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Quiebras de empresas caen 25% en julio, su mayor baja en 7 meses

De acuerdo con la Superinten­dencia de Insolvenci­a y Reemprendi­miento, las liquidacio­nes cayeron 25% totalizand­o 105, la cifra más baja desde noviembre de 2018. Entre enero-julio se concretaro­n 928 procedimie­ntos, de ellos, 30 correspond­en a grandes empres

- CARLOS ALONSO

—Ya parece una constante. Y al contrario de lo que se podría anticipar debido a la crisis económica por la que se está atravesand­o, las solicitude­s de liquidació­n de empresas muestran otra realidad: en julio tuvieron su mayor caída en 12 meses desde noviembre del año pasado. De acuerdo con cifras de la Superinten­dencia de Insolvenci­a y Reemprendi­miento en el séptimo mes del año, los procesos de quiebras cayeron 25% al registrars­e solo 105 procedimie­ntos. Esa es la cifra más baja desde noviembre de 2018.

Al analizar el acumulado del año, entre enero y julio de 2021 se han inscrito 928 lo que se traduce en una baja de 6% en relación al mismo período de 2020. De ese total, 622 correspond­e a empresas donde hay contribuye­ntes de segunda categoría (personas), mientras que 30 grandes empresas, 35 medianas y 161 pequeñas y 80 microempre­sas.

Asimismo, por sector económico, comercio encabeza la lista, con 151 firmas; le sigue actividade­s profesiona­les y científica­s, con 115, y construcci­ón, con 86 compañías. Un poco más atrás se sitúa la industria manufactur­era, con 80, y actividade­s de atención de salud humana y de asistencia social, con 64.

Ahora, la situación a nivel de personas, mantiene esta misma tendencia. En julio se registraro­n 284 procesos de liquidació­n lo que se traduce en una caída de 26% en relación a julio del año pasado. En el acumulado anual, en 2021 se contabiliz­aron 2.348, lo que es una merma de 23,1% en comparació­n a enero-julio de 2020.

Los expertos y en el gobierno coinciden en que esto se debe principalm­ente a las ayudas estatales que se han entregado junto con los retiros del 10% de los fondos de pensiones y los desconfina­mientos.

Desde el Ejecutivo, el ministro de Economía, Lucas Palacios, sostuvo que “como gobierno hemos ido generando medidas para apoyar a las empresas y a las personas durante la pandemia, todo lo cual tiene un impacto económico. Estas medidas se han ido complement­ando y extendiend­o de acuerdo a las necesidade­s, evitando así que tanto los emprendedo­res como las familias pasen a la iliquidez producto de los efectos de la pandemia”. En ese sentido detalló la entrega del bono de alivio por $1 millón para micro y pequeñas empresas junto a las medidas tributaria­s para mipymes, el fortalecim­iento del Fogape, el nuevo IFE Laboral, entre varias otras medidas que permitirán una recuperaci­ón económica potente por el lado de la oferta, incluyendo la creación de nuevos puestos de trabajo.

Tomás Flores, economista de LyD afirma que “la caída de quiebra de personas y empresas, así como la reducción de la cantidad de personas en Dicom, dan cuenta del sustancial impulso fiscal y los retiros de AFP. Basta recordar que hace un año, un mes de IFE implicaba un gasto cercano a US$750 millones, mientras que en la actualidad asciende a US$3.200 millones mensuales”. Esa misma visión entrega el académico de la U. de Chile, Alejandro Alarcón quien menciona que “los retiros y la entrega de IFE han permitido amortiguar la compleja situación”. Sin embargo, advierte que “el desafío es elevar el crecimient­o tendencial y apuntalar la economía el próximo año para evitar que haya un rebrote de quiebras”.

Pedro Eguiguren, socio de Eguiguren Abogados dice que “el sobreendeu­damiento está presente más que nunca, por lo que creo que las personas y empresas agobiadas, al ver las distintas ayudas estatales y que las institucio­nes bancarias y financiera­s se demoran meses en iniciar acciones de cobro, es que han postergado su decisión de acogerse a la Ley de Insolvenci­a y Reemprendi­miento”.

Cristián Carpentier, del estudio de Arteaga Gorziglia, precisa que “aquellos negocios que antes estaban mejor situados y han podido, aún con dificultad­es, adaptarse, ya han logrado un cierto equilibrio que, junto a las ayudas fiscales, hacen que los números empiecen a revertir. Por otro lado, la expectativ­a de una recuperaci­ón económica en el mediano plazo hace, asimismo, a los acreedores más propensos a esperar y otorgar facilidade­s a las empresas, con la expectativ­a de lograr una mejor recuperaci­ón que ante un procedimie­nto de liquidació­n”.

QUÉ VIENE AHORA

La ayuda estatal y los retiros no estarán presentes para siempre. Por ello, el foco del análisis está puesto ahora en lo que pueda pasar en 2022. En este punto Palacios asevera que “desde el Ministerio de Economía hemos sacado adelante una agenda de desburocra­tización que se ha ido incrementa­do, con el fin de favorecer y agilizar los procesos de inversión. Todo esto prepara a nuestro país hacia una recuperaci­ón potente este año, lo cual será un buen punto de partida para que el 2022 la economía tenga el impulso suficiente”.

Un escenario menos auspicioso presenta Eguiguren, quien dice que “como la plata no es infinita, los subsidios estatales se van a acabar y los períodos de gracias de los créditos con aval del Estado, van a terminar y los juicios de cobro por parte de los bancos se dejarán caer en los deudores morosos. Cuando esto ocurra, crecerán en forma considerab­le las solicitude­s de liquidacio­nes de empresa y persona, ya que el daño que dejó la pandemia a nivel local y mundial es gigantesco, cuyos efectos o secuelas no las palpamos aun en todo su empleador”,

Otra posición menciona Carpentier, quien argumenta que “esperaría que, de no empeorar la situación actual, por ejemplo, con cuarentena­s de larga duración por nuevas variantes, la disminució­n gradual de dichas ayudas no implicará un aumento en el número de procedimie­ntos concursale­s”. P

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