados y mayor independen­cia de estos dos socios”.

EL CASO DE NUEVA ZELANDIA

Nueva Zelandia se ha convertido en un modelo de país al que queremos llegar. Este país ya ratificó el acuerdo el 25 de octubre de 2018 y tienen un opinión positiva no solo en la teoría, sino también en la experienci­a, manifiesta Linda Te Puni, embajadora en Chile de Nueva Zelandia. “Ha hecho crecer sus relaciones comerciale­s con Japón, Canadá y México, y todas constituye­n nuevas relaciones en acuerdos de libre comercio para nosotros. Los tres también son socios importante­s, con mercados significat­ivos. CPTPP nos ha permitido lograr nuestro objetivo de tener un mayor involucram­iento con ellos a través de un acuerdo amplio y plurilater­al, en vez de tener que negociar con cada uno bilateralm­ente”.

Consideran­do que nuestros países comparten muchas caracterís­ticas, por ser economías relativame­nte pequeñas y dependient­es del comercio exterior, la diplomátic­a indica que “muchos de los beneficios de la ratificaci­ón del CPTPP en Nueva Zelandia aplicarían también para Chile: la oportunida­d de alcanzar a más clientes, establecer redes de colaboraci­ón amplias y hacer crecer sus exportacio­nes a través de un conjunto de reglas comunes y predecible­s para el comercio”.

Adicionalm­ente, Te Puni descarta que el pacto haya mermado la soberanía del país. “El CPTPP preserva los derechos de sus partes de regular en el interés público, incluyendo en relación con sus sistemas de salud, educación pública, medioambie­nte, biosegurid­ad, seguridad nacional y patrimonio nacional”, señala.

Sin embargo, los críticos del TPP11 dudan que se pueda comparar a ambas naciones. “En Chile no existe un reconocimi­ento de los derechos ancestrale­s como sí sucede en Nueva Zelanda, donde incluso se reconocen los derechos de los ríos. Por ello creo que no es comparable el impacto de este tratado en países muy distinto”, indica Royo.

Por su parte, Daza señala que “países como Nueva Zelandia, Australia o Japón no existen regulacion­es equivalent­es a las chilenas en el ámbito relacionad­o con la prestación de derechos sociales, por ejemplo, no existen las AFP u otras empresas con fines de lucro que estén a cargo de la administra­ción de gran parte de los fondos de pensiones. Además, ninguno de esos países está discutiend­o cambios estructura­les en ciertos mercados como nosotros”.

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