Pensiones, retiros y derechos sociales

La pandemia da una base común para comparar las distintas reacciones de política en las diferentes naciones. Una de sus dimensiones es lo ocurrido con los ahorros previsionales. Todos los países tienen sistemas previsionales y en todas partes las medidas de restricción sanitaria han tenido consecuencias sobre el ingreso de las familias. No obstante, junto a Perú, Chile es el único donde se ha producido un masivo retiro de fondos, al punto que ya un quinto de los cotizantes se ha quedado sin saldo. Y tantos han quedado con tan poco que, de materializarse un cuarto retiro, el porcentaje se elevaría a la mitad de los afiliados. Sólo Australia, entre los países desarrollados, ha permitido el retiro de fondos, pero condicionado a pérdidas efectivas de ingreso.

¿Qué explica esta singularidad, cuando nos preciábamos de nuestras políticas? Es bueno reiterar que las contribuciones previsionales son siempre obligatorias, por buenas razones. Por lo mismo, el retiro anticipado generalizado va en contra de la naturaleza misma de los esquemas previsionales.

Una explicación plausible es la tardanza que hubo en implementar ayudas a las familias, que fluyeron a cuentagotas, en diseños complejos y en montos insuficientes. Pero, para ser justos, últimamente las ayudas se han masificado y los montos involucrados han sido sustantivos. Resta clarificar cómo continuará el Ingreso Familiar de Emergencia, pero la presión por retiros adicionales no cede.

Otras explicaciones apuntan a la crisis económica –que siendo severa, lo es menos que en muchas otras naciones-, o al momento del ciclo político; pero muchos países han enfrentado elecciones.

Parece ser entonces que es el actual descrédito de nuestro sistema previsional lo que explicaría la diferencia de resultados con otras realidades. Bajas pensiones y tasas de reemplazo -en parte derivadas de la baja cotización, que fue como se “vendió” el sistema en la dictadura-, junto a cuantiosas utilidades de las administradoras de fondos, entre otras críticas, han situado al sistema previsional entre los temas más cuestionados en la actualidad.

Las ganancias de las administradoras, junto a solo modestas rentabilidades netas de los fondos, derivan de la concentración oligopólica, donde actualmente solo sobrevive un puñado de ellas. En los últimos quince años la rentabilidad real neta para los cotizantes fue de sólo 3% si se consideran las comisiones, la que se compara muy desfavorablemente con rendimientos de entre el 7% y el 9% real de los fondos previsionales en Canadá y Suecia, por ejemplo (que tienen una lógica de inversión colectiva y no individual como la nuestra).

La estructura oligopólica deriva de la ley ( orgánica, dispuesta en la dictadura), que fuerza la integración vertical de actividades de distinta naturaleza. La administración de cuentas es un servicio estándar, que tiene grandes economías de escala. La administración de los fondos –el manejo de la cartera de inversiones- es un servicio enteramente distinto, donde existe una gran competencia de actores. Lo lógico es que haya un administrador único, de preferencia público, que aproveche las economías de escala para reducir los costos, y que los fondos sean licitados entre los numerosos agentes de inversión globales, buscando maximizar la rentabilidad para un riesgo definido.

A este problema de mal diseño de la industria se suma, como se dijo, la baja cotización. Esto debiera remediarse con un nuevo pilar de seguridad social, financiado por los empleadores, con lógica colectiva y solidaria, tanto intra como intergeneracional.

Uno de los mayores problemas, no obstante, es que la demora de una solución definitiva, junto al shock de los retiros, ha derivado en que, por defecto, sea el Estado el que, crecientemente, se comienza a hacer cargo de los pasivos (la obligatoriedad deriva precisamente del intento de evitar este resultado). Las proyecciones del gasto público en previsión eran, antes de todo esto, del orden de 1,5 puntos del PIB. Distintas propuestas plantean subir la pensión mínima en torno al 35% y ampliarla al 80% más vulnerable. Parecen muy atendibles esas propuestas, si queremos garantizar una vejez digna, aun considerando que implicarían un mayor gasto público del orden de un punto adicional del PIB.

El punto entonces es que se hace imprescindible detener los retiros, pues si cada uno de ellos termina engrosando el contingente de quienes deberán ser financiados por el Estado, como está ocurriendo, el costo fiscal previsional será explosivo. Aún con una sustantiva y necesaria reforma tributaria, las necesidades insatisfechas en materia de políticas de ingresos, vivienda, salud, educación, ciencia y tecnología, por mencionar algunas, son de tal magnitud que no serán abordables si no detenemos el espiral en ciernes de gasto público previsional. La construcción de un pacto que legitime los derechos sociales y disponga las prestaciones para hacerlos efectivos, requiere de una mayor contribución de quienes más tienen, pero también de la capacidad que mostremos de poner límites en cada uno de ellos, a objeto de que no terminen comprometiendo a los demás.