Las propuestas de Provoste, Narváez y Maldonado
Una meta de crecimiento del 3% al 4% promedio para el período y reforma tributaria de 5 puntos del PIB
Los candidatos de Unidad Constituyente coinciden en la necesidad de una reforma tributaria de, al menos, 5 puntos del PIB, poniendo énfasis en los sectores de mayores ingresos y en reducir la evasión y elusión. Todos proponen un cambio en pensiones, avanzando hacia un sistema solidario. En crecimiento económico, el foco está puesto en la producción verde y plantean una nueva relación entre los sectores público y privado para impulsar la actividad.
La candidata del Partido Socialista (PS) fue la primera de Unidad Constituyente en tener listo su programa de gobierno. Su equipo económico, integrado por 14 personas, diseñó el plan económico que incluye una reforma tributaria. También se releva una reforma de pensiones y se avanza a un salario mínimo de $ 500 mil, junto con una meta de crecimiento para el período de entre el 3% y el 4% promedio.
Plan de Recuperación:
En este punto, el equipo económico puso el acento en fortalecer la inversión de construcción de viviendas social y ambientalmente sostenibles. La meta es construir 700.000 viviendas en 8 años, partiendo en 2022. Además, se impulsarán proyectos de infraestructura física, construyendo 300 salas cunas y jardines infan
tiles, recuperación de barrios, espacios urbanos y pavimentación. También habrá proyectos de infraestructura digital centrada en banda ancha, que multiplicarán las inversiones privadas. Otro eje será la inversión en pro de la eficiencia energética y avance de la matriz energética hacia fuentes renovables, programas medioambientales y sociales para recuperar zonas de sacrificio y fomentar tratamiento de residuos y el reciclaje.
Además se promete una fuerte inversión en infraestructura hídrica para un mejor aprovechamiento del agua, para la búsqueda de nuevas fuentes y el resguardo del derecho humano al agua potable. En el plan de recuperación se tiene pensado entregar un “apoyo decidido” a la recuperación de empleo a través de programas de empleo de emergencia para jóvenes, mujeres y miembros de familias vulnerables. También mayores recursos para subsidio al empleo joven y a la mujer, ampliando la cobertura del seguro de cesantía solidario, incorporando al sector informal y programas de empleo rural en reforestación y prevención de incendios forestales.
Crecimiento económico:
Desde el comando señalan que el programa propone una estrategia integral para los grandes desafíos país, con una nueva estrategia de desarrollo y crecimiento verde que reduzca desigualdades y con un Estado que garantice provisión universal de derechos sociales. Para lograrlo, explican, se requiere de una base material que pasa por reimpulsar el crecimiento de la economía chilena con énfasis en “crecimiento verde, que ya es una exigencia, con trabajos dignos, inversión en ciencia, tecnología, conocimiento, y asentado en las regiones”. Con todo ello tienen una meta de crecimiento para el PIB del 3% al 4% promedio para el período, partiendo en 2022 con una expansión bajo el 3%, pero luego, a partir de 2023, comenzar a apuntalar la actividad con el plan de inversión pública.
Reforma tributaria y financiamiento:
La propuesta impositiva tiene como objetivo recaudar al menos 5 puntos del PIB en 5 años, teniendo como foco que las personas de altos ingresos y patrimonio hagan una contribución mayor para garantizar más y mejores derechos sociales. Según explican, la propuesta está basada en cinco pilares: medidas contra la evasión y elusión, que incluye aplicación administrativa de norma antielusión, y otras medidas que fortalezcan la fiscalización y aumentar la transparencia de ingresos y patrimonios; eliminación de exenciones que no se justifiquen, como a la ganancia de capital en venta de acciones con presencia bursátil; impuestos a los más ricos, incluyendo uno patrimonial y otro a las utilidades retenidas; royalty minero e impuestos verdes, y un nuevo régimen tributario desintegrado
para la grandes empresas.
Pensiones:
Aquí el programa persigue avanzar hacia “un verdadero sistema de pensiones patrocinado por el Estado y guiado por los principios de la seguridad social, con perspectiva de género y sin discriminaciones”. Entre los principales puntos, la cotización obligatoria actual del 13,15% -que incluye la capitalización individual del 10%, el costo de comisión de la AFP y el seguro de invalidez- será complementada con aporte adicional del empleador del 6%, llegando al 19,15%. Se enfatiza que los costos del sistema se rebajarán, centralizando la recaudación, administración de cuentas y pago de pensiones en un ente tripartito. Además, el aporte estatal al pilar solidario aumentará del 1,2% al 2,7% del PIB, para ofrecer una pensión garantizada equivalente a $ 225 mil de hoy para el 90% de las familias. En régimen y manteniendo los otros determinantes iguales, se espera que la pensión total mediana de mujeres y hombres, aumentará de $ 220 mil hasta $ 320 mil. La pensión media pasaría de $ 320 mil a $ 475 mil.
Rol del Estado y de los privados en la economía:
En esta materia se hace una invitación al sector privado a hacerse parte de una visión para generar una economía más moderna, con reglas distintas. Esto apunta principalmente, señalan, al respeto por el medioambiente y comunidades, con una inversión que tiene un retorno justo, pero que paga impuestos de manera suficiente y oportuna. “Nuestra propuesta tiene énfasis en desarrollo productivo. Es posible ir generando un pacto donde una mayor cohesión y paz social beneficia la inversión privada”, plantean.
Mercado laboral:
Se propone impulsar la diversificación de la economía “con trabajos decentes, productivos y resilientes”. Además se creará un Ingreso Básico Universal con perspectiva de género e infancia que se implementaría gradualmente en 10 años y un alza escalonada y gradual del salario mínimo que llegue a $ 500 mil. Se plantea potenciar los sindicatos y la negociación colectiva ramal articulada, considerando condición de las pymes, temporeros y trabajadores de aplicaciones. Además, “una reforma a la legislación laboral, recuperando la titularidad sindical excluida por Tribunal Constitucional”.
Impulso al emprendimiento y apoyo a las pymes:
Se pretende impulsar a través de las compras públicas del Estado el desempeño de las pymes, especialmente las intensivas en empleo. A través de ellas, dicen que el Estado puede impulsar el ecosistema de emprendimiento e innovación, privilegiando las compras innovadoras públicas a pymes. Además, se propondrán programas de consolidación de deudas y reforzamiento del Capital Semilla y los Proyectos de Apoyo a la Reactivación, para apoyar a las pymes con dificultades.