Abogados de los aportantes de Swell Capital aseguran que perseguirán las responsabilidades legales de Sartor

De no tener una respuesta por parte de Sartor, también analizan acudir a la CMF para pedir que estudien el FIP (Fondo de Inversión Privado) que está comprando Azul Azul, concesionaria de Universidad de Chile, considerando que es de similares características a los fondos de Swell.

—Sin acuerdos de reparación a la vista, los aportantes de los fondos de Swell Capital optaron por tomar la iniciativa y alistan su estrategia legal. Demandas contra Sartor y acudir a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) son hasta ahora las cartas que manejan.

Para ello, los 50 aportantes de los fondos Intra Trade y Norswell contrataron para la parte civil a los abogados Tomás Contreras, de SIV Abogados, y Cristián Gandarillas, del estudio Gandarillas Montt del Río.

A juicio de ellos, la responsabilidad de Sartor, en su calidad de administrador del fondo, es indelegable, y por tanto deben responder por los $4.000 millones que Octavio Gamboa, socio de Swell, perdió en las operaciones de forward de dólar, y por la cual se autodenunció en el Ministerio Público y se mantiene abierta una investigación.

Gamboa habría ofrecido bienes por $1.900 millones para resarcir los daños, pero dicha propuesta fue rechazada por representantes de los aportantes por considerarla insuficiente.

De no tener una respuesta por parte de Sartor, también analizan acudir a la CMF para pedir que estudien el fondo de inversión privado (FIP) que compró Azul Azul, concesionaria del club de fútbol Universidad de Chile, considerando que es de similares características a los fondos de Swell.

“Los aportantes perseguirán las responsabilidades legales y contractuales de Sartor como administrador del Fondo, la de sus directores y administrativos derivadas de sus deberes de adoptar todas las medidas pertinentes y de seguridad necesarias para el cuidado, conservación y correcta inversión de los fondos de los aportantes, velando por su mejor interés. Aquí no hay un back office ni nada que se le asemeje. Sartor es el administrador, y como tal, él y sus directores tienen un deber activo de actuar diligentemente”, afirma Cristián Gandarillas.

En el centro de la argumentación de los abogados de los aportantes está el hecho de que los contratos de los aportantes fueron firmados con Sartor Administradora de Fondos de Inversión Privado (desde donde se gestionaban los fondos de Swell), y que en el mismo reglamento, en el artículo 4 y 14 señala que la administración es de responsabilidad de la gestora y que es indelegable, y que Sartor debe velar porque las inversiones efectuadas con los recursos del fondo se realicen siempre con estricta sujeción al presente reglamento.

El abogado Tomás Contreras señala que “no descartamos que los ejecutivos de Sartor hayan omitido información a su directorio, o incluso a los aportantes, de lo contrario, no se explica la negligencia con la cual Sartor y sus directores operaron en la administración de los fondos. Ellos no pueden obviar su responsabilidad fiduciaria e indelegable y deberán responder a sus clientes”.

ARISTA PENAL

En la arista penal, el 30 de julio los abogados Rodrigo Zegers Reyes y Martín Besio Hernández, en representación de Nicolás Iglesis y Juan Luis Montalva, los otros dos socios de Swell, presentaron una querella contra Gamboa por los delitos reiterados de apropiación indebida, de falsificación de instrumento privado y de estafa.

En la querella detallan que el perjuicio económico ocasionado en razón de la utilización y pérdida reiterada en el tiempo de activos ajenos en las operaciones forward de Inversiones Boris, sociedad personal de Gamboa, alcanza, preliminarmente, a una cantidad no inferior a $7.039.822.976, suma que no considera los montos en dinero retirados por Inversiones Boris desde la cuenta de Swell, que llegan a otros $ 270 millones.

El 13 de julio, Gabriel Zaliasnik en representación de Sartor, y a su vez en representación de los fondos de inversión privado Intra Trade y Norswell, presentó una querella contra Gamboa por el delito de administración desleal, a la que se suma la querella presentada por los socios de la fallida administradora.