Ley corta de pensiones: gobierno apuntará a que esté operativa en septiembre

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En una presentación que hizo el gobierno a parlamentarios, se señala que “la estrategia de avance es presentar un nuevo proyecto de ley en la Cámara de Diputados, buscando una discusión rápida y que permita estar pagando mejores beneficios a partir de septiembre de 2021 . Y se ejemplifica con la ley que mejoró pensiones solidarias en 2019, la cual fue aprobada en una semana y media de tramitación.

—Múltiples reuniones son las que han sostenido los ministros de Hacienda, Rodrigo Cerda, y de Trabajo, Patricio Melero, con diputados y senadores de oposición y del oficialismo por la ley corta de pensiones que prepara el Ejecutivo, en vez de la reforma previsional actualmente en el Congreso, para aumentar el Pilar Solidario desde un 60% a un 80% de la población.

En tales instancias, desde el gobierno han mostrado a los parlamentarios una presentación donde, entre otras cosas, se enseña la historia de tramitación legislativa que ha tenido la reforma previsional que ingresó el 6 de noviembre de 2018 al Congreso, pero donde luego de mostrar todos los hitos en su tramitación, se concluye que “en dos años y siete meses no hemos logrado un acuerdo para mejorar las pensiones”.

Es por esto que la presentación señala que “en el escenario descrito se hace muy difícil lograr avances legislativos relevantes, oportunos y acordes a los fundamentos de la reforma original”. Y agrega que “alternativamente, con miras a generar una mejora inmediata y efectiva en las pensiones de los chilenos, especialmente el sector de pensionados clase media, se propone ´extraer´ del actual proyecto de ley las modificaciones al Pilar Solidario, aumentando su cobertura y montos de beneficios”.

Asimismo, afirma que “la estrategia de avance es presentar un nuevo proyecto de ley en la Cámara de Diputados, buscando una discusión rápida y que permita estar pagando mejores beneficios a partir de septiembre de 2021 .

Y la presentación agrega que, como antecedente, está la Ley 21.190, que fue la ley “corta” del Pilar Solidario que el gobierno separó en su momento de la reforma previsional, luego del estallido social, para aumentar las pensiones solidarias en un 50%. Esta iniciativa ingresó al Parlamento el 27 de noviembre de 2019 y se aprobó el 9 de diciembre de 2019, es decir, en una semana y media de tramitación.

En todo caso, conocedores de esas reuniones, señalan que allí se ha hablado que, como estrategia, aún no estaba del todo resuelto si es que se ingresaría un nuevo proyecto, o se dividiría el actual para seguir adelante solo en el ámbito del Pilar Solidario.

Y pese a que el plan del gobierno apuntaría a estar pagando la mejora de estas pensiones en septiembre, lo cierto es que la discusión también se podría alargar, considerando que desde la oposición han planteado que quieren ir más allá de lo que propone actualmente el Ejecutivo para esta ley corta. Además, los aumentos de pensiones, tal como ha sido planteado por este cronograma del gobierno, ocurrirían justo antes de las elecciones presidenciales, lo que algunos ven que daría una ventaja al oficialismo.

LOS OTROS DETALLES

En la presentación a los parlamentarios se recordó el detalle de los aumentos en las pensiones solidarias que ya se aprobaron en 2019, y se explicó lo que se espera de esta nueva ley corta, que más allá de aumentar el Pilar Solidario del 60% al 80% de la población, también propone subir la Pensión Básica Solidaria (PBS) a la línea de la pobreza, es decir, a $177.000, y aumentar la Pensión Máxima con Aporte Solidario (PMAS) a $501.316.

Esto es lo mismo que contempla actualmente la reforma previsional, según los últimos cambios que se introdujeron en marzo de 2021. En esa línea, también se busca adelantar el aumento de todos los beneficios que se había propuesto subir de forma gradual en la ley corta ya aprobada en 2019, alzas que en algunos casos aún no terminan de concretarse, como es el caso de los menores de 75 años. Esto, porque según la ley ya aprobada, estas pensiones deberían tener los incrementos en régimen desde enero de 2022.

Así las cosas, el gobierno mostró que ampliar la cobertura del Pilar Solidario se traduce en un aumento de 505.420 beneficiarios adicionales en 2022, pues 168.080 nuevas personas accederán a una PBS y 337.340 nuevos beneficiarios en APS. Esto se sumaría al 1,5 millón de pensionados que hoy acceden al Pilar Solidario, por lo que en total habría unos 2 millones de beneficiarios en caso de aprobarse la ley corta que el gobierno tiene en mente.

La presentación también dice que esta ampliación de la cobertura favorece principalmente a la clase media. Y agrega que “el Pilar Solidario es la base de un futuro sistema de Pensión Básica Universal (PBU), y respecto de quienes no tienen ahorros o pensiones bajo la PBS, opera como una PBU”.

Con todo, concluye que “esta ampliación permite avanzar en una mejora inmediata, y permite focalizar el siguiente debate en el ámbito contributivo”.

Adicionalmente, en la presentación se mostraron tablas de proyecciones sobre cómo mejorarían las pensiones con una ley de este tipo, desagregado por PBS y Aporte Previsional Solidario (APS).

En algunas reuniones se ha mencionado el tema del financiamiento de esta iniciativa, pues la oposición ha solicitado que se haga con recursos de fuentes permanentes. Ante ello, se ha hablado de que un tema en evaluación es el de eliminar ciertas exenciones tributarias. En todo caso, tampoco está definido si en caso de proceder en ese sentido sería tramitado de manera paralela, o bien en conjunto.

Cabe recordar que el costo de aumentar el Pilar Solidario a un 80% sería de unos US$1.300 millones en régimen, según ha dicho anteriormente el gobierno.

Entre las exenciones que se evalúa eliminar figuran la exención del IVA de la construcción, impuesto a la ganancia de capital, bajar el umbral en exenciones a ganancia de capital en bienes raíces desde 8.000 UF a 5.000 UF, eliminar servicios exentos a IVA (con excepción de salud y educación), y eliminar los beneficios asociados a las viviendas DFL 2, que son los beneficios para bienes raíces adquiridos con anterioridad al 2010.

Las exenciones mencionadas por La Moneda reúnen un amplio consenso político y técnico, ya que ha estado presente en las distintas propuestas que han hecho parlamentarios de oposición como algunos de Chile Vamos y candidatos presidenciales. Por ello, el análisis que hacen al interior del Ejecutivo es que deberían tener una buena acogida.